El gobierno francés ha retirado un proyecto de ley específico para luchar contra las incitaciones a la discriminación por razón de la orientación sexual (cfr. servicio 95/04). La retirada había sido pedida por la Comisión nacional consultiva de derechos del hombre, que en su dictamen consideró que los homosexuales no necesitan una protección distinta de la que se reconoce a todos los ciudadanos y advirtió que el proyecto atentaba contra la libertad de expresión.
El proyecto ha recorrido un trayecto tortuoso con retrasos y peticiones de retirada hasta morir. Prometido a las asociaciones de homosexuales por el primer ministro Jean-Pierre Raffarin en julio de 2003, tardó un año en ser aprobado por el consejo de ministros, se empantanó en la Asamblea Nacional y fue criticado por los profesionales de la prensa y por grupos religiosos que temían que el debate social quedara impedido por lo «políticamente correcto».
El proyecto consideraba delito la «provocación a la discriminación, al odio o a la violencia en razón del sexo o de la orientación sexual», delito castigado con un año de prisión y una multa de 45.000 euros. También castigaba la «difamación» o la «injuria cometida en razón del sexo o de la orientación sexual».
La Comisión nacional consultiva de los derechos del hombre (de la que forman parte asociaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, iglesias y personalidades de distintas corrientes de pensamiento) ha aprovechado el debate sobre este proyecto para subrayar la universalidad de los derechos humanos frente a la tendencia a crear protecciones especiales: «Como el que debe ser protegido y respetado es el ser humano en cuanto tal, y no en razón de ciertos rasgos de su persona, la Comisión expresa sus reservas sobre la multiplicación de categorías de personas necesitadas de una protección específica». «Legislar a fin de proteger a una categoría de personas -prosigue-, corre el riesgo de hacerse en detrimento de los otros y llegar a dañar la igualdad de derechos».
La Comisión estima que, si bien el Estado debe asegurar la protección de las personas vulnerables, no parece que esto sea necesario en el caso de los homosexuales. «Afirmar lo contrario supondría erigir la orientación sexual en un rasgo de identidad con el mismo título que el origen étnico, la nacionalidad, el género sexual, o la religión, y por lo tanto llevaría a segmentar la sociedad francesa en comunidades sexuales, acentuando así la emergencia de tendencias comunitaristas en Francia. Además, no está demostrado que la orientación sexual de una persona o de un grupo de individuos genere una vulnerabilidad necesitada de una protección especial del Estado».
El segundo pilar de la argumentación de la Comisión se basa en la defensa de la libertad de prensa y de expresión. El dictamen considera que las penas previstas en el proyecto de ley «son desproporcionadas con relación a la libertad de expresión, derecho fundamental con valor constitucional, consagrado en numerosos textos europeos e internacionales». La Comisión recuerda que los periodistas están sometidos a las mismas leyes que todos los demás ciudadanos en el caso de difamación o insulto. De modo que «no parece apropiado sancionar de manera particularmente fuerte expresiones concernientes exclusivamente a la orientación sexual de las personas, perjudicando de manera desproporcionada la libertad de expresión y la de prensa».
De haber prosperado el proyecto, podría haberse considerado expresiones de homofobia el mero hecho de manifestar legítimas apreciaciones morales sobre la práctica de la homosexualidad.
La Comisión reconoce la realidad de que pueden darse discriminaciones sexistas o ligadas a la orientación sexual, pero «estima que el modo más eficaz de combatir la intolerancia es mediante la educación, la información y el debate, y no restringiendo las libertades».
Tras retirar el proyecto, el gobierno ha recuperado las disposiciones menos controvertidas en algunas enmiendas al proyecto de ley que crea una Alta Autoridad para la lucha contra las discriminaciones, proyecto que está en trámite parlamentario.