Décadas después que los otros socialistas europeos, los laboristas británicos acaban de romper las últimas amarras con el marxismo. El cambio más emblemático, aprobado en el congreso extraordinario de principios de mayo, es el abandono de la cláusula de los estatutos que preconizaba «la propiedad común de los medios de producción».
La «Cláusula IV» había sido redactada por el socialista Sidney Weeb en 1918, en pleno entusiasmo por la Revolución Rusa. Después se había convertido en un texto tabú, contra el que se había estrellado todo proyecto de reforma, ya intentado por el secretario laborista Hugh Gaitskell en 1959. Ese mismo año los socialdemócratas alemanes habían renunciado al marxismo en su congreso de Bad Godesberg, actitud que seguirían después sus correligionarios franceses y españoles. En cambio, los laboristas británicos seguían aferrados al principio de la propiedad pública de los medios de producción, aunque en las últimas contiendas electorales se mostraran más abiertos a las soluciones de mercado.
Pero tras cuatro derrotas electorales sucesivas y el descrédito generalizado del marxismo, los reformistas han encontrado el apoyo del 65% de los delegados del congreso para aprobar el cambio. Entre el 35% derrotado se encuentran las principales centrales sindicales.
El cambio es sobre todo un triunfo personal de Tony Blair, secretario del partido desde hace un año, que está llevando al laborismo hacia planteamientos más modernos. Blair alegaba que la «Cláusula IV» confundía los fines del partido, tales como la libertad y la igualdad, con los medios. A su juicio, la propiedad pública es sólo un medio y, por tanto, revisable.
El texto original de la cláusula prometía a los trabajadores «el fruto de su trabajo y su distribución lo más equitativa posible sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción, distribución e intercambio». En la nueva, más larga, el partido laborista se plantea como objetivo «proporcionar a cada uno los medios de realizar sus verdaderas posibilidades y a todos una comunidad en la que el poder, la riqueza y las oportunidades estén en manos de la mayoría y no de unos pocos, en la que nuestros derechos reflejen nuestros deberes, y donde vivamos juntos libremente, en un espíritu de solidaridad, de tolerancia y de respeto».
Entre los medios para lograr ese objetivo, el laborismo se compromete a impulsar una economía en la que «la iniciativa del mercado y el rigor de la competitividad se unan a las fuerzas de la asociación y la cooperación para producir la riqueza que necesita la nación y para dar a cada uno su oportunidad de trabajar y prosperar, con un sector privado floreciente y servicios públicos de calidad».
La nueva cláusula no dice qué servicios deberían seguir en manos del Estado, pero los dirigentes han mencionado que probablemente serían los ferrocarriles, correos, la sanidad y la educación. Otros que han sido privatizados, como la electricidad y el agua, serían sometidos a una regulación más estrecha. En lo que respecta a la educación, Blair ha moderado la tradicional hostilidad de su partido hacia la enseñanza privada. De hecho, provocó cierto malestar en el partido cuando inscribió a su hijo en una escuela católica subvencionada por el Estado.
El próximo paso de Blair será reducir la influencia de los sindicatos en el seno del partido. Actualmente, cada central sindical que pertenece al laborismo vota en bloque en el congreso, lo que representa en conjunto el 70% de los votos. La propuesta es reducir el voto sindical al 50%. El giro que Blair ha impuesto al partido parece ser atractivo para el electorado, a juzgar por su triunfo pocos días después en las elecciones municipales.