Se busca reforzar la autoridad de los profesores

En Madrid se prepara una ley para dar rango jurídico de autoridad a los docentes de la enseñanza pública

Página 1

La Comunidad de Madrid ha anunciado una próxima ley que dará a los profesores el rango de autoridad pública, análogo al que tienen funcionarios como los jueces o los policías. La intención es dar un mayor respaldo formal a la autoridad natural que por su oficio les corresponde y protegerles contra faltas de respeto, amenazas y agresiones por parte de alumnos o padres. Estos males se han multiplicado en los últimos años, y los docentes los acusan vivamente, incluso -no pocas veces- con crisis de ansiedad o depresión.

Los actos de fuerza, intimidación o resistencia graves contra un profesor serán considerados delitos, castigados con penas mucho mayores que conductas semejantes contra un ciudadano común

La abundancia de comentarios con que se ha recibido el anuncio muestra que toca una fibra sensible, pues hasta las opiniones contrarias a la medida reconocen el problema aunque estén en desacuerdo con la medida. Los testimonios de profesores que cuentan sus penalidades han alcanzado bastante difusión. Algunos han propuesto diagnósticos muy afilados, como José Sánchez Tortosa en su libro El profesor en la trinchera o Ricardo Moreno Castillo en Panfleto antipedagógico y De la buena y la mala educación. Suelen señalar como factores influyentes la desintegración familiar y otros fenómenos de origen social. Pero en general, coinciden en echar buena parte de la culpa a la reforma educativa de 1990 (mediante la LOGSE, sustituida en 2006 por la vigente LOE), que por las teorías pedagógicas que le sirvieron de inspiración favoreció la relajación de la exigencia académica y quitó a profesores y directivos de los colegios poderes para combatir la indisciplina.

Por ejemplo, Ricardo Moreno -y otros profesores con él- sostiene que la prolongación hasta los 16 años de la enseñanza obligatoria, combinada con el principio de la “comprensividad”, deja en las aulas a gran número de alumnos sin interés por estudiar, a los que no se da opción de trabajar ni de pasar a la formación profesional desde los 14. También recalca que un difuso ambiente de desprecio del conocimiento hace chicos proclives a la violencia.

Estos fenómenos no son exclusivos de España. Este verano ha sido un inesperado éxito editorial en Bélgica un libro del mismo estilo, Madame, vous êtes une prof de merde! (Éditions de l’Arbre). El título transcribe la lindeza que cierto día una alumna espetó a la autora, Charlotte Charpot (seudónimo), ex profesora alsaciana de 28 años que ejerció en Francia antes de trasladarse a una escuela de Bruselas. Su relato de guerra incluye casi toda clase de oprobios, sufridos ante la laxitud de la dirección del centro y la pasividad de padres incapaces de imponer su autoridad. Finalmente, ella decidió abandonar, “víctima de presiones continuas, de un estado de tensión permanente, de fatiga moral y física”. Tras las buenas ventas en Bélgica, la obra empezará a ser distribuida en Francia este mes.

Más autoridad con más responsabilidad

Con la Ley de Autoridad del Profesor que se prepara en Madrid se pretende atajar desórdenes como los descritos. Las consecuencias jurídicas serán que los profesores gozarán de presunción de veracidad, de modo que en una disputa su palabra tendrá más crédito, y los actos de fuerza, intimidación o resistencia graves contra ellos serán considerados delitos, castigados con penas mucho mayores que conductas semejantes contra un ciudadano común. A cambio, estarán sujetos a sanciones más duras si abusan de su autoridad.

La iniciativa no carece de precedentes. La Ley de Educación de Cataluña otorga la condición de autoridad a los directores de colegio, pero no a los profesores. Otras dos comunidades, Valencia y La Rioja, equiparan los profesores a las autoridades públicas pero con menos respaldo legal, pues lo hacen en decretos sobre disciplina (llamados de convivencia), que son normas de rango inferior. El año pasado, la Fiscalía General del Estado dio instrucciones a los fiscales a que calificaran de delito los ataques a profesores, al igual que a una autoridad; pero eso no vincula al juez. De todas formas, se han dado sentencias que admiten la equiparación.

Como los precedentes, la futura ley madrileña solo se aplicará a los docentes de la enseñanza pública, que por cierto son los más necesitados de protección. En los centros privados, concertados o no, por lo general hay menos problemas, entre otras razones porque las familias los han escogido expresamente, suelen conocer mejor y aceptar más la política de la dirección y es por eso más frecuente que apoyen a directivos y profesores.

Para fomentar una unidad de criterio semejante de escuelas y padres en la red pública de Madrid, por primera vez en el curso recién iniciado, se pide a las familias conformidad expresa con el decreto de convivencia, del que tienen que entregar en el colegio un ejemplar firmado. Una idea parecida figura en el Libro Blanco sobre Educación publicado a principios de verano por el gobierno británico: los padres tendrán que comprometerse por escrito a corregir a sus hijos si perturban el buen orden escolar (cfr. Aceprensa, 7-07-2009).


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