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Inmigrantes deseados (y 2)

Pasaportes a la carta (con el euro por delante)


Llegar con el carro de la compra a un comercio y pedirle al dependiente: “Por favor, un kilo de pasaportes”, podría ser una escena de un guion humorístico. Es ficción, pero el fondo es real: se puede comprar pasaportes –o la residencia legal– en varios países que, paradójicamente, apuestan por fronteras infranqueables en pro de preservar su seguridad interna.


La clave es el dinero. Ya puede tratarse de un ciudadano camerunés u hondureño: si tiene con qué pagarlo, no tiene que arriesgarse a montar en una frágil embarcación que lo lleve a Canarias o al fondo del Atlántico, ni acampar en Tijuana para intentar cruzar a suelo norteamericano. Tanto España como EE.UU. –con su visa EB-51– tienen mecanismos legales que le ahorran esas tribulaciones, aunque siempre con el cash por delante.

Chipre da el pasaporte a quienes inviertan al menos 2 millones de euros; al año, otorga unos 700 de estos documentos

Se trata de los programas “Citizenship/Residency by Investment” (CRBI), en español: “Ciudadanía/Residencia por Inversión”, y no hay muro o valla que los frene. En algunos sitios, la idea es que el interesado compre directamente el pasaporte –como sucede en algunas islas del Caribe–, y en otros, que invierta sumas considerables en propiedades o en proyectos económicos locales.

Así, por ejemplo, Chipre garantiza el pasaporte a quienes comprometan al menos 2 millones de euros en bienes inmobiliarios, en negocios, o en bonos del Estado. Por estos conceptos, la isla mediterránea emite hasta 700 documentos cada año. Bulgaria, entretanto, otorga la residencia legal a quien aporte 500.000 euros, y si en dos años sube la cifra a dos millones, entonces lo coloca en el “carril VIP”, rumbo a la obtención de la ciudadanía por la vía rápida.

Vale apuntar, no obstante, que no todo el que obtiene residencia o ciudadanía lo hace para asentarse en el país elegido. Según explica la firma de abogados Henley and Partners a The Guardian2, de sus clientes, son pocos los que han decidido quedarse a vivir en sus “patrias” postizas, si bien algunos a los que les han hecho los trámites, como el multimillonario ruso Roman Abramovich, sí desean instalarse. El mencionado empresario lo ha intentado tanto en el Reino Unido, donde es dueño de un club de fútbol, como en Suiza, pero en ambos le han dado la negativa (en el último caso, por considerarlo un “riesgo para la seguridad pública”).

Una práctica extendida

Hasta donde se sabe, Abramovich no lo ha intentado en España, pero poder, podría. El Estado español concede la residencia a quien invierta en inmuebles y otras propiedades –la web3 del Consulado en Shanghai apunta como requisito “acreditar que el solicitante ha adquirido propiedades inmobiliarias por valor mínimo de 500.000 euros”–. Eso sí: no hay fast track a la concesión de la nacionalidad. Para obtenerla, el residente “platino” debe esperar 10 años, tanto como el común de los residentes no iberoamericanos.

Según la rama española de Transparencia Internacional4 (TI), España aprobó, entre 2013 y abril de 2018, más de 24.700 residencias a inversionistas y sus familiares. Solo por esta vía ingresaron cada año a las arcas estatales 976 millones de euros, un dinero que salió fundamentalmente de bolsillos chinos (7.118 residentes), rusos (4.715), norteamericanos (4.327), indios (3.233) y venezolanos (3.116).

Otros países de la Unión Europea conceden la residencia al que llega con el dinero en mano. Además de los ya mencionados, están Grecia, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Hungría y Portugal. En Malta, Bulgaria, Chipre y Austria se puede obtener también la nacionalidad; Austria la concede sin pasar por la residencia.

España aprobó, entre 2013 y abril de 2018, más de 24.700 residencias a inversionistas y sus familiares

Mirado el tema por encima, no habría lugar para quejas. Al fin y al cabo de lo que se trata es de entradas monetarias netas para el país y de dinamización del consumo local. Y sí, pero cuando ponemos la lupa…

Los locales pagan el pato

Si un adinerado extranjero invierte en vivienda y obtiene su pasaporte o su estancia legal en un país europeo, ello parece ser un buen negocio para todos. En España, por ejemplo, con el parque de inmuebles que quedaron sin comprador o a medio pagar durante la crisis, la decisión de establecer este mecanismo significó un alivio para los bancos.

Pero esta dinámica también puede traer efectos indeseados, como que el elevado poder adquisitivo de los recién llegados termine empujando hacia arriba los precios de la vivienda en determinadas zonas, y perjudicando a los residentes de menos ingresos.

