En un intento de recuperar el control de la información, el gobierno chino ha impuesto restricciones al uso de aparatos de telecomunicaciones, desde las antenas parabólicas a los radioteléfonos. Con la difusión de nuevas tecnologías, un número creciente de chinos se escapaban del monopolio estatal de la comunicación, y el régimen ha reaccionado con medidas que dudosamente se podrán hacer cumplir de modo riguroso.
A principios de octubre, se prohibió la venta de antenas parabólicas, que se han difundido mucho, incluso en el campo. Gracias a ellas, los chinos han podido ver emisiones extranjeras de televisión, pese a estar prohibido desde 1990. A partir de ahora, sólo podrán poseer esas antenas quienes justifiquen necesitarlas, bien porque de otro modo no recibirían una buena señal, bien por motivos de trabajo.
Unas semanas más tarde se promulgó otro decreto dirigido contra los servicios de radioteléfono, de mensajería electrónica y «todos los demás servicios de telecomunicación». Sólo en Pekín operan más de 70 empresas privadas de mensajería, que cuentan con unos 300.000 abonados. Pues actualmente, prácticamente todos los que se dedican a los negocios -o a la disidencia política- tienen al menos uno de estos aparatos, por los que reciben, escritos en una pantalla de cristal líquido, mensajes -cifrados o no- transmitidos por ondas. El decreto obliga a todas las empresas del sector, incluso a las ya autorizadas, a registrarse en el Ministerio de Correos para poder seguir operando. Una cláusula adicional prohíbe la participación de empresas extranjeras en negocios de telecomunicaciones.
El régimen ha justificado estas medidas con razones de seguridad nacional. Al publicar las nuevas disposiciones, el Diario de la Economía señalaba: «Las comunicaciones constituyen el sistema nervioso de la nación y están relacionados con sus secretos y su seguridad.