El gobierno alemán ha aprobado una reforma de las pensiones, la primera importante desde 1957. Seguirá existiendo el sistema público obligatorio, de reparto; pero se invita a los trabajadores a que recurran también a planes privados de pensiones.
El envejecimiento demográfico imponía ajustar el sistema de pensiones, amenazado de quiebra a medio plazo. Los mayores de 60 años, que ahora son el 22% de la población, serán el 35% en 2030. En esa misma fecha, habrá un activo por pensionista, mientras que hoy la proporción es de dos por uno. De modo que el sistema de reparto estaba abocado a una dolorosa alternativa: o subir mucho las cotizaciones o reducir drásticamente las pensiones.
El gobierno socialdemócrata ha optado por una vía media. Por una parte, se aumentarán gradualmente las cotizaciones obligatorias al sistema público, hasta un máximo del 22% de los salarios brutos en 2030 (ahora están en el 19,3%). Por otra, se bajarán las pensiones públicas, del 70% al 64% del sueldo medio. Pero a la vez, habrá nuevas deducciones fiscales y subvenciones por valor de 19.000 millones de marcos (9.700 millones de euros) anuales, para que los trabajadores inviertan un 4% de sus ingresos en planes privados de pensiones. Se espera de este modo que hasta el 40% de las futuras pensiones sea de origen privado, lo que aliviaría la carga que pesa sobre el sistema estatal.
El proyecto ha encontrado críticos en casi todos los ámbitos. Los sindicatos y el ala más izquierdista del partido socialdemócrata se oponían a todo recorte de las pensiones públicas. Para los liberales, la reforma se quedaba corta. Los democristianos decían que es demasiado compleja. En vista de ello, el gobierno hizo una concesión: retrasar un año -hasta 2002- la puesta en práctica de la reforma. Con esto gana tiempo para lograr el apoyo del Bundesrat (la Cámara de representación territorial) y buscar acuerdos con los demás partidos acerca de los detalles. Pero este gesto para la oposición provocó las protestas de los aliados de los socialdemócratas, los verdes, que amenazaron con retirar su apoyo a la reforma, y solo lo mantuvieron después de recibir garantías de que la dilación no supondría tener que aumentar las cotizaciones al sistema público. Tras estos arreglos, se espera que la ley de reforma entre en vigor el año próximo, aunque no empiece a aplicarse hasta 2002, lo que de paso permitirá al gobierno afrontar las próximas elecciones antes de que la gente note los primeros recortes de sus salarios.