Por una educación que dé vida

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Escuelas Católicas de España celebró el pasado fin de semana su congreso bianual. En esta XV edición, las ponencias han puesto el foco en el papel del profesor como figura central del aprendizaje.

Entre ponencia y ponencia, el secretario general, José María Alvira, sacó tiempo para hablar con Aceprensa acerca del propio congreso, la situación de la escuela concertada en España y, por supuesto, sobre las polémicas palabras pronunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la apertura del acto.

La ministra afirmó que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres de escoger una enseñanza religiosa o elegir un centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. Según ella, este derecho no es “emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. Estas palabras provocaron murmullos de desaprobación en el público asistente.

“El derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores queda vaciado si se elimina la capacidad real de elegir, como sugieren las palabras de la ministra”

No puedo dejar de preguntarle por las palabras de la ministra. ¿Cómo cree que hay que interpretarlas? ¿Qué cabe esperar del próximo gobierno en este sentido?

— Yo creo que la ministra ha sido muy consciente de lo que estaba diciendo y dónde lo estaba diciendo. Podría tratarse de una especie de advertencia a nuestras escuelas, o a todo el sector de la concertada, de que el criterio de la demanda social no va a respetarse. A nosotros, en cambio, nos parece que, sin él, el derecho de los padres, de todos los padres, a escoger la educación que quieren para sus hijos queda esencialmente vacío, pues se pierde la capacidad de elección real. Si hay libertad para crear y dirigir centros, y de cátedra –como ha subrayado la ministra–, pero no hay libertad para los padres, ¿en qué queda el derecho constitucional? Así pues, interpretamos sus palabras como una advertencia que nos deja preocupados. Porque, además, la sentencia a la que ha hecho referencia en su discurso no dice lo que ella ha señalado.

Está claro que tenemos que hablar. Ciertamente, el diálogo con el Ministerio y con el secretario de Estado de Educación ha estado abierto durante la legislatura anterior. Aunque tenemos opiniones diferentes sobre algunos puntos, la disposición a hablar ha existido por ambas partes, y esperemos que siga siendo así.

Protagonismo de los profesores

Pasemos al congreso. El lema escogido para esta edición ha sido “educar para dar vida”, toda una declaración sobre el objetivo último de la enseñanza y sobre el papel del profesor…

— Efectivamente, el lema es una manera de definir lo más importante en el proceso educativo. Al fin y al cabo, la educación debe ayudar a los estudiantes a realizar su proyecto de vida, a desarrollarse, a crecer como personas. La tarea del docente también queda perfilada de acuerdo con este mismo objetivo. Precisamente por eso hemos querido centrar el congreso en su figura.

En este sentido, las palabras de Peter Tibichi, el monje franciscano ganador del Global Teacher Prize (mejor profesor del mundo) en 2019, constituyen un ejemplo a seguir. En cuanto supimos que había sido premiado, nos pusimos en contacto con él: desde su escuela en una remota aldea de Kenia, transmite un testimonio vital muy importante sobre cómo, si hay “compromiso y pasión por parte del docente”, se puede ofrecer una educación de calidad aprovechando los medios de los que se disponga, sean cuales sean. Son palabras que deberíamos oír y pensar varias veces.

La escuela católica tiene una presencia fuerte en la sociedad española: casi 6.000 colegios, donde estudian más de 1,2 millones de alumnos (un 15% del total). En un ambiente de creciente secularización, ¿cuál está siendo la evolución de la demanda? ¿Qué plus educativo ofrecen estas escuelas para que las sigan escogiendo tantas familias?

— Lo cierto es que hay una diversidad de motivos, no uno solo. Por un lado, hay familias que las escogen por el nivel académico, que es bueno. Otras, por los valores que se transmiten, no necesariamente los vinculados directamente a la religión. Otros en cambio, sí eligen nuestros colegios específicamente por este aspecto. Pero percibimos que, incluso entre quienes no tienen esta motivación, lo normal es que tampoco se posicionen en contra de los valores religiosos. Más bien, son ejemplo de nuestra sociedad, que, por desgracia, muestra una gran indiferencia ante este tema. Por supuesto que te encuentras a personas con actitudes directamente negativas con la religión, pero son una minoría.

En cuanto a la evolución de los números, diría que se mantienen más o menos igual, en relación con la población estudiantil. Eso sí, si se tuviera más en cuenta el criterio de demanda social (es decir, que sea la decisión de los padres lo que guía la oferta de plazas financiada por el Estado), habríamos crecido. Con todo, hay mucha diferencia por comunidades autónomas. Por ejemplo, la presencia de la escuela católica y la concertada en general es mayor en País Vasco, Madrid o Castilla y León.

El déficit de la escuela concertada

La escuela concertada lleva décadas reclamando un aumento de la financiación pública, que cubra el coste real de la escolarización. ¿Hay visos de que se solucione este problema?

— Ciertamente, hay un déficit económico que se va acumulando, y que resulta un hándicap importante. Tenemos esperanza de que esto cambie. ¿Está basada en hechos esta esperanza? No lo sé. Diría que, a corto plazo, no se va a solventar el problema.

Por de pronto, hace tiempo se pidió al gobierno que realizara un estudio sobre el coste real de la plaza concertada y pública, y que se publicaran los datos. Pero aún no se ha hecho. Nosotros solo reclamamos que la financiación se corresponda con esos gastos reales. Además, no pedimos que esa brecha de recursos se cierre en un año, pero pensamos que se debe ir hacia ese objetivo, y creemos que ha de hacerse progresivamente.

Con frecuencia, se acusa a la concertada –donde la católica es mayoritaria– de “elitismo”, por seleccionar a los mejores alumnos mediante prácticas legales pero injustas. ¿Qué hay de cierto en ello?

“Las familias escogen nuestras escuelas por una diversidad de motivos: calidad académica, valores, educación religiosa…”

— Sobre este tema existen muchos tópicos, que no ayudan al debate y confunden a la opinión pública. Hace dos años encargamos un estudio a la Universidad de Comillas para que analizara el perfil de nuestros alumnos, y el resultado fue que el nivel socioeconómico y el perfil ideológico de las familias que eligen nuestros colegios se correspondía más o menos con el de la sociedad española en general: en proporción de hogares monoparentales, ingresos familiares, padres con bajo nivel de estudios, activismo social e identificación con una postura de izquierdas, etc.

Por otro lado, cabe recordar que, aunque nosotros intentemos hacer más para atraer a todo tipo de familias, hay importantes barreras económicas que no dependen de nosotros. Una familia con pocos recursos que sepa que en la educación pública el transporte y el comedor están subvencionados por el Estado, y en la concertada no, ya va a sentirse inclinada por la primera opción. Tampoco depende de nosotros el factor de la zonificación, muy relevante, ya que la proximidad del centro es muy valorada por los padres.


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