EE.UU.: los delincuentes pagan a las víctimas

El Ministerio de Justicia distribuye dinero procedente de multas a empresas y particulares

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En Estados Unidos, un fondo federal que gestiona el Ministerio de Justicia financia gastos de las víctimas de actos terroristas o criminales. Esto no es nuevo, pero sí lo es la procedencia de las ayudas. Los que aportan el dinero no son los contribuyentes sino grandes empresas o individuos condenados a pagar multas por infracción de las leyes federales. El Fondo para las Víctimas del Crimen -autorizado por la Ley de víctimas del crimen de 1984- ayuda desde entonces a miles de personas en EE.UU.

Todo empezó cuando una sucursal americana de Daiwa Bank, un gigante financiero japonés, hubo de pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar grandes pérdidas comerciales a los inspectores bancarios. El dinero fue depositado entonces en un fondo destinado a ayudar a las víctimas de actos criminales.

Los fondos son administrados por la Oficina para las Víctimas del Crimen del Ministerio de Justicia. Este departamento reparte el dinero a los diferentes Estados, mientras que los funcionarios estatales, por su parte, localizan a las víctimas y les hacen llegar el dinero. Según International Herald Tribune (3-II-97), en los últimos cuatro años el Fondo para las Víctimas del Crimen ha crecido un 250%. En 1996 alcanzó su mayor recaudación (529 millones de dólares), que será distribuida este año.

En virtud de la Ley Antiterrorista de 1996, el fondo también da dinero a víctimas del terrorismo y de otros crímenes como la bomba que explotó hace dos años en un edificio de Oklahoma. Entre otras cosas, este año las víctimas y supervivientes de aquella tragedia recibirán 600.000 dólares.

Cuando el dinero llega a las oficinas de los distintos Estados se reparte en dos programas. Uno consiste en reembolsar a las víctimas de crímenes o a sus familias los gastos médicos, los salarios perdidos o el coste de los funerales. El otro programa presta ayudas personales a las víctimas; por ejemplo, les subvenciona el alojamiento en centros especiales para víctimas de la violencia doméstica o su participación en programas para víctimas de abusos sexuales.

Según Aileen Adams, encargada de supervisar los fondos en el Ministerio de Justicia, unos dos millones de personas se benefician cada año de estas ayudas, aunque todavía hay muchas que no las reciben debido a la falta de infraestructura en los lugares donde viven.


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