Tanto en Canadá como en Estados Unidos la reglamentación sobre tenencia de armas es una cuestión política vidriosa. Pero en Canadá se ha conseguido imponer controles más estrictos en dos fases. La nueva ley al respecto entró en vigor en 1998 y daba de plazo hasta el fin del pasado año 2000 para que los propietarios de armas se registrasen. Después, cada arma deberá contar con la correspondiente licencia antes del final de 2002, como ya se exigía antes para las pistolas.
El portavoz de la delegación en Ottawa de la Agencia Federal para las Armas de Fuego se felicitaba en unas declaraciones al New York Times (26-XII-2000) de estar recibiendo 100.000 formularios a la semana, que solicitan licencias temporales para usar armas. A ese ritmo, al final del año 2000, 1.800.000 propietarios de armas (el 80% del total) ya se habrán registrado. Hace seis meses, solo uno de cada diez canadienses armados había cumplido con el nuevo requisito legal.
Los grupos anti-control intentaron echar abajo la ley con una intensa campaña. Recurrieron a los tribunales, pero la Corte Suprema canadiense confirmó en junio pasado la validez de la ley de control de armas, elaborada por el Partido Liberal. En las elecciones celebradas en noviembre pasado, la Alianza Canadiense, partido que se opone al control de las armas, fracasó en su intento de desbancar a los liberales.
El proceso para establecer el registro de armas no ha sido barato. El gobierno ha gastado 220 millones de dólares, tres veces más de lo inicialmente previsto. La televisión, la radio y los periódicos han acogido spots publicitarios a favor del registro. El gobierno destacó 400 empleados en las puertas de tiendas de armas y galerías de tiro, que lograron el registro de 700.000 armas de fuego, propiedad de los ciudadanos que acuden a esos establecimientos. El ritmo se aceleró cuando el gobierno decidió bajar de 30 a 6,50 dólares las tasas para la obtención de las licencias. Además, ha dejado en suspenso durante seis meses las sanciones para los propietarios de armas no registradas, que van desde la requisa hasta los seis meses de cárcel.
Según estimaciones de la citada Agencia, uno de cada cuatro canadienses poseedores de armas está procediendo a venderlas, entregarlas a la policía o inutilizarlas. Esto disminuye el riesgo de muertes por suicidio o accidentes.
Los partidarios de la ley argumentan que la reglamentación no prohíbe tener armas de fuego: solo exige que el esfuerzo para obtenerlas sea mayor del que entraña la compra de una tostadora, como ejemplo de artículo inocuo.
Por su parte, los contrarios a la ley aducen que el registro no hará más que poner nuevos obstáculos a la práctica de la caza. El presidente de la Asociación Nacional para Armas de Fuego, Jim Hinter, ha declarado que «el gobierno, en vez de poner en el punto de mira a los criminales, se dedica a perseguir a los cazadores y tiradores, que serán los únicos que pedirán la licencia, mientras los criminales no lo harán».