Nunca en los últimos treinta años la desigualdad de ingresos ha sido tan grande en los países de la OCDE. No es extraño que esta cuestión se haya convertido en un tema central en el debate político. La creciente desigualdad empieza a verse no solo como un problema de justicia, sino también como un freno al crecimiento económico. Pero según sea el diagnóstico sobre la desigualdad, también variarán los remedios que se proponen.
A grandes rasgos, el debate está dividido entre quienes creen que la desigualdad es un síntoma de una serie de problemas económicos y sociales –desde la pobreza a la falta de empleo y de instituciones democráticas estables–, y quienes la ven como un problema en sí mismo.
Lógicamente, las terapias que proponen unos y otros son distintas. Quienes dicen que el problema de fondo es la pobreza, se centran en medidas destinadas a crear riqueza. Pero quienes creen que la desigualdad no es menos problemática que la escasez, abogan por la redistribución de la renta, a través de impuestos, subvenciones, prestaciones sociales y medidas contra la evasión fiscal.
Instituciones contra la escasez
A la primera postura se apunta John H. Cochrane, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago e investigador de la Hoover Institution. “¿Qué importa que haya personas más ricas que otras, si estas también se enriquecen? ¿El problema no sería más bien que todos nos empobreciéramos por igual? ¿No sería más lógico cambiar las políticas y resolver los problemas que impiden ganar más?”, se pregunta en un artículo para The Wall Street Journal.
Al igual que otros liberales clásicos, Cochrane sostiene que el verdadero problema es la escasez de los que no tienen, y no el reparto desigual de la abundancia. Bajo esta perspectiva se entiende por qué confía tanto en el crecimiento económico: si el conjunto de la sociedad progresa y aumenta la riqueza media, cada vez menos gente será pobre. Como suele decirse, una marea alta levanta todos los barcos.
“El objetivo debería ser la prosperidad”, dice Cochrane. “Y los secretos de la prosperidad son sencillos y clásicos: derechos de propiedad, Estado de derecho, libertad económica y política. Un gobierno limitado que provea de instituciones competentes. Ni la fiscalidad confiscatoria ni el amplio control gubernamental de los ingresos están en la lista”.
También Samuel Gregg, director de investigación del Acton Institute, vincula el nivel de progreso de un país a la estabilidad política. “Aumentar el acceso a los beneficios del crecimiento económico y mantener la prosperidad tiene menos que ver con la redistribución de la riqueza que con el marco institucional de un país”, escribe en Public Discourse.
Y pone como ejemplo las diferentes trayectorias que han seguido Australia y Argentina a lo largo del siglo XX.
A principios de siglo, ambos “figuraban entre los diez países más ricos en términos de renta per cápita. Hoy, uno de ellos sigue siendo próspero, política y legalmente estable, y tiene, según el Índice 2014 de Libertad Económica, la tercera economía más libre del mundo. El otro es sinónimo de deterioro económico, corporativismo, populismo y corrupción”.
Para estos autores, resulta exagerado decir que la desigualdad es la gran barrera en la lucha contra la pobreza. E insisten en que para reducir la brecha entre ricos y pobres no basta con centrarse en las diferencias de ingresos. Lo que de verdad puede ayudar a que los más pobres mejoren su situación es incentivar que acaben sus estudios, crezcan en un ambiente familiar estable y encuentren empleo (cfr. Aceprensa, 14-01-2014).
Una crisis desigual
Pero otros objetan que la desigualdad se ha convertido en una rémora para el crecimiento económico. Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado un documento de trabajo de la OCDE recién publicado, Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth (1)
En la mayoría de países de la OCDE, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado hasta el nivel más alto de los últimos 30 años. Hoy día, los ingresos del 10% de la población más rica en el conjunto de la OCDE son 9,5 veces superiores a los del 10% más pobre, mientras que en los años 80 eran 7 veces mayores.
También en España la desigualdad ha crecido mucho durante la crisis económica: en 2011, el 10% con mayores ingresos tenía una renta 13,8 veces superior a la del 10% más pobre, cuando en 2007 era 8,4 veces.
Pero España no es el único país de la OCDE que destaca por su inequidad en términos de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre. Peor que España están Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel y Reino Unido. También están por debajo de la media de la OCDE –con un nivel de desigualdad muy parecido al de España– Portugal, Japón, Grecia, Australia, Italia o Francia, entre otros.
Atajar la creciente desigualdad puede ser también un modo de favorecer el crecimiento
El reparto y el tamaño de la tarta
Los efectos de esta brecha creciente entre ricos y pobres afecta no solo al reparto de la tarta, sino también a su tamaño. Para analizar el impacto que tiene la desigualdad en el crecimiento económico a largo plazo, el informe de la OCDE se fija en los datos correspondientes a dos décadas (1985-2005).
A diferencia de lo ocurrido durante la crisis económica, en ese período España sí logró reducir la brecha entre ricos y pobres, lo que coincidió con un aumento de su PIB. Lo mismo ocurrió en Francia e Irlanda.
