El sistema educativo italiano dista mucho del de otros países europeos, por el predominio de los centros públicos, a pesar de la evidente vitalidad cristiana de esa nación. La situación nada tiene que ver con los principios paritarios de los Países Bajos, o con la concertación de centros privados, típica de Francia y luego de España. Pero el predominio de la escuela pública no implica renunciar a métodos de financiación privada. Ante la insuficiencia de fondos, los colegios públicos están pidiendo a las familias una contribución “voluntaria” para cubrir los gastos.
En tiempos de recortes, el ministro de educación ha prometido asignar 50 millones más para gastos de los centros escolares públicos. Pero no parece suficiente, como explica un reportaje de Corriere della Sera (12-01-2015). Por eso, algunas escuelas acuden sin tapujos a las contribuciones voluntarias de los padres, fiscalmente deducibles desde 2007.
De hecho, esas escuelas piden cada año a las familias una cantidad fija –entre 50 y 200 euros–, para cubrir gastos de gestión y actividades extraescolares. Los ingresos se gastan en necesidades variadas: mantenimiento, fotocopias, tóner, hasta papel higiénico.
Jurídicamente, se trata de aportaciones voluntarias, pero no es fácil que los padres se resistan cuando se desea dar la mejor educación a los propios hijos. Quién no paga, corre el riesgo del aislamiento y de la desconfianza de los otros padres. A veces, los directores condicionan la admisión de alumnos a la aceptación de estas tasas extras, pues las consideran indispensables para que el centro pueda funcionar adecuadamente. El reforzamiento de la autonomía de las escuelas ha favorecido también que cada una busque nuevos medios para mantener actividades que consideran importantes, más allá de los servicios esenciales.
Más o menos es lo mismo que ocurre en España con la enseñanza privada concertada, que, ante la insuficiente financiación estatal, tiene que pedir tasas suplementarias a las familias, voluntarias pero indispensables.
En Italia la educación es obligatoria y gratuita en los centros públicos, de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución italiana. Existe luego una maraña de normas, pero ninguna ampara la exigencia de un plus familiar. Esa colaboración sólo puede ser planteada desde la libre cooperación de los padres. Pero de hecho se pide, y goza de la aquiescencia ministerial: el ministro la encarece, para asegurar la calidad de la enseñanza.
Los gestores de las escuelas utilizan formularios irreprochables: nadie puede acusarles de violar disposiciones concretas; subrayan el carácter voluntario de las tasas que piden a las familias, aunque señalen el plazo para hacerlas efectivas, y añadan que son fiscalmente deducibles, sin dejar de recordar que están derogadas las normas que prohibían expresamente esas contribuciones familiares. Ni imposición ni renuncia. Italia es el reino del matiz, de la sfumatura.