En octubre de 1997 la Asamblea Nacional francesa aprobó un ambicioso plan de empleo para jóvenes. Se trataba de crear 350.000 puestos de trabajo en tres años, para poner remedio al paro que afectaba al 28% de los jóvenes de 18 a 24 años.
Las nuevas oportunidades laborales se ofrecerían en los sectores público, parapúblico y asociativo, en tareas como la educación, la cultura, el deporte y los servicios de proximidad (guarderías, ayudas a domicilio, diversos apoyos sociales). El Estado financiaría el 80% del coste -equivalente al salario mínimo interprofesional-, y el resto correría a cargo de los empleadores (gobierno central, administraciones locales o asociaciones) (ver servicio 159/97).
La adopción del texto legal estuvo precedida de un amplio debate. Se veía la urgencia de que la gente joven pudiera trabajar, aunque fuese temporalmente (la duración máxima de los contratos sería cinco años), atendiendo también a necesidades reales sentidas en diversos sectores. Pero se temía un nuevo crecimiento del sector público, así como una consolidación de la cultura del subsidio, que podría ser en el fondo desmotivadora para la juventud.
A finales de 1998, se ha publicado el primer balance sobre la repercusión de estas medidas, que han facilitado empleo a 151.000 jóvenes. La mayor parte, 35.000, desempeñan tareas de apoyo en centros educativos públicos. El resto realiza tareas variadas, según lo previsto en la ley: orientación administrativa y jurídica, seguridad, tiempo libre, monumentos locales, turismo, reparación de viviendas sociales…. El 80% no ha cumplido 26 años, y dos terceras partes poseen al menos el bachillerato.
La incorporación de gente joven -no profesores- a escuelas y liceos se considera positiva, pues ha permitido atender a necesidades insuficientemente cubiertas hasta ahora: organizar actividades al aire libre, mejorar servicios concretos como las bibliotecas, facilitar mayor ayuda personal a alumnos con dificultades. Algo semejante ha sucedido en tareas indispensables en juzgados y palacios de justicia, o en los servicios comunes de grandes bloques de viviendas sociales.
Sin embargo, muchos consideran que realizan trabajos típicos de la función pública, pero con una remuneración menor que la de los funcionarios. Los interesados se quejan también de que, con frecuencia, se les encargan demasiadas tareas materiales y burocráticas, y de que apenas reciben ayuda para mejorar su formación profesional.
Todo hace suponer que será difícil prescindir de ellos en el futuro. Se habla ya de «perennizar» esos empleos, lo que constituiría una desviación del proyecto original, pues habría contribuido sobre todo a engordar el sector público. La hipótesis del gobierno era que, al descubrir que estos empleos cubren necesidades hasta ahora desatendidas, la sociedad estaría dispuesta a pagar por esos servicios.