En cambio, este informe estima que las desigualdades en México y Nueva Zelanda se tradujeron en una pérdida acumulada de 10 puntos de crecimiento durante esas dos décadas; casi 9 puntos en Reino Unido, Finlandia y Noruega; y de 6 a 7 puntos en Estados Unidos, Italia y Suecia. Pero no queda claro en el informe cuánto hay de causalidad, cuánto de correlación y cuánto de coincidencia en el tiempo.
Estas estimaciones llevan a la OCDE a concluir que “la desigualdad de ingresos tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento posterior”. Ahora bien, el informe matiza que “no hay indicios de que perjudique al crecimiento el que los de mayor renta [es decir, el 10% más rico] se separen de los demás”, pues “lo más importante es la brecha entre los hogares de bajos ingresos y el resto de la población”.
De ahí que el informe recomiende prestar atención al 40% de la población con menos ingresos, y no solo al 10% más pobre. Las políticas redistributivas son importantes para garantizar que los beneficios del crecimiento económico llegan a una “clase media más vulnerable”.
Según este análisis, las políticas de redistribución que hacen a las sociedades más justas, pueden hacerlas también más ricas. Pero lo importante es saber acertar para que estas medidas estén bien centradas y sean eficaces, y no malgasten los recursos. La educación aparece aquí como un factor decisivo, ya que las desigualdades de renta comprometen las posibilidades de instrucción de las poblaciones más desfavorecidas.
¿Ricos a costa de los pobres?
Otros insisten en que la mayor desigualdad se corresponde con una menor cohesión social, lo cual vendría avalado por los desórdenes y la violencia que de cuando en cuando estallan en los barrios deprimidos de las sociedades ricas.
Más arraigada es la creencia de que la desigualdad es un problema ligado a la fiscalidad injusta. Aquí el problema es que los ricos lo son “de manera inmerecida” porque “no se persiguen suficientemente los millones que evaden” o porque “se legisla a su favor”, con exenciones fiscales y otras “figuras legales que permiten a los ricos pagar menos proporcionalmente que el común de los ciudadanos”, asegura Ricardo Magán, responsable del Área de Campañas y Activismo de Oxfam Intermón.
Detrás de esta sospecha está la idea que seguramente ha marcado más el debate sobre la desigualdad: que los ricos aumentan su ventaja a costa de los pobres. La idea viene de Marx y ha sido actualizada por el economista francés Thomas Picketty en su libro El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica de España, 2014).
Según explica el filósofo Roger Scruton en un artículo publicado en Forbes, Piketty basa sus tesis en dos premisas: una a priori y otra empírica. “La primera –sintetiza Scruton– es la conocida ley según la cual la tasa de rendimiento [r] del capital tiende a superar a la tasa de crecimiento [g] de la economía, porque si no fuera así, no habría motivos para invertir”.
La segunda, basada en el análisis detallado de declaraciones de impuestos y otros datos, es que “el crecimiento de los ingresos entre los asalariados en tiempos recientes ha sido notablemente menor que el crecimiento de los rendimientos de los inversores”. De modo que la famosa ley r>g sería para Picketty una verdad empírica, que pinta un futuro con desigualdades cada vez mayores.
El capital del Estado
Pero a Picketty se le podría objetar que la tasa efectiva de impuestos no se ve solo en lo que pone la declaración de la renta. En EE.UU., por ejemplo, los dividendos por los que tributan los accionistas provienen de unos beneficios empresariales que ya han sido gravados al 35%. Si se cuentan todos los impuestos federales y la redistribución a las personas de menos renta, resulta que los más ricos soportan tipos medios más altos (cfr. Aceprensa, 7-03-2012).
Otra idea polémica que está detrás de este debate es que la desigualdad económica se acaba convirtiendo en desigualdad de poder. Como decía Picketty en una entrevista para eldiario.es, “una desigualdad muy fuerte puede conducir a la captura de las instituciones democráticas por parte de una pequeña élite que no va necesariamente a invertir en la sociedad pensando en el conjunto de la población”.
El remedio que propone Picketty para mitigar esas diferencias es cobrar más a los ricos, mediante un impuesto progresivo que podría alcanzar hasta el 80% para las rentas más altas. Aquí la presunción es que si el Estado se hace cargo de la riqueza, podrá redistribuirla en términos más equitativos.
Pero, como dice Scruton, no hay garantías de que la riqueza confiscada a los ricos no vaya a ser usada con fines políticos. “En vez de convertirla en bienes y servicios de acuerdo con los deseos de los ciudadanos libremente asociados, podría retenerse en forma de poder político: el poder de los políticos socialistas y de sus asesores sobre el de la gente a la que gravan impuestos. En esta sociedad de confiscación masiva habría tanta acumulación [de riqueza] como en la vieja economía de mercado”.
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Notas
(1) Cingano, F. (2014) “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, nº 163. OECD Publishing.