En España “las políticas públicas han construido un sistema de fomento del aborto ilegal”, explica Josep Miró i Ardèvol en un artículo que publica La Gaceta (19-12-2007).
Miró, presidente de E-cristians, explica que en España la ley que regula las excepciones concretas en que el aborto no es punible tiene una reglamentación muy exigua, porque las administraciones públicas no han querido desarrollarla. “No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto”.
La escasa proporción de abortos que se realizan en los hospitales públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve preferible derivar hacia clínicas privadas los abortos que no están claramente tipificados. “Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95% del total”. De este modo la sanidad pública se protege de posibles repercusiones jurídicas causadas por la ilegalidad del aborto.
La sanidad pública, sigue explicando Miró, ha establecido un sistema para subvencionar a las clínicas abortista, de dos modos: “Uno mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero público, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que financian. En el caso de Cataluña, la fundación es Salud y Familia. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas”.
El sistema se presta a arbitrariedades evidentes. “Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos”.
El dinero de la sanidad pública estimula así suculentos negocios privados de las clínicas abortistas. “Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. ¿Por qué la post-izquierda proclama que la sanidad debe ser pública, pero el aborto ha sido privatizado al máximo? Porque esta es la garantía del fraude, sin que la sanidad pública se implique directamente”.
“El resultado -concluye Miró- es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de natalidad”.