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Putin siembra el miedo entre las ONG


En los primeros meses de su tercer mandato como presidente, Vladimir Putin ha dejado claro que no va a hacer ninguna concesión a las protestas de la calle. A la ley sobre manifestaciones públicas aprobada en junio ha seguido otra que estrecha el control sobre las ONG que reciben financiación extranjera. Además, la Cámara baja del Parlamento ruso está en vías de aprobar una ley que amplía la definición legal del delito de alta traición.

En mayo, Putin volvió a asumir el cargo de presidente de Rusia con un mandato extendido de cuatro a seis años, gracias a una reforma constitucional que logró apañarse en 2008. Un mes después de la investidura, el Parlamento endureció la ley sobre manifestaciones públicas. Estas habían sido importantes el pasado diciembre en Moscú.

La nueva ley impone sanciones desorbitadas a quienes violen las normas en esos actos: las multas máximas para los infractores pasan del tope de los 880 euros a los 8.000 euros. Además, establece que las protestas públicas se hagan en espacios especialmente habilitados en cada región del país.

La ley fue aprobada por 241 votos a favor y 147 en contra. En el transcurso del acalorado debate, que duró 11 horas, 60 diputados del partido socialdemócrata Rusia Justa abandonaron la sala en señal de protesta antes de la votación definitiva. El gobierno esgrime que la nueva ley quiere proteger a la sociedad rusa del “radicalismo”, pero la oposición considera que la medida pretende disuadir a los moderados de participar en futuras protestas.

A los pocos días de aprobarse la ley, miles de personas volvieron a echarse a las calles de Moscú. Los ánimos estaban muy agitados. En parte por el debate generado por la reforma de la ley sobre protestas ilegales, y en parte también por los registros llevados a cabo por la policía en los domicilios de algunos líderes de la oposición.

Más control y menos dinero

Después llegó el mes de julio. El inicio del juicio a las Pussy Riot acaparó la atención de los medios occidentales. Entre tanto, el Parlamento aprobó una nueva ley que obliga a las ONG que reciben financiación extranjera y se dedican a actividades políticas a registrarse en el Ministerio de Justicia como “agencias extranjeras”.

Golos, la ONG rusa que denunció el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de abril y que recibe financiación de EE.UU., protestó por los controles que se le vienen encima. Entre otras cosas, ahora deberá rendir cuentas a través de una auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.

“Esto es el retorno a los métodos del Estado totalitario del siglo pasado”, declaró el líder del partido liberal Yábloko, Serguéi Mitrojin, al comentar la ley.

A Golos y a otras ONG pro derechos humanos se les complica todavía más la situación desde que Putin ordenó expulsar de Rusia a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Fue pocos días después de la última manifestación celebrada en Moscú el 15 de septiembre.

Desde que comenzó su trabajo en Rusia a finales de los noventa, USAID ha financiado con 2.000 millones de dólares a organizaciones dedicadas a la observación electoral, la promoción de los derechos humanos, la mejora de la enseñanza, la protección del medioambiente...

USAID ayudaba a Golos desde 2002. Este año, cerca del 60% del presupuesto de la agencia (unos 50 millones de dólares) fue destinado a fortalecer la democracia y la sociedad civil en Rusia.

Se amplía el delito de alta traición

El último movimiento del gobierno de Putin que ha hecho temblar a las ONG dedicadas a actividades políticas –Transparencia Internacional, Memorial, el Grupo de Helsinki de Moscú...– es una nueva ley que hará más fácil ser acusado de alta traición en Rusia. El proyecto fue aprobado por la Cámara baja del Parlamento el 21 de septiembre; aunque todavía faltan dos votaciones más, pasará sin problemas (en la primera obtuvo 449 votos de los 450 miembros de la Cámara).

El punto más polémico de la reforma es que introduce una definición muy vaga de los delitos de alta traición. Se entienden por tales los que socavan “el orden constitucional, la soberanía y la integridad territorial y estatal”.

Bajo la nueva definición, cualquier persona que revele información tenida por secreta por las autoridades a un Estado extranjero o a una organización internacional podría ser acusada de traicionar al país y afrontar penas de cárcel de hasta 20 años. “Un panorama terrorífico si tenemos en cuenta que Rusia cuenta con una larga tradición de considerar secreta todo tipo de información que en otros países está abierta al público; los mapas de alta precisión son un ejemplo”, escribe Masha Gessen en el New York Times.

Las ONG rusas temen que la nueva definición pueda exponerles a futuras persecuciones por mantener vínculos con organizaciones internacionales. La hostilidad de Putin hacia las ONG financiadas desde el extranjero viene de lejos (cfr. Aceprensa, 14-12-20051). Según cuenta El País2, durante la campaña electoral, Putin calificó de “Judas” a quienes, según él, utilizan dinero extranjero para inmiscuirse en las elecciones rusas. También llamó “chacales” a las organizaciones rusas que reciben dinero extranjero.