La periodista colombiana Soraya Bayuelo, quien dirige un proyecto de comunicación en la región caribeña de Montes de María, ha sido afectada desde diferentes ángulos por la prolongada guerra que ha involucrado en su país al ejército, a los paramilitares y a los grupos guerrilleros.
“El 5 de julio de 1998 –narra a Aceprensa–, mi hermano pasó por un mercado y unos amigos le ofrecieron un trago de ron. Era domingo. De pronto, llegaron los paramilitares a matar a unos que estaban allí, y los mataron a todos. Dejó una familia con cuatro hijos. Más adelante, el 17 de octubre de 2000, a las 6.30 pm, las FARC colocaron una bomba junto a la ferretería de un señor al que extorsionaban, y mi sobrina de 13 años y dos amigas que venían del colegio murieron quemadas en esa ola de fuego. Nunca en el casco urbano había ocurrido un hecho tan sangriento, que afectara la vida de tanta gente”.
Se pide que la guerrilla, los paramilitares y el Ejército reconozcan la responsabilidad de los crímenes
Los que quedan vivos –los familiares, los vecinos, los amigos de los muertos y desaparecidos– solo pueden experimentar una sensación de zozobra e inseguridad permanente, y quieren que se les escuche.
Por ello, han viajado ya tres grupos de estos sobrevivientes a La Habana, a las negociaciones entre el gobierno y las FARC iniciadas en 2012. Junto a la propia Soraya, lo han hecho una madre que perdió a su hijo veinteañero a la salida de un club por una bomba guerrillera, un general que vivió en cautiverio en la selva durante 11 años, una ex candidata presidencial de Unión Patriótica a la que los paramilitares le asesinaron uno por uno a sus colaboradores, y muchos otros que les piden al gobierno y a las FARC que no se levanten de la mesa, que lleguen hasta el final.
Un deseo que les ha valido, en ocasiones, amenazas de quienes no están demasiado contentos con la idea de la paz.
“Nada está acordado hasta que todo esté acordado”
Según la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, durante el conflicto, iniciado en 1958, los crímenes sistemáticos contra la población han generado la muerte violenta de unos 180.000 civiles y 40.000 combatientes de los grupos armados, así como 25.000 desapariciones forzadas, 27.000 secuestros, 2.000 masacres, por lo menos 5.000 niños reclutados, y cuatro millones de desplazados. Todo ello, sin contar lo que han significado los enormes gastos en cuestiones de seguridad, que han retardado el desarrollo del país, obligado a dedicar una parte considerable del PIB al tema militar.
La reparación de las víctimas es uno de los temas a tratar en el acuerdo
Ante tanta gente afectada, el gobierno de Juan Manuel Santos ha creado la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Con peculiar optimismo, la entidad pronostica que, para 2021, “el Estado habrá logrado la reparación de las víctimas”. Un buen deseo, sin duda, aunque obvia que la negociación marcha sin que se haya declarado un alto el fuego, en medio del conflicto y que uno de los principios del Acuerdo General inicial entre las FARC y el gobierno es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Tres temas de la agenda han sido ya tratados: el de una reforma rural integral, el de la eventual participación política de quienes dejen las armas y se integren al proceso democrático, y el de la desvinculación de la guerrilla y el narcotráfico, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. En este momento, además, se deja a punto el de la reparación a las víctimas. Pero todo son aún borradores, papeles sin fuerza vinculante.
Por otra parte, poner “fecha de vencimiento” al problema de las víctimas pasa por alto el hecho de que elementos armados, remanentes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se están articulando en grupos como las Águilas Negras, los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos, el Bloque Meta y los Libertadores del Vichada.
La Defensoría del Pueblo ha alertado de que estas bandas pueden cometer homicidios, provocar nuevos desplazamientos de población, reclutar a menores de edad, entre otros desmanes.
