Roma. Con la firma de un acuerdo bilateral con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que garantiza la libertad religiosa, la salvaguarda de los Santos Lugares y el estatuto legal de la Iglesia católica en el territorio, la Santa Sede ha reconocido también, de hecho, el futuro Estado palestino, que deberá nacer a la conclusión del actual proceso de paz con Israel.
Más que ese reconocimiento anticipado, la reiteración de la demanda de un estatuto especial para Jerusalén, con garantías internacionales, ha provocado que el acuerdo fuera recibido muy críticamente por el gobierno israelí, que lo calificó de injerencia en el proceso de paz. El acuerdo añade que «acciones y decisiones unilaterales que alteren el carácter específico y el status de Jerusalén son moral y jurídicamente inaceptables». Aunque la petición sobre Jerusalén está en línea con las resoluciones de la ONU, Israel considera la ciudad su «capital eterna e indivisible» y no consiente que se cuestione la anexión de la parte árabe de la ciudad, llevada a cabo en 1967, al final de la Guerra de los Seis Días. La anexión, sin embargo, no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Los palestinos, por su parte, desean instalar su propia capital en la parte árabe de Jerusalén.
En respuesta a las críticas israelíes, el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, publicó una nota para aclarar que, en lo que respecta a Jerusalén, «el acuerdo no entra en las cuestiones territoriales o de soberanía que competen a las dos partes interesadas: israelíes y palestinos». El texto firmado, precisa la nota, se refiere solo a «la dimensión religiosa y cultural universal de los lugares más sagrados de la ciudad».
Al margen de esas reacciones, el acuerdo firmado en el Vaticano el 15 de febrero contiene el reconocimiento de la libertad de culto y de conciencia, dos principios que no se admiten en países oficialmente islámicos, en los que no está permitido, por ejemplo, cambiar de religión. Una práctica que, según el acuerdo, no se seguirá en los territorios actualmente administrados por la Autoridad Nacional Palestina (Cisjordania y Gaza), donde los cristianos representan una minoría de unas 50.000 personas, dentro de una población musulmana que supera los 2,7 millones de habitantes.
El acuerdo también habría que verlo en la perspectiva del viaje que Juan Pablo II realizará a Tierra Santa del 20 al 26 de marzo, donde visitará tanto zonas gobernadas por Israel como territorios de la Autoridad Nacional Palestina. El Vaticano había firmado con Israel un acuerdo fundamental en 1993 (ver servicio 4/94); faltaba uno semejante con los representantes palestinos. Por lo que se refiere específicamente al viaje, cabe señalar que la audiencia que el Papa concedió a Yasser Arafat con motivo de la firma del acuerdo concluyó con una novedad al respecto: Arafat comunicó que el Papa había aceptado incluir en su itinerario una parada en la ciudad de Jericó, que está bajo gobierno palestino. Una decisión que el pontífice tomó, posiblemente, sin tan siquiera consultar con sus colaboradores y que a todas luces representa un gesto de deferencia hacia los palestinos.
Diego Contreras