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Empleo de los jóvenes: ¿antes aprendices que parados?

Los gobiernos optan por abaratar la contratación de jóvenes, frente a las críticas de los sindicatos


A fin de que los jóvenes lleguen a poner un pie en el mercado de trabajo, algunos gobiernos europeos están rebajando las exigencias de la legislación laboral para contratarles. Pero esta reforma suscita una fuerte oposición de los sindicatos. Éstos ven ahí el riesgo de que se cree una reserva de mano de obra barata, que sustituiría incluso a otros trabajadores ya empleados.

En Francia, de 3 millones de jóvenes en edad de trabajar, uno de cada cuatro está sin empleo y carece de ingresos. Con el fin de crear más oportunidades de empleo para los jóvenes, el gobierno de Édouard Balladur ha adoptado diversas medidas, entre ellas el contrato de inserción profesional (CIP). Con este contrato, de duración máxima de un año, se podría pagar a los jóvenes sólo el 80% del salario mínimo. La fórmula obliga a la empresa a ocuparse de la formación del joven empleado, mediante una función de tutoría.

Uno de los puntos más discutidos es que el CIP podría aplicarse también a los jóvenes con título universitario, si están en paro desde al menos seis meses. Balladur justifica esta disposición por el hecho de que muchos de estos jóvenes titulados no perciben ningún subsidio de desempleo ya que nunca han trabajado.

El proyecto ha despertado las críticas de los sindicatos, pues afecta a algunos asuntos simbólicos, como el salario mínimo y el valor de los títulos. Los sindicatos denuncian el peligro de un "efecto sustitución", ya que a las empresas les resultaría más barato contratar a jóvenes en vez de asalariados de más edad y a veces con menor cualificación. También se han movilizado los estudiantes, que ven amenazado el valor del título como "ascensor social". Ante las resistencias, el gobierno prepara una rectificación: se definirá mejor la naturaleza de la tutoría prevista en la ley; y la remuneración de los jóvenes titulados (bachillerato más dos años de universidad) no podrá ser inferior al salario mínimo.

El contrato de aprendizaje para jóvenes es también uno de los caballos de batalla en la oposición de los sindicatos españoles a la reforma laboral aprobada por el gobierno. Los destinatarios de este contrato son jóvenes de 16 a 25 años, sin título universitario ni de formación profesional de grado medio o superior. La duración será de 6 meses a 3 años. La retribución ascendería al 70% del salario mínimo el primer año, al 80% el segundo y al 90% el tercero. Se debe dedicar a formación teórica el 15% del tiempo de trabajo. Y los aprendices no tendrían derecho a cobrar subsidio de desempleo.

Los sindicatos critican, entre otras cosas, que no esté asegurada la formación, ya que no hay un verdadero control ni se exige que las empresas cumplan determinados requisitos para poder impartirla. También temen que el contrato de aprendizaje sustituya a otras fórmulas contractuales más caras para la empresa. Y, por otra parte, advierten que no se garantiza que sea aplicable sólo a los que trabajan por primera vez, con lo que no se cumpliría la finalidad de facilitar la primera experiencia laboral. Por su parte, el gobierno puede justificar la necesidad del cambio por el hecho de que el paro está aumentando más entre los menores de 25 años. Según la última Encuesta de Población Activa, hay 1,57 millones de jóvenes con trabajo frente a 1,27 millones en paro.