Con la financiación del Fondo de la ONU para la Población
En El Cairo, la Santa Sede y otras delegaciones se han opuesto a algunos pasajes de los sucesivos proyectos de documento final que consideraban fórmulas veladas para promover el aborto y autorizar la imposición del control de la natalidad. Desde el otro lado, se ha insistido, especialmente por parte del Fondo de la ONU para la Población (FNUP), en que no se pretende ejercer presión sobre las familias. Alegato difícil de creer, a la vista de la ya larga participación del FNUP en programas coercitivos, sobre todo en China. El demógrafo norteamericano John S. Aird cuenta esta historia en un extenso trabajo publicado en el último número de The Human Life Review (1).
Aird trabajó como especialista de la Oficina del Censo de Estados Unidos entre 1957 y 1985. Allí pudo obtener documentación de primera mano sobre la política demográfica implantada en China a finales de los años 70. Fruto de su continuo seguimiento del asunto es su libro Slaughter of the Innocents: Coercive Birth Control in China, donde detalla los métodos empleados por el régimen de Pekín para imponer la limitación de nacimientos.
Un Gulag demográfico
La prohibición de tener más de un hijo vige en China desde 1979. Esta ley, por sí tiránica, se ha aplicado con métodos brutales: desde las amenazas, presiones y multas, hasta los abortos y las esterilizaciones forzosas. El grado de violencia empleada ha oscilado, con dos fuertes recrudecimientos: el primero en torno a 1983, y el segundo a partir de 1991.
El gobierno chino ha declarado siempre que el cumplimiento del plan demográfico es voluntario, pese a que no han cesado de llegar al exterior noticias que indican lo contrario (2). Sin embargo, el FNUP, que coopera con el programa chino desde el principio, ha rehusado admitir la evidencia, al igual que la International Planned Parenthood Federation (IPPF) y otras organizaciones de similar cariz. Durante largos años, la brutalidad de la política del hijo único ha sido, como antes fue el Gulag soviético, una realidad obstinadamente negada en influyentes círculos occidentales.
La farsa llegó a su fin en abril del año pasado, cuando el gobierno chino publicó los últimos resultados de su política: entre 1990 y 1992 la natalidad bajó del 21 al 18,2 por mil y la fecundidad, de 2,25 a 1,8 hijos por mujer, datos en los que todos los demógrafos vieron un drástico cambio imposible de explicar por causas naturales. A la vez, una información publicada por el New York Times confirmaba, con nuevos datos, el empleo de métodos violentos (ver servicio 60/93). Poco después apareció en Estados Unidos un libro que relata la historia de una mujer china, hoy exiliada, perseguida por querer tener un segundo hijo (3). La obra tiene especial interés porque la protagonista fue, hasta su defección, funcionaria de la Comisión Estatal de Planificación Familiar (CEPF), y así expone detalladamente los procedimientos usados para imponer la política del hijo único.
Matar al mensajero
El FNUP reaccionó expresando preocupación por tales revelaciones y declarando que quizá se vería obligado a suspender la cooperación con China; pero no lo ha hecho. Se escuda en la tesis de que los abusos son esporádicos y se deben a funcionarios locales.
Antes, el FNUP no cesó de insistir en que el programa chino era voluntario. En 1979, el año mismo en que China implantó la política del hijo único, el FNUP comenzó su primer plan quinquenal de acción en China, con un presupuesto de 50 millones de dólares. En 1983, justo cuando el programa chino alcanzaba su primer máximo de violencia, un comité de la ONU en el que participaba como asesor el entonces director del FNUP, Rafael Salas, otorgó el premio de la ONU por méritos demográficos a Indira Gandhi -cuyo gobierno había caído en 1976, en parte, por apoyar un plan de esterilización obligatoria- y a Qian Xinzhong, el jefe de la CEPF china. Uno de los asesores científicos del mismo comité, el premio Nobel Theodore W. Schultz, denunció que la concesión era una «burla» y se negó a que su nombre figurase entre los de quienes habían recomendado aquellos galardones.
