¿Por qué pena de muerte no y suicidio asistido sí?

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Kevin Yuill resume en un artículo para Spiked por qué considera que la postura más progresista frente al suicidio asistido es oponerse a él. Sus argumentos están ampliamente expuestos en su libro Assisted Suicide: The Humanist, Liberal Case against Legalisation, de 2013.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 85/14

Para Yuill, los detractores de la pena de muerte deberían oponerse también al suicidio asistido, pues existen muchas similitudes entre ambos. En el artículo va saliendo al paso de las posibles diferencias que justificarían esta práctica y no aquella.

La más obvia es la voluntariedad: el condenado a muerte es ejecutado contra su voluntad, cosa que no ocurre con el suicida. Sin embargo, explica Yuill, hay que ser coherentes con lo que entendemos por “decisión propia”. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha señalado varias veces que, a pesar de que aproximadamente un 10% de los condenados a muerte en Estados Unidos renuncian a su derecho a apelar, ninguna ejecución puede calificarse como voluntaria. En cambio, la revista de esta asociación no ha tenido inconveniente en incluir un folleto de propaganda de Dignity in Dying, una asociación proeutanasia. ¿No es también coercitiva –se pregunta Yuill– la presión sufrida por los enfermos terminales, que a la sensación de irreversibilidad unen la de ir perdiendo autonomía y ser una carga para sus cuidadores?

Otro argumento para defender el suicidio asistido y no la pena de muerte es el dolor insoportable del enfermo terminal. Sin embargo, aparte de que los cuidados paliativos –como han repetido los especialistas– pueden reducirlo o incluso eliminarlo en la gran mayoría de los casos, Yuill recuerda que el dolor no está siquiera entre los cinco motivos más frecuentemente aducidos por los pacientes que solicitan ayuda para morir. Cuando se han recogido las razones de los candidatos (por ejemplo, en encuestas abiertas a respuestas múltiples en los estados de Oregón y Washington, donde la práctica es legal), las más citadas han sido la “pérdida de autonomía”, la “decreciente capacidad para participar en actividades que hacen la vida agradable” y la “pérdida de dignidad”.

Precisamente esto último constituye otro de los argumentos más utilizados en la defensa de la eutanasia. Sin embargo, como explica Yuill, valorar la dignidad de una vida resulta problemático: desde un punto de vista objetivo, ¿resulta más valiosa la de un preso en el corredor de la muerte por violación de menores o asesinato que la de un enfermo terminal? Y si el criterio es la valoración subjetiva de la dignidad propia, ¿es coherente matar a un paciente que considere que su vida no tiene valor y también a un condenado a la pena capital que piense que la suya sí? Si se entiende que la vida del preso, incluso cuando él o ella no lo entienda, “merece la pena”, lo mismo debe aplicarse a la del enfermo.

En cuanto a la justificación “democrática” del suicidio asistido (el argumento de que la mayoría defiende su legalización), Yuill responde que lo mismo ocurre, y con unos márgenes parecidos, con la pena capital (en Reino unido, un 60% apoya que se reinstaure). Además, un asunto de este calibre no debería decidirse por números: los que critican la pena de muerte lo hacen independientemente del apoyo de su causa entre la opinión pública; lo mismo pasa con los que se oponen a la eutanasia.

En cuanto al respeto a la autonomía del paciente, Yuill recuerda que la decisión final sobre si este es ayudado a suicidarse está en manos de personas distintas al candidato (según el país, la toman dos o tres médicos, y en algunos casos se requiere la anuencia de un juez). Las vidas de los condenados a muerte –señala el autor del artículo– cuentan con más mecanismos de protección que la del enfermo: en Estados Unidos se requiere la conformidad de un jurado de 12 personas, y existen varias posibilidades de apelar. Además, el tiempo medio desde la sentencia a la ejecución es de 16,5 años. Según el proyecto de suicidio asistido que se está debatiendo en Reino Unido, “la sentencia la da una persona (el paciente), la firman dos (los médicos) y puede ejecutarse en dos semanas”.

La conclusión del artículo es que en el fondo de toda la argumentación proeutanasia, y también en los motivos aducidos por los candidatos al suicidio asistido, se encuentran razones más personales que otra cosa, lo que recomienda un enfoque igualmente personal (centrado en las necesidades específicas del paciente, también las espirituales o sociales) y no legal. Esa es la manera de garantizar verdaderamente la autonomía, libertad y dignidad del enfermo.


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