A la polémica reciente sobre la decisión de Google de cooperar con la censura china (ver Aceprensa 15/06), se suma ahora la difusión de una carta abierta que critica la falta de libertad de expresión que existe en el país. Lo sorprendente es que la carta va firmada por algunos funcionarios y profesores universitarios chinos, que desempeñaron altos cargos en el Partido Comunista durante los ochenta (por ejemplo, un antiguo director del «Diario del Pueblo» y otro que lo fue de la agencia de prensa oficial Xinhua).
La carta, que empezó a circular la semana pasada por las redacciones de los periódicos de Pekín, denuncia el cierre de un suplemento semanal sobre cuestiones de actualidad. En los últimos meses, el suplemento había adoptado una línea «provocativa», con artículos de opinión que discrepaban de las tesis del Partido Comunista en relación con algunos hechos históricos, el nacionalismo y el sistema educativo.
Los firmantes consideran el cierre como un «abuso de poder», que viola la garantía constitucional de libertad de expresión. «En este momento histórico de transición de un sistema totalitario hacia otro constitucional, suprimir la libertad de expresión traerá el desastre político y dará lugar a enfrentamientos entre grupos y al malestar social», dice la carta. «La experiencia enseña que autorizar el flujo libre de ideas puede servir para mejorar la estabilidad y aliviar las tensiones sociales».
Según «International Herald Tribune» (8-02-2006), en lo que va de año, el Ministerio de Propaganda chino ha sustituido a los editores de tres periódicos por abordar críticamente cuestiones políticas. Es el período con más censura desde que Hu Jintao llegó al poder, hace tres años.
EE.UU. se suma a las críticas
La semana pasada, la Cámara de Representantes estadounidense rompió una lanza a favor de la libertad de expresión en China. En unas comparecencias cargadas de tensión, varios congresistas de distintas tendencias políticas arremetieron contra las compañías de Internet que han aceptado la censura china: Yahoo, Microsoft, Google y Cisco Systems. «No sé cómo los directivos de sus empresas pueden dormir tranquilos», sentenció el demócrata Tom Lantos.
Christopher Smith, republicano, reprochó a las cuatro compañías su «repugnante colaboración» con China, y presentó en la Cámara un proyecto de ley -la Global Online Freedom Act-, que prohibiría a las empresas de EE.UU. ilegales imponer restricciones al acceso de Internet, aun en el caso de que sean exigidas por la legislación del país donde operan. De esta forma, serían ilegales prácticas como no ofrecer enlaces a páginas con contenidos sobre derechos humanos y democracia, o las que critican al gobierno chino.
Sin embargo, para algunos expertos es dudoso que la Cámara de Representantes o el Departamento de Estado puedan tener jurisdicción sobre estas empresas cuando operan en el territorio de un país extranjero. Los interrogantes se acentúan en el caso de Yahoo, ya que en octubre de 2005 vendió muchos de los servicios que ofrecía en China a una compañía privada de ese país, Alibaba.
Los directivos de Yahoo argumentan que las restricciones ya no dependen de ellos, sino de Alibaba; y ésta se rige por las leyes de Pekín, no por las de Washington. Para la representante de Reporteros Sin Fronteras en Washington, Lucie Morillon, Yahoo ha recurrido a una estrategia tramposa. «Si Yahoo consigue escapar de la jurisdicción estadounidense y hacer lo que quiera, sentará un precedente para las demás compañías que quieran quitarse de encima a los países occidentales en los que operan», declaró a «Christian Science Monitor» (14-02-2006).
Hace dos semanas, en una declaración conjunta de Microsoft y Yahoo, hicieron un llamamiento para que los gobiernos se involucren más. «Se hace necesario un esfuerzo continuo de diálogo de gobierno a gobierno, para dar pasos adelante en esta delicada cuestión».
ACEPRENSA