El convenio de la industria química firmado la semana pasada en Alemania rompe con dos principios, hasta ahora intocables, de la negociación colectiva en ese país: admite reducciones de salarios y exenciones al acuerdo del sector para empresas en dificultades. Es un primer signo de flexibilidad en materia laboral, al parecer ineludible para defender la competitividad de las empresas alemanas y salvar empleos.
IG Chemie, la central sindical del sector químico, representa a 600.000 trabajadores de unas 1.700 empresas. El sector ha perdido 60.000 empleos desde 1993. Para frenar la tendencia, los sindicatos aceptan la posibilidad de que los salarios bajen hasta un 10% a cambio de que no haya despidos. Las empresas que pretendan reducir los sueldos tendrán que demostrar a los delegados sindicales, enseñando sus cuentas, que de otro modo los empleos quedarían en peligro.
Además, las empresas químicas tendrán mayor libertad para acordar con sus empleados condiciones de trabajo especiales, al margen de lo estipulado en el convenio del sector.
Medidas como ésta pueden empezar a multiplicarse en estos tiempos de crisis para la industria alemana, que, según la patronal, se deben en gran parte a los elevados costes laborales. La tasa de paro es del 11,3%, la más alta desde los años treinta. En esta situación, no parecen sostenibles las ventajas de que disfrutan los trabajadores alemanes: despido muy caro, salario medio de 30 dólares a la hora (casi el doble que en Estados Unidos o Gran Bretaña), seis semanas de vacaciones anuales, una paga extra completa en Navidad…
Y mientras tantos trabajadores nacionales están en paro, las empresas alemanas buscan mano de obra más barata en el extranjero. Siemens calcula que dentro de dos años, la mayoría de sus empleados (379.000 en la actualidad) serán extranjeros. En Hoechst, el número de empleados alemanes ha pasado en pocos años de 80.000 a 45.000. Según una encuesta, el 28% de las 6.000 mayores empresas alemanas planean trasladar producción al extranjero en los próximos tres años, y dos tercios de ellas alegan los elevados costes laborales en su propio país.
Otra variedad de lo mismo es producir en Alemania, pero con inmigrantes. La diferencia no se debe tanto al salario cuanto a las cotizaciones sociales que las empresas se ahorran al contratar extranjeros: principalmente, aportaciones al seguro de enfermedad, al sistema de pensiones y a los fondos para las vacaciones de los trabajadores.