También Aird criticó la concesión de los premios durante una reunión pública, en marzo del mismo año, con Edmund Kerner, jefe de prensa del FNUP. Aird se ofreció a facilitar pruebas de que el programa chino era coactivo y, poco después, envió a Kerner más de 275 documentos, en su mayoría de fuentes chinas. Sin que hubiera obtenido respuesta, en mayo siguiente Aird recibió de China nueva documentación que revelaba, por boca del vicegobernador de la provincia de Guandong, que se estaba llevando a cabo implantaciones de DIU, esterilizaciones y abortos forzosos por orden del Comité Central del Partido y del gobierno. Remitió estas pruebas a Salas, que había elogiado públicamente el plan chino. Salas no le contestó, sino envió una queja al representante permanente de Estados Unidos ante la ONU por haber recibido la carta directamente de Aird, y no a través del cauce diplomático oficial.
El FNUP -junto con otros organismos públicos y privados similares- siguió respaldando a China. En abril de 1989, el delegado del FNUP en Pekín declaró que las acusaciones contra la política demográfica china carecían de fundamento. En mayo siguiente, Nafis Sadik, que en 1986 había sucedido a Salas al frente del FNUP, aseguró públicamente que el programa chino era «totalmente voluntario»; más tarde añadió en una entrevista televisada que en China no había que pedir «autorización para tener un hijo». Pero ya entonces se sabía, por fuentes chinas, que allí las mujeres necesitan obtener una tarjeta rosa, llamada «cuota», si quieren quedar embarazadas.
En abril de 1991, justo cuando comenzó el actual endurecimiento de la política del hijo único, Sadik declaró a la prensa china que «China puede con razón estar orgullosa y satisfecha» de los «notables logros alcanzados en los últimos diez años con su política de planificación familiar y control del crecimiento demográfico». Añadió que el FNUP se disponía a «difundir la experiencia china» en otros países.
El dilema de Clinton
La última escalada de coacción ha puesto en un grave aprieto al presidente Clinton. Durante la campaña electoral, prometió reanudar la financiación norteamericana al FNUP e intensificar los programas de control de la población mundial. En 1993, a poco de inaugurar su mandato, Clinton revocó la llamada «política México» -implantada por Reagan a raíz de la anterior Conferencia de la ONU sobre población, celebrada en esa ciudad en 1984-, que prohibía al gobierno financiar organizaciones promotoras del aborto, y solicitó un aumento de 100 millones de dólares en el presupuesto para el control de la natalidad en el extranjero.
Poco después salieron a la luz las nuevas pruebas de los abusos cometidos en China. Clinton, que durante la campaña electoral había hecho de los derechos humanos un caballo de batalla y había criticado duramente a Bush por no condenar las violaciones de derechos en China, se encontró ante un dilema. Temiendo oposición por parte del Congreso, dejó la petición de fondos en suspenso mientras buscaba una salida.
La solución finalmente ideada fue condenar con vehemencia la coerción practicada en China y a la vez dar dinero al FNUP con la condición de que no se empleara directamente en aquel país. La justificación ofrecida fue que el FNUP mantiene una postura «muy estricta» contra el uso de la coacción en los programas de control de la natalidad.
La retórica del FNUP
La realidad es que, después de trece años de intervención del FNUP en China, la política demográfica en ese país sigue siendo tan coercitiva como siempre, sin que tal organismo haya contribuido a suavizarla. Cosa que no tiene nada de extraño, anota Aird: «El FNUP no sólo había alabado siempre el programa chino, insistiendo en que era ‘completamente voluntario’; además, con su postura oficial se había cerrado el camino para reconocer la coacción, y más aún para mitigarla».
El FNUP sostiene teóricamente el principio de libertad para procrear, enunciado en las anteriores Conferencias de la ONU sobre población (Bucarest, 1974, y México, 1984). Pero, como ni en una ni en otra ocasión se determinó qué se entendía concretamente por coacción, el gobierno chino siempre ha alegado que su política es conforme con los principios aprobados.
