Las escuelas públicas de Estados Unidos han empezado a contratar detectives para evitar que los padres se salten las zonas de escolarización y matriculen a sus hijos en centros que nos les corresponden por domicilio, pero que les ofrecen mayores garantías. Esta drástica estrategia se está extendiendo en varios estados, que cuentan ya con sistemas de verificación de residencia diseñados para evitar el trasvase de estudiantes “ilegales”.
Algunas escuelas han contratado incluso servicios de rastreo con tecnología oculta para la grabación de vídeos, toma de fotografías y otros documentos, que permiten cubrir los trayectos de casa al colegio y aportar pruebas definitivas en casos de alumnos sospechosos y poder denunciar a los padres. En algunos casos la empresa que realiza las investigaciones ha llegado a ofrecer recompensas de hasta 250 dólares a los soplones que facilitan pistas de estudiantes procedentes de otros distritos.
Las estrategias defensivas puestas en marcha por las escuelas públicas han causado una notable polémica. Un artículo firmado Micheal Flaherty en The Wall Street Journal que denunciaba estas prácticas ha generado un intenso debate ente los lectores. El autor considera las medidas represivas como “una prueba más de los fallos del sistema de educativo americano especialmente en las zonas más pobres o con presencia de minorías”. Se está alumbrando así un nuevo tipo de delito hasta antes desconocido –el robo educativo-, que ya ha llevado a la cárcel a una madre el pasado mes de enero por haber matriculado de modo encubierto a sus hijas en una escuela que no les correspondía.
En su artículo Flaherty -conocido por la producción del documental Waiting for Superman, en el que se refleja el esfuerzo de los padres por escoger las escuelas de sus hijos-, aporta también argumentos Kevin Chavous, un activista a favor de las reformas educativas y de la mejora de opciones para los estudiantes negros. Para Chavous todos estos acontecimientos “anuncian una nueva era de padres hartos del sistema público”, que ante la urgencia de la educación de sus hijos se ven impulsados a la desobediencia civil y a tomar decisiones en contra de la ley.
Descubrir a un alumno escolarizado fuera de su distrito tras haber falseado el domicilio, ha sido considerado ya por los tribunales delito grave de robo, aunque otros jueces lo han rebajado a la categoría de falta. En estos momentos padres de Connecticut, Missouri y Kentucky, arrestados por actuaciones parecidas, están a la espera de sentencia.