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El Parlamento chileno tramita un proyecto de ley de divorcio

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Santiago de Chile. En Chile, donde no existe el divorcio, la Cámara de diputados aprobó a finales de enero comenzar a examinar un proyecto de ley para implantarlo. Tras un mes de receso por las vacaciones veraniegas, los diputados retoman un proyecto que divide al Parlamento y a la sociedad.

Este proyecto de ley había sido presentado en la Cámara de Diputados en noviembre de 1994 por algunos diputados socialistas, varios miembros del Partido por la Democracia, afín a los mismos, y tres demócrata-cristianos (ver servicio 111/94). Pero el proyecto no tuvo suficiente apoyo para ser tramitado. En este tiempo no ha cambiado la composición de la Cámara, pero sí la opinión de algunos diputados, de modo que ahora votaron a favor de la tramitación del proyecto de ley los socialistas, el PPD, más de la mitad de los diputados demócrata-cristianos (partido mayoritario de la Concertación gobernante) y algunos pocos diputados de derecha, opositores al gobierno. En total, 53 votos a favor y 40 en contra.

El proyecto pretende regular la nulidad, la separación de hecho y el divorcio vincular. En materia de nulidad se incorporan las causas de nulidad del Derecho Canónico y se termina con la incompetencia del oficial del Registro Civil. La separación de hecho pasa a ser «una antesala del divorcio», pues, mantenida por cierto lapso de tiempo (dos años de separación física si hay acuerdo mutuo, y cinco años sin acuerdo), permite la disolución del matrimonio. Las causas de divorcio van desde los actos u omisiones que violan grave y reiteradamente los deberes matrimoniales (adulterio), o una enfermedad grave, incurable y contagiosa o conductas sexuales incompatibles, hasta la imposibilidad de la vida en común sin culpa de ninguno de los cónyuges.

Este proyeto se inscribe en un plan de revisión de todo el derecho de familia. Paralelamente se discuten, entre otros, sendos proyectos sobre filiación y fecundación asistida.

Uno de los argumentos que más esgrimen los partidarios de la ley de divorcio es la necesidad de terminar con el recurso fraudulento a la nulidad de los matrimonios, por supuesta incompetencia del oficial del Registro Civil ante quien se habían celebrado. En estos juicios, tanto los testigos como los abogados y los jueces saben que se miente. Sin embargo, no todos los jueces aceptan el procedimiento.

La Iglesia sostiene al respecto que el problema no está en la ley, sino en los que se valen de la mentira para tales fines. A su juicio, para evitar el ardid bastaría una sencilla disposición legal que declare que el matrimonio civil se puede celebrar ante cualquier oficial del Registro Civil.

A diferencia de otras confesiones, la Iglesia católica ha manifestado su abierto rechazo a las disposiciones del proyecto de ley que se refieren al divorcio con disolución del vínculo. Sin embargo, algunos diputados, diciendo expresamente ser católicos, han discrepado y afirmado su derecho de apoyar el proyecto.

El presidente de la República de Chile, Eduardo Frei, que había mantenido silencio y cuya posición conocida era que el gobierno como tal no debía patrocinar una iniciativa de este tipo, dio a entender recientemente en un discurso su apoyo al proyecto.

Gerardo Infante

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