¿Se meten los obispos en política?

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En una entrevista publicada en Le Monde (15-VI-93), el historiador y politólogo René Rémond se refiere, entre otros temas, al derecho de las Iglesias a pronunciarse sobre los aspectos éticos de las decisiones políticas. El asunto se ha vuelto a plantear a raíz de declaraciones de los obispos franceses sobre la nueva ley de inmigración.

¿Por qué los eclesiásticos habrían de ser los únicos que no podrían expresarse? ¿En nombre de qué principio se les puede privar de un derecho reconocido a todos los componentes de la sociedad civil? Sería una curiosa concepción de la democracia la que instituyera un estatuto de excepción sólo para las comunidades de creyentes. Además, por mucho que se diga, las Iglesias siguen estando entre las instituciones que se dirigen a muchos: interrogados sobre su identidad, más de cuatro franceses de cada cinco se consideran católicos o protestantes. Y cada domingo las iglesias de Francia acogen globalmente a una asistencia casi diez veces superior a los efectivos de todas las formaciones políticas juntas.

La experiencia ha mostrado la falta de realismo de la idea de que las creencias religiosas son un asunto estrictamente privado: aunque estas creencias sean la cosa más íntima, no por eso dejan de tener una dimensión social, porque toda fe informa el resto de las opiniones y el comportamiento en sociedad y porque toda religión se vive colectivamente y da origen a comunidades que tienen algo que decir sobre los asuntos de la ciudad.

Por consiguiente, las Iglesias están en su derecho cuando se manifiestan sobre las cuestiones de interés general, siempre que no ejerzan más presiones sobre la decisión que las admitidas por la práctica democrática. Están también en su papel cuando se pronuncian sobre la dimensión ética de los problemas políticos. Sus responsables faltarían a su deber si se callasen: ¿se han olvidado ya los reproches que han recibido por no haber elevado más su voz contra los crímenes del régimen de Vichy? Las Iglesias contribuyen a la educación de la conciencia pública.

El derecho a intervenir en el debate democrático, el deber de dar a conocer su postura, no les autoriza a decir cualquier cosa. Más aún que otras instituciones, las Iglesias comprueban la dificultad de conciliar la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Les corresponde específicamente mostrar a plena luz las implicaciones éticas de las decisiones políticas y recordar, a tiempo y si es preciso a contracorriente, los principios esenciales. Pero son también instituciones responsables que deben tener en cuenta ciertas necesidades y lo que es posible.


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