En los últimos años, algunos países han decidido unilateralmente no respetar las patentes que protegen algunos fármacos considerados de primera necesidad. Un reciente informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, convocada por el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, afirma que los sistemas de protección de la propiedad intelectual tienen que aplicarse con flexibilidad en los países pobres.
El informe se hizo público el pasado 12 de septiembre. La comisión, presidida por John Barton, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, estaba compuesta por juristas, académicos, un experto en bioética y un industrial. El mensaje, informa The Economist (14-IX-2002), es tan claro como controvertido: los países en desarrollo no deberían comprometerse con unos sistemas de protección de la propiedad intelectual pensados para el mundo desarrollado. Por su parte, los países ricos, no deberían empeorar las condiciones, sobre todo en lo que afecta a la producción de fármacos.
China acaba de anunciar que comenzará a producir un retroviral de reciente aparición, el DDI. En los últimos años, India, Brasil y Sudáfrica no han respetado las patentes que protegen algunos fármacos considerados de primera necesidad.
Hace ocho años, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmaron el acuerdo TRIPS, sobre la protección de patentes en el comercio internacional. La garantía afecta a varios sectores: el farmacéutico, el industrial, el editorial, el informático, etc. El tratado establece un mínimo de protección sobre las patentes legales, al mismo tiempo que garantiza cierta flexibilidad en defensa de los intereses nacionales de los países en desarrollo. Así, por ejemplo, permite que el gobierno de un país pueda autorizar la producción de medicamentos protegidos, en casos de emergencia nacional, sin el consentimiento del propietario de las patentes (fórmula conocida como licencia obligatoria).
El problema que detecta la comisión británica es que soluciones como la producción nacional de medicamentos no tienen aplicación real en países sin industria farmacéutica. Hasta la entrada en vigor del TRIPS en 2006 podrán acudir a terceros países productores, pero más adelante quedarán desprotegidos.
Los países ricos temen además que la bajada de precios favorezca el contrabando de medicamentos en los países industrializados, donde los laboratorios perderían mucho dinero (ver servicio 31/01). El TRIPS recoge algunos principios pero las legislaciones nacionales son muy variadas.
El informe también trata la explotación comercial por empresas occidentales de productos propios de la medicina tradicional. Los nativos les dan un uso doméstico, pero en los países ricos se venden en farmacias a altos precios. La comisión propone que sean las autoridades locales las que elaboren una guía de conocimientos, y que sean ellas las que gestionen la concesión de los derechos a las empresas. Pero no elude la necesidad de un nuevo planteamiento, que dé cabida a problemas como la propiedad comunitaria sobre esos conocimientos, o la inexistencia de fechas de invención o de autoría. En cualquier caso, resultaría imprescindible el consentimiento del usuario de esos medios tradicionales.
El director general de la OMC, Supachai Panitchpakdi, ha declarado que las propuestas de la Comisión británica constituyen una valiosa aportación para el debate. Actualmente, el consejo de la OMC responsable de la aplicación del TRIPS tiene en estudio la cuestión de la licencia obligatoria en países sin industria farmacéutica. El 17 de septiembre, el consejo celebró una reunión para examinar el asunto.