Los diarios del mundo han hablado recientemente de “debacle diplomática” para Israel: cualquiera que sea el resultado de la ofensiva sobre Gaza, es evidente que la legalidad de esta acción enfrenta serios cuestionamientos y su memoria no podrá desvincularse de las más airadas peticiones de cuentas. Según cifras del gobierno de Hamas, el 40% de las víctimas lo componen mujeres y niños; pero la responsabilidad de la organización terrorista, sostienen los expertos en derecho internacional, debe quedar también muy clara.
Las razones de toda guerra -qué duda cabe- son la violencia y la destrucción. Pero dentro de su imposible lógica se exige al menos que se respeten algunos principios fundamentales, relativos sobre todo a quienes no integran las filas del ejército. Según la legislación internacional, la proporcionalidad -que es una cuestión de cálculo y no de número- debería tener en cuenta si el riesgo para los civiles resultará excesivo en relación a las dimensiones de la avanzada militar (una valoración, como se ve, que recae sobre todo en el ataque, pues el peligro para la población se da por sentado y sólo se considera que no resulte “excesivo”).
Otro factor debe decidir sobre si, aun siendo legítimo el objetivo, las armas que se dirigen contra él son adecuadas para reducir al mínimo la devastación civil. Este criterio no debe centrarse en los resultados que un arma produce una vez que ha sido disparada, sino en la anticipación que haga el comandante a cargo de los daños que provocará su uso.
Finalmente se impone el principio de “discriminación”, que se pregunta si un combatiente se ha esforzado lo bastante para impactar sólo en blancos y efectivos militares y procurando esquivar a la población civil. El padre Manuel Musallam, párroco de la iglesia latina de Gaza, aclara que aunque “es verdad que hasta ahora los objetivos de los aviones han sido en su gran mayoría las sedes principales del gobierno y de Hamas”, la distancia entre estos lugares y las viviendas de los civiles no supera los 6 metros, que es lo dispuesto en la ley. “Por eso las casas de la gente sufren graves daños y muchos de los niños fallecidos lo son por este motivo”, dice el padre Musallam, aludiendo al “estado constante de pánico y terror” que, junto a las más que precarias condiciones producidas por el bloqueo, minan la salud de los niños hasta llevarlos a la muerte, como sucedió en el caso de Cristina Wadi al-Turk, la alumna de la escuela de la Sagrada Familia que fue la primera víctima mortal cristiana producida por esta guerra.
Juzgar esos aspectos es algo que no puede hacerse mientras permanece el conflicto y que requiere una investigación sobre las circunstancias en el teatro de la guerra. Especialmente complicado para establecer conclusiones es el caso de la guerrilla urbana, en el que -como ocurre con Hamas- los combatientes viven y se refugian entre la población civil.
Los radicales islamistas, en efecto, poseen las condiciones necesarias para satisfacer, como señala en International Herald Tribune (18-01-09) Steven Erlanger, la “definición clásica del terrorismo”: violan el principio de discriminación disparando cohetes contra las ciudades y los habitantes de Israel, y exponen a su propios ciudadanos almacenando armas entre ellos en mezquitas, escuelas y, según señalan los israelíes, en hospitales, convirtiéndolo todo en potenciales objetivos militares. La Cruz Roja, sin embargo, que suele mantener su neutralidad en los conflictos, ha hecho público un comunicado en el que reprocha a las fuerzas israelíes su incumplimiento de la obligación impuesta por las leyes humanitarias internacionales sobre cuidados y evacuación de los heridos en el tiempo oportuno. Otras organizaciones de derechos humanos han abogado por que ciertos edificios como el Parlamento, las estaciones de policía y el palacio presidencial sean considerados espacios de naturaleza civil.
La Santa Sede ante la ONU
“Las víctimas civiles no son un mero efecto colateral”
Durante su participación en el debate abierto realizado recientemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el observador permanente del Vaticano en la ONU, monseñor Celestino Migliore, ha afirmado que “en los últimos días hemos sido testigos de un fracaso concreto, desde todos los puntos de vista, en el respeto de la distinción entre civiles y objetivos militares”.
El legado pontificio, que ha invocado el uso exclusivo de medios legítimos para ejercer el derecho de los estados a defender a sus ciudadanos o a reivindicar su autodeterminación, se ha referido a la obligación, por parte de quienes dirigen estas acciones, de que “reconozcan su responsabilidad ante la comunidad internacional y el respeto de los demás estados y comunidades del derecho a existir y a convivir en paz”. La muerte de civiles, ha dicho Migliore, no puede considerarse sólo un “efecto colateral de la guerra”.
Según el prelado, otra de las causas que influyen en el incremento de víctimas no combatientes es “la producción masiva y continua innovación y sofisticación de armamentos”. En particular se ha referido monseñor Migliore a “la mayor calidad y distribución de armas de pequeño calibre y de armas ligeras, así como las minas antipersonales y bombas de racimo” responsables de hacer “más fácil y eficaz el asesinato de seres humanos”.
A propósito de esto, Migliore exhortó a los diferentes estados a suscribir la Convención que prohíbe el uso, producción, transferencia y almacenamiento de las bombas de racimo, un texto que se aprobó el pasado 30 de mayo en Dublín. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Israel que entregue los mapas con las coordenadas precisas de las zonas del sur de Líbano en que sus fuerzas arrojaron, con graves consecuencias para la población civil, bombas de racimo durante los meses de julio y agosto de 2006.
El representante papal ha señalado asimismo que el acceso humanitario y la protección especial de mujeres y niños son, junto al desarme, aspectos fundamentales en la preservación de la integridad física de los civiles, cuyas agresiones ha denunciado a propósito de varios escenarios trágicos del actual panorama mundial (Gaza, pero también Darfur y la República Democrática del Congo).