La victoria en las elecciones municipales de Jerusalén del candidato del Likud, más nacionalista que su predecesor laborista, puede complicar la cuestión del estatuto de la ciudad, que tanto judíos como palestinos consideran, cada grupo por su lado, su capital. Otras partes interesadas, en especial la Santa Sede y últimamente también el rey Hussein de Jordania, sostienen que Jerusalén debería tener un régimen jurídico especial, garantizado internacionalmente, por ser ciudad santa para tres religiones.
Durante sus 28 años de gestión municipal, el alcalde saliente, Teddy Kollek, ha seguido una política caracterizada por el pragmatismo. Él mismo declaró en varias ocasiones que no pretendía la integración de las diversas comunidades, sino únicamente «que la ciudad funcionara». En Jerusalén viven unas 560.000 personas, que siguen divididas en cuatro barrios -judío, musulmán, cristiano y armenio- y dos zonas, occidental -adjudicada a Israel por la ONU en 1948- y oriental -ocupada en la Guerra de los Seis Días y más tarde anexionada-. Kollek ha procurado que la balanza demográfica se incline a favor de los judíos, que de hecho son ya mayoría incluso en Jerusalén Este. Para ello, ha favorecido la construcción de viviendas judías en la parte oriental, aunque ha sido el anterior gobierno de Isaac Shamir el que ha impulsado fuertemente los asentamientos judíos en la zona, de una manera que ha merecido las críticas de Kollek.
No se espera del nuevo equipo municipal, presidido por Ehud Olmert, una postura de compromiso a este respecto. El Likud ha llegado al ayuntamiento con el apoyo de los grupos judíos ortodoxos, que retiraron su propio candidato después de que Ehud Olmert les hiciera algunas concesiones. Estos aliados son decididos partidarios de proseguir la colonización judía, y el número dos de la coalición ganadora ha declarado ya que «los barrios judíos de Jerusalén comenzarán a extenderse hacia el Este; nada puede detener esta tendencia».
La postura oficial israelí sobre Jerusalén es que la ciudad es su capital «eterna e indivisible». Asimismo, el Estado de Israel se ha reservado las competencias sobre el acceso a los lugares santos de las tres religiones.
Por su parte, la Santa Sede pide para Jerusalén un estatuto especial garantizado internacionalmente. Su postura fue definida en un memorándum enviado a la ONU en 1979. Este documento detalla los principios en que debería basarse tal estatuto: libertad e igualdad de culto y acceso a los santos lugares para las tres comunidades religiosas; iguales derechos para las tres comunidades, con garantías para el desarrollo de su vida social, civil y cultural. La Santa Sede no reclama, sin embargo, que el territorio de Jerusalén quede bajo soberanía internacional.
En 1980, un editorial de L’Osservatore Romano que se entregó a los representantes de los Estados miembros de la ONU, precisaba: «Las tres comunidades religiosas de Jerusalén, la cristiana, la judía y la musulmana, tendrían que ser las copartícipes de su propio futuro (…). La cuestión de Jerusalén no se puede reducir al problema del libre acceso para todos a los Lugares Santos (…). El significado y el valor de Jerusalén sobrepasan los intereses de un solo Estado o los pactos bilaterales entre un Estado y otros Estados».
Una opinión similar es la que ha expresado el rey Hussein de Jordania en una reciente entrevista para Los Angeles Times. En ella señala que «la Ciudad Santa debería ser excluida de toda soberanía temporal». Añade que «los derechos de todos deberían ser reconocidos por igual», para que judíos, musulmanes y cristianos puedan orar allí en paz. Dice no tener una propuesta concreta para asegurar tales objetivos, pero insiste en que «los Santos Lugares deberían ser preservados de los intentos de cualquiera por imponer la soberanía sobre ellos».