La reforma de la inmigración ha sido uno de los temas más debatidos del último mandato de George W. Bush. Tras varios meses de polémica en la opinión pública, los congresistas demócratas y republicanos se han puesto de acuerdo para aprobar un nuevo proyecto de ley. Aunque todavía tiene que ser ratificado por ambas Cámaras, el proyecto permitiría regularizar a los casi 12 millones de inmigrantes ilegales que viven hoy en el país.
El acuerdo alcanzado se aleja radicalmente de lo que proponía el texto aprobado en diciembre de 2005 por la Cámara de Representantes estadounidense: ampliar la valla en la frontera con México y convertir en delito federal la entrada ilegal en el país (ver Aceprensa 26/06).
Para convencer a sus colegas, los negociadores demócratas y republicanos han tenido que desmontar el argumento de la amnistía. “No habrá amnistía para los 12 millones de indocumentados -aseguró el republicano Arlen Specter-. Los sin papeles tendrán que ganarse el derecho a la residencia permanente y se aplicarán medidas para restablecer el imperio de la ley”.
Tras varios meses de negociaciones, el pasado 17 de mayo se llegó por fin a un consenso sobre la reforma de la inmigración. Ahora el nuevo proyecto de ley deberá ser ratificado por ambas Cámaras y firmado por el presidente, lo cual no plantea problemas pues Bush ya ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado.
El núcleo de la reforma es la regularización -bajo determinados requisitos- de los indocumentados que hayan llegado al país antes de enero de 2007. Se les concedería un estatus legal temporal, mientras se les permite solicitar un permiso de residencia. Un programa de trabajadores temporales facilitará la entrada de hasta 400.000 trabajadores al año, pero al cabo de dos años tendrán que abandonar el país.
Los indocumentados que quieran regularizar su situación tendrán que pagar una multa de cinco mil dólares (como compensación por no haber pagado impuestos mientras vivían en la clandestinidad), acreditar el conocimiento del inglés y pasar una revisión de antecedentes penales. Si cumplen los requisitos, obtendrán un visado que les da derecho a un permiso de trabajo y a una residencia temporal en el país.
En el caso de que quieran optar a un permiso de residencia permanente (green card), el cabeza de familia tendrá que regresar a su país de origen y cumplimentar allí la documentación exigida. La obtención de la residencia permanente se basará en un sistema de puntos, que favorecerá a los trabajadores más capacitados. Este es el aspecto más controvertido de la reforma, ya que si el antiguo sistema se basaba especialmente en la reagrupación familiar, el nuevo sistema de puntos no garantiza que el inmigrante pueda traer a sus parientes.
Tras conocer el nuevo proyecto de ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México elogió el esfuerzo de los congresistas de ambos partidos por llegar a un acuerdo. En un comunicado oficial, el portavoz de la Secretaría explicó que el gobierno mexicano considera “positivo” que esta iniciativa abra ahora un debate en las Cámaras.
Algunos comentaristas mexicanos celebran que el proyecto haya corregido la tendencia a considerar a los ilegales como prácticamente unos criminales. No obstante critican la decisión de primar el nivel educativo sobre los vínculos familiares para optar a la residencia permanente.