“En Portugal –dice Carl Dolan, de TI–, una persona que invierta en un negocio y cree 10 puestos de trabajo puede optar a la residencia, lo que en teoría ayuda al mercado laboral y anima la economía. Pero, en realidad, los datos muestran que el 95% de las inversiones mediante esa fórmula ha sido en el sector inmobiliario. El principal impacto de este flujo de dinero caliente es que infla el mercado de la propiedad y provoca que la vivienda, en muchas partes de Lisboa, se haya vuelto inasequible a los residentes locales”.

Lo mismo sucede en Malta, donde el Fondo Monetario Internacional ha llegado a pedir al gobierno que adopte medidas para atender la creciente demanda de vivienda y module los requisitos por los que un inversor extranjero puede, al incursionar en este sector, calificar para un visado de residencia.

Como se observa, la sola presencia de estos nuevos vecinos no necesariamente hace que la copa se desborde y empape a todos. The Economist5 añade un caso interesante: el de Thaksin Shinawatra, exprimer ministro de Tailandia (lo derrocaron en 2006). El político asiático colecciona pasaportes, entre ellos, el de Montenegro, que obtuvo tras comprar una isla (St. Nikola) y prometer inversiones allí. Cuando se le pregunta por esos hipotéticos planes de desarrollo, se excusa con un “no he tenido tiempo” de comenzar.

Un pasaporte, mucho territorio

Que el inversor prometa, obtenga lo suyo y no cumpla, es moneda corriente en cualquier sitio, y casi peccata minuta en comparación con lo que sí puede ser –y es– un problema real: que el trapicheo de ciudadanías y residencias sirva para enmascarar a delincuentes y delitos.

En Portugal, el 95% de las inversiones a cambio de la residencia ha sido en el sector inmobiliario, lo que ha provocado el alza del precio de la vivienda

TI menciona los casos de dos individuos a los que estos mecanismos han facilitado moverse por el espacio europeo con la misma libertad que un ciudadano honesto. Uno es el ruso Oleg Deripaska, a quien Chipre concedió la ciudadanía en 2017, pese a que EE.UU. le había retirado el visado de negocios en 2007, por sus nexos con el crimen organizado en Rusia. En la primavera pasada, el magnate del aluminio fue incluido en la lista de personas6 a las que el Departamento del Tesoro les congela sus activos y les impide fraguar negocios con empresas norteamericanas. Para Nicosia, sin embargo, ello no parece suponer problema alguno.

Otro caso es Rami Makhlouf, primo del dictador sirio Bashar Al-Assad. Makhlouf, un empresario de métodos muy poco ortodoxos –como la intimidación contra sus competidores–, ha puenteado las sanciones impuestas contra la dictadura de Damasco y la ha abastecido de combustible de aviación a través de compañías fantasmas en paraísos fiscales, que son las encargadas de comprarlo. La UE lo sancionó en 2011, pero hasta marzo de 2013 Chipre no le revocó la ciudadanía. Hasta entonces, podía moverse con total libertad por el espacio Schengen (algo que Deripaska aún puede hacer).

Un programa “problemático”

Si la “generosidad” chipriota puede preocupar, también la maltesa, que se ha ganado un toque de atención desde Bruselas. Malta, que instauró su programa CBI en 2014, había vendido hasta mayo de 2017 más de 2.000 pasaportes e ingresado unos 718 millones de euros. La comisaria europea de Justicia, Věra Jourová, declaró en agosto al Financial Times7, que le preocupaba enormemente ver cómo ciudadanos rusos, que han trabajado “toda su vida” en un país en que los salarios no son altos, “de repente tienen el dinero para comprarse la ciudadanía maltesa”. Y hablamos de 650.000 euros como mínimo.

Por supuesto, las cantidades que piden Malta, Chipre, España y otros, las consigue cualquiera… Cualquiera que sea un próspero empresario de fortuna rastreable, o todo lo contrario: un experto en negocios turbios, pues no siempre las autoridades se ponen exquisitas respecto al origen del dinero. Por ello, Jourová ha calificado estos programas de “injustos” y “problemáticos”.

En 2017, una periodista maltesa fue asesinada mientras investigaba, entre otros temas, la relación entre el gobierno y un despacho especializado en la tramitación de pasaportes

Puede no ser casualidad, además, que la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada con una bomba lapa en su coche, en octubre de 2017, estuviera investigando8 al momento de su muerte los nexos entre el primer ministro de su país, Joseph Muscat, y el mencionado despacho Henley and Partners, que ha hecho carrera con la venta de pasaportes.

Sería una cruel ironía de la vida que, al final, los criminales, o quienes los enviaron, no fueran malteses de origen, sino de los que compraron esa ciudadanía; que puede estar sirviéndoles para pasar inadvertidos mientras beben una cerveza en un bar de cualquier ciudad europea.

Primera entrega de la serie: ¿Extranjero y dispuesto a trabajar? ¡Bienvenido!9