El Observatorio

“Basta de represión contra los abogados chinos”

Página 1

En medio de la ola de arrestos que el gobierno chino está ejecutando contra activistas de derechos humanos y, especialmente, contra abogados especializados en el tema, un grupo de 20 abogados y jueces de Francia, Austria, Alemania, Reino Unido, Pakistán y otros países, han firmado una carta abierta, dirigida al presidente Xi Jinping, para demandarle el cese inmediato de la represión contra sus colegas en el gigante asiático.

En su misiva, publicada por ACAT, una ONG cristiana que lucha contra la pena de muerte y la tortura, los juristas recuerdan que la actual oleada represiva comenzó en julio de 2015, con la detención de la abogada Wang Yu, de su marido y de su hijo de 16 años, y que desde entonces, un centenar de abogados, empleados de sus bufetes y familiares de estos han estado bajo la presión constante de las fuerzas de seguridad, que han detenido y hecho desaparecer a varias personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Según los firmantes, hasta el pasado 18 de enero, 12 abogados y sus asistentes continuaban bajo arresto o habían pasado a ser “oficialmente detenidos” después de seis meses de encarcelamiento arbitrario. La mayoría de ellos están acusados de “subversión contra el poder del Estado” o de “incitar a la subversión contra el poder del Estado”.

“Ninguno de ellos hasta el momento ha tenido acceso a un abogado, a su familia o a sus amigos. Mientras que algunos de ellos han sido arrestados por la sospecha de haber cometido crímenes presuntamente relacionados con la seguridad del Estado y el orden público (…), otros, como Li Chunfu, no son sospechosos de ningún delito. En algunos casos, como el de Zhou Shifeng (encarcelado por subversión), distintos indicios mueven a pensar que fue víctima de presiones para ‘despedir’ a sus abogados defensores. Por último, el gobierno chino llega incluso a negar que el abogado Li Heping, hermano mayor de Li Chunfu, haya sido detenido”.

Los juristas denunciantes, entre los que se cuenta el extitular de Justicia francés, Robert Badinter, y Manfred Novak, ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, manifiestan además al ejecutivo de Xi Jinping su temor de que, sin protección y sin disponer de representación legal, todas esas personas pueden ser torturadas y sufrir otros tratos crueles e inhumanos. El temor resulta “aún mayor” a la luz de que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en una declaración del 9 de diciembre de 2015, se dijera “profundamente preocupado, porque muchos informes concordes muestran que la práctica de la tortura y los malos tratos sigue profundamente arraigada en la justicia penal [china], que se basa excesivamente en confesiones para obtener condenas”.

Asimismo, los firmantes citan al propio presidente Xi Jinping, quien ha expresado en varias ocasiones que “China es un país donde impera la ley”, y recuerdan que el Estado asiático ha rubricado y ratificado el Convenio Internacional contra la Tortura, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, los abusos descritos son totalmente contrarios a tales tratados.

“Para justificar su pretensión de ser considerado como un miembro responsable de la comunidad internacional y obtener el respeto debido a su condición de superpotencia mundial, es esencial que China respete sus compromisos en materia de derechos humanos”, subrayan los juristas. Además, recomiendan a Pekín que, para que su compromiso sea tomado con seriedad, debe liberar a todos los abogados y las demás personas detenidas en relación con estos casos, así como asegurarles a todos el acceso a un defensor legal, revelar dónde se encuentran aquellos que han sido objeto de desaparición forzada, y garantizar que los hoy detenidos no vuelvan a ser sometidos, una vez en libertad, a detenciones temporales arbitrarias, a la tortura o al confinamiento en hospitales psiquiátricos.


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