Tres grupos de familiares de las víctimas han viajado ya a La Habana, a las negociaciones entre el gobierno y las FARC
La intimidación, una constante
Consciente de los peligros que acechan, la Defensoría del Pueblo insiste en que los actores del conflicto, y en especial quienes pueden y están en el deber de dar protección a las personas necesitadas de ella, aseguren que las víctimas no vuelvan a sufrir amenazas o violencia.
La realidad, sin embargo, es que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría ha registrado la existencia de amenazas contra 336 representantes de las víctimas en 28 de los 32 departamentos del país. De hecho, tres de las 24 víctimas que han acudido a la capital cubana han sido objeto de intimidaciones.
En el caso de Jonathan Echeverri, líder de la Mesa de Víctimas de Antioquía, las palabras se convirtieron en hechos en fecha reciente: el 1 de octubre, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon repetidas veces contra su vehículo. Él resultó ileso, pero no hay razones para pensar que no volverán a intentarlo, máxime cuando 23 integrantes de la Mesa de esa región nororiental están amenazados, ocho de ellos con un nivel de riesgo extraordinario.
¿Quién está colocando a las víctimas en el colimador? ¿Quién puede no querer la paz? La Defensoría, en el último año, ha emitido 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento en 24 departamentos, que señalan a las FARC y a los grupos armados derivados de las AUC como los principales actores que generan amenazas para la población civil.
Aunque no serían solo ellos. “Los que tienen el negocio de la guerra en Colombia, pero también fuera, no quieren que esta termine”, explica Soraya Bayuelo. “Es muy difícil y complejo hacer un proceso de paz en medio del conflicto, y precisamente aquí no estamos en el postconflicto. Las amenazas pueden venir de cualquier lado. Hay gente que está luchando por sus derechos y ha sido intimidada, no solo víctimas. A veces los que lanzan las amenazas no tienen rostro ni nombre, pero están ahí”.
Que cada uno reconozca sus crímenes
Entre los 10 principios acordados por las FARC y el gobierno acerca de las víctimas, está el de ofrecer protección y seguridad para su vida e integridad, primer peldaño hacia la satisfacción de sus demás derechos.
“A aquellos que decidieron acogerse a las medidas de seguridad, se les están brindando –explica la periodista de Montes de María–. Otros no las aceptan, sino que prefieren bajar el perfil, aunque nadie es infalible. Aquí han asesinado lo mismo a periodistas de grandes medios que a candidatos a la presidencia que iban en un avión (el ex guerrillero Carlos Pizarro, ametrallado por un sicario en 1990). No hay garantías en un país que está en guerra. Hay gente a la que le ha ido bien, y otra a la que no. Hay algunos líderes que no se acogen a esas garantías porque se sienten más inseguros”.
La más ilustrativa muestra de ello la ofrece el portal de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, que ofrece servicio de escoltas a las personas en riesgo. Sin ir mucho más atrás de este verano, en su apartado de informaciones aparecen dos notas en las que la entidad lamenta el asesinato de protegidos suyos: uno, el periodista Luis Carlos Cervantes, en Antioquía, y otros, los familiares de un concejal en Caquetá (sur).
Una mayor garantía de seguridad no es, sin embargo, la única aspiración de las víctimas. No puede haber reconciliación sin que se pongan los hechos sobre la mesa y se esclarezcan. Las partes del conflicto lo tienen claro, al menos en intención, y anuncian que no intercambiarán impunidades.
“Cada uno debe ser responsable de sus actos –apunta Soraya Bayuelo–. Es lo mínimo que se pide: que reconozcan sus errores. Ojalá se conformara una Comisión de la Verdad seria, y en ella tuviera lugar ese debate, y pudiera identificarse a los responsables de los crímenes, de todos: los del Estado, los de los paramilitares, los de la guerrilla. Tenemos las experiencias de otros países, aunque haya diferencias. En Argentina, por ejemplo, la gente está haciendo su proceso de memoria histórica en paz, no en medio del conflicto, y los responsables están en la cárcel. No hay razón para que en Colombia no ocurra así”.