A su vez, también el FNUP se ha otorgado amplio margen para valorar el respeto a los derechos humanos por parte de los Estados con los que coopera. Según declaró Salas en 1985: «Los países tienen y deben seguir teniendo libertad para decidir qué postura y qué medidas adoptar en relación con las cuestiones demográficas. La ONU no está autorizada (…) a juzgar si los programas son moralmente aceptables». La misma postura ha adoptado la sucesora de Salas, Nafis Sadik. Al tomar el relevo insistió en que las parejas han de poder decidir con libertad; pero añadió que «sólo se puede juzgar si las decisiones son libres dentro del contexto de cada cultura y del plan general de desarrollo social y económico emprendido por cada gobierno».
Esto supone que la libertad procreativa es, en vez de un derecho universal, una noción que los gobiernos interpretan a su arbitrio, de modo que la protección de los derechos humanos se deja en manos de quienes tienen mayor interés en violarlos.
EE.UU. hace la vista gorda
Por su parte, el gobierno de Clinton parece dispuesto a hacer la vista gorda por más pruebas que lleguen de que la política demográfica china es contraria a los derechos humanos. En marzo de 1993, un memorándum de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de la ayuda a otros países, aseguraba que sólo había indicios «indirectos y leves» de que el FNUP estuviera implicado en los abusos cometidos en China. Al mismo tiempo, admitía sin reservas las excusas del régimen chino, que culpaba de los casos de coacción al «exceso de celo de algunos funcionarios».
Después de que se conocieran las últimas pruebas, el administrador de la USAID, Brian Atwood, justificó, en respuesta a una interpelación parlamentaria, la postura oficial norteamericana. Se apoyó en un dictamen jurídico según el cual, para que el gobierno norteamericano pudiera retirar la financiación a una organización involucrada en programas de control demográfico coactivos, sería preciso «probar que la organización coopera directamente, a sabiendas y de intento, con personas u organismos claramente implicados en abortos forzosos o esterilizaciones no voluntarias».
Unas condiciones tan restrictivas y que no se mencione el uso forzado de DIU u otros anticonceptivos dan motivo para pensar, observa Aird, que «el gobierno norteamericano está decidido a que sea lo más difícil posible probar que el FNUP, la IPPF o cualquier otra organización coopera con programas coactivos de planificación familiar en China o en cualquier otro lugar». Naturalmente, ningún organismo oficial u organización no gubernamental, cualquiera que sea su implicación en un programa coactivo, admitirá jamás que apoya la coacción a sabiendas y de intento. Y el criterio expresado por Atwood supone que para el gobierno resulta aceptable que se dé apoyo indirecto a programas coercitivos.
Culpas de omisión
Finalmente, Aird contesta la tesis de que con China sólo cabe la Realpolitik y que sería ingenuo e inútil hacer frente a los abusos del régimen. A este propósito, recuerda el caso del proyecto de ley de eugenesia anunciado en diciembre pasado, con el propósito declarado de «evitar nacimientos de inferior calidad» (ver servicio 4/94). Cuando el gobierno chino hizo públicas sus intenciones, en Occidente se elevó un clamor de protesta. El hecho es que, después, el régimen suavizó el tono de sus primeras declaraciones, alegando que no habían sido bien entendidas, y el proyecto ha quedado en suspenso hasta hoy.
Es verdad que el gobierno chino siempre ha rechazado las críticas a su política demográfica, tachándolas de injerencia en sus asuntos internos, como habitualmente hace para justificar sus abusos de cualquier género. Pero no en todos los casos el régimen es tan insensible como quiere aparentar a las críticas del exterior: lo ocurrido con la ley eugenésica así lo prueba. Y, en cuanto a la política del hijo único, durante largos años Pekín ha podido exhibir el respaldo y la cooperación del FNUP y otras entidades. «Cabe preguntarse -concluye Aird- hasta qué punto se habría conseguido mitigar el programa chino si el FNUP, la IPPF y los gobiernos extranjeros hubieran prestado desde el principio más atención a las violaciones de derechos humanos».
Aborto y control de la natalidad
La Santa Sede y otros países han sido presentados como los «intransigentes» en la Conferencia de El Cairo por negarse a aceptar «fórmulas de compromiso» sobre el derecho al aborto. El compromiso consistía en decir, por una parte, que el aborto no debe ser estimulado como medio de planificación familiar; y por otra, que los gobiernos deben considerar el aborto «inseguro» como un problema importante de salud pública, lo cual supone implícitamente que bastará legalizarlo para que sea seguro.
