¿Hasta dónde puede inmiscuirse el Estado en la contratación de las empresas para garantizar que no existe discriminación por motivos de raza, sexo o nacionalidad? Iniciativas de este tipo en Bélgica, Francia y España han provocado un debate sobre la oportunidad y los límites de estas medidas, sin que por ahora hayan llegado a convertirse en leyes.
En Bélgica un proyecto presentado a principios de abril por el ministro federal de Integración, el socialista Christian Dupont, ha despertado un aluvión de críticas y ha sido rechazado por los liberales, que forman parte de la coalición de gobierno. La iniciativa establecía que si un demandante de empleo se considera víctima de discriminación, puede presentar una denuncia. Para facilitar la prueba de esta presunta discriminación, una persona encargada por el Centro para la Igualdad de Oportunidades podría poner a prueba a la empresa, presentando un perfil similar al de la persona que ha sido rechazada. Según fuera la reacción de la empresa, el especialista haría un informe que remitiría al juez. Si el juez acepta la validez de la prueba, sería el empresario quien tendría que demostrar que no ha discriminado.
Los detractores del proyecto rechazan esta intromisión de «espías oficiales» en la empresa, y claman contra «la consagración del Big Brother». El ministro se ha defendido aduciendo que las cifras demuestran que el paro es bastante más elevado entre las personas de origen extranjero que entre los belgas. Y esto en todos los niveles, tanto entre los trabajadores de escasa escolarización como en los de formación superior. Pero en esto influye también que un extranjero suele tener menos contactos para buscar empleo.
Tampoco ha sido bien recibida la propuesta por los empresarios, que desean tener la última palabra a la hora de contratar. Vistas las reacciones, Dupont rehará su proyecto.
En Francia, un informe remitido al primer ministro en diciembre pasado recomendaba experimentar el «curriculum vitae anónimo», para evitar los prejuicios al seleccionar candidatos antes de la entrevista. La medida figuraba en el informe hecho por Claude Bébéar, fundador de la aseguradora Axa, que para dar ejemplo ha empezado a utilizarlo desde enero de este año en los CV enviados por Internet a su grupo.
En estos CV no figurarían ni el nombre, ni el sexo, ni la edad ni la nacionalidad del candidato; solo su formación y su experiencia profesional. De este modo se intenta evitar que se descarte en principio a algunos candidatos por motivos extralaborales, de modo que puedan superar la barrera de la primera entrevista.
La implantación de este sistema exigiría que las empresas adopten mecanismos o equipos de confianza que, de un modo confidencial, oculten los datos de identificación antes de pasar las candidaturas al proceso de selección.
Si el principio en sí no es discutido, sus modalidades de puesta en práctica suscitan escepticismo entre las empresas. Para demostrar que puede ser operativo, la Agencia Nacional de Empleo (ANPE) lo está experimentando en Lyon en su «banco de CV» a disposición de los empresarios que buscan un empleado del sector de servicios. Los CV incluyen datos solo sobre el perfil profesional del candidato, sin ninguna mención de la edad, el sexo, el nombre, la nacionalidad ni incluso el domicilio.
La iniciativa del CV anónimo por ahora es solo una idea, que el gobierno no pretende imponer. Pero ha servido para relanzar el debate sobre la discriminación en el empleo, de la que se quejan sobre todo los jóvenes provenientes de la inmigración.
Discriminación a favor de la mujer
En España, aunque también es hoy un país de inmigración, lo que preocupa al gobierno es más bien la paridad entre hombres y mujeres. Y para lograr la igualdad, se inclina por la discriminación… positiva a favor de la mujer en el trabajo. Por ahora lo que se conoce de su iniciativa no es más que el borrador de un anteproyecto de Ley de Promoción de la Igualdad («El País», 8-04-2005).
El borrador define la igualdad de trato como la ausencia de cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Para, a continuación, prever la posibilidad de medidas discriminatorias a favor de la mujer destinadas a compensar las desventajas que afectan a esta por razón de su sexo. Se prevé que en los convenios laborales se establezcan medidas de discriminación positiva de forma que, a igualdad de condiciones de idoneidad, «tengan preferencia para ser contratadas las personas del género menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate». Aunque esto se prevé en favor de la mujer, no cabe excluir que fuera de aplicación en favor del hombre en sectores -como la enseñanza primaria o la enfermería- de claro predominio femenino.
En el ámbito laboral, la igualdad se garantizará en todos los escalones, «particularmente a los niveles directivos», aunque el borrador no detalla cómo se garantizará. A igual trabajo, será también igual la retribución para hombres y para mujeres, y las ofertas de empleo no podrán ser discriminatorias para un sexo, salvo excepciones justificadas.
El borrador establece que las reclamaciones por discriminación se tramitarán en los juzgados de forma «urgente y preferente», cosa que revela una buena dosis de optimismo respecto al atasco en los juzgados. En caso de litigio, se plantea la inversión de la carga de la prueba, pues será el acusado quien deberá demostrar su inocencia cuando existan «indicios fundados de discriminación».
Por ahora el borrador es solo una propuesta, que el gobierno modificará en función de las reacciones.