Pero, ¿es verdad que no se recurre al aborto como medio de control de la natalidad? Si así fuera, en los países que utilizan masivamente desde hace tiempo los medios anticonceptivos, el aborto sería un fenómeno excepcional y reducido. Veamos, por ejemplo, el caso de Italia, donde no cabe suponer un desconocimiento de los medios anticonceptivos, habida cuenta de que la tasa de fecundidad es la más baja de Europa (1,26 hijos por mujer).
El art. 1 de la ley italiana dice que el aborto «no es un medio de control de la natalidad». Lo cual no ha impedido que en 1991 hubiera 287 abortos legales por cada 1.000 nacidos vivos: es decir, la proporción no está lejos de 1 a 3. Según los datos oficiales, en el bienio 1987-88 el 75% de los abortos correspondía a mujeres casadas y que tenían al menos un hijo; en el 70-80% de los casos el recurso al aborto venía tras un fallo en el uso de medios anticonceptivos. Lo que demuestra que, diga lo que diga la ley, el aborto se ha convertido en el medio último de control de la natalidad.
Si algún país puede servir de banco de prueba de la teoría es Suecia, nación pionera de la planificación familiar. Allí la educación sexual en la escuela es obligatoria desde 1956, los anticonceptivos son subvencionados o gratuitos, los servicios de planificación familiar están integrados en el sistema de salud, hay servicios gratuitos de consulta para jóvenes, y el Estado financia un programa de información sobre planificación familiar. En fin, todo un arsenal de medidas que, en teoría, deberían prevenir el aborto. Según la ley del aborto de 1975, éste es libre hasta la 18.ª semana del embarazo.
Desde entonces, el número de abortos ha pasado de 32.500 en 1975 a 37.500 en 1990 y 34.800 en 1992. La proporción de abortos por cada 1.000 nacidos vivos ha bajado de 313 (en 1975) a 283 (en 1992), gracias sobre todo al aumento de natalidad en los últimos tiempos. Aun así, todavía la relación es de 1 aborto por cada 3,5 nacimientos. Si el aborto libre debía ser considerado como una «medida de emergencia», hay que reconocer que la prevención deja mucho que desear.
La experiencia francesa la explicaba en una entrevista Henri Leridon, director de investigaciones en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (L’Express, 24-II-94). Este defensor de la revolución contraceptiva reconocía a propósito del número de abortos que aún se producen en el país: «Estas cifras son extraordinariamente frustrantes, pues no han evolucionado desde la aplicación de la ley del aborto, en 1975. Llegamos rápidamente, hacia el fin de los años 70, a los 170.000 abortos, y desde entonces no han bajado. Sin embargo, la contracepción ha llegado al tope: el 90% de las mujeres utilizan la píldora, en un momento u otro de su vida. Muchas se pasan después al DIU. Pero lo paradójico es que, desde el comienzo, había muchas usuarias de la píldora entre las mujeres que pedían abortar».
Si esta es la experiencia de países ricos, con atención sanitaria al alcance de todos y un buen nivel cultural, no cabe esperar que los resultados vayan a ser mejores en países que no reúnen esas condiciones. Pues es un superstición moderna pensar que basta expresar un deseo en un programa de acción -«el aborto no ha de ser un método de control de la natalidad»-, para que aquello se convierta en realidad. Y si tantas veces se invoca el realismo para legalizar el aborto, no cabe cerrar los ojos ante estos «efectos perversos».
Ignacio Aréchaga_________________________(1) John S. Aird, «China’s «Family Planning» Terror», The Human Life Review, vol. XX, n. 3 (Nueva York, verano 1994), pp. 83-104.(2) Ver, v.gr., servicios 120/79, 190/79, 186/81, 20/83, 48/87, 104/88, 136/88, 176/89, 100/90, 96/91, 127/91, 60/93.(3) Steven Mosher, A Mother’s Ordeal: One Woman’s Fight Against China’s One-Child Policy (Harcourt Brace). Amplia recensión de la obra en: Faith Abbott, «Taking «Remedial Measures»», The Human Life Review, vol. XIX, n. 4 (Nueva York, otoño 1993), pp. 7-22.