La financiación del aborto con fondos públicos sigue siendo uno de los puntos más controvertidos de la reforma sanitaria que impulsa Obama. En su discurso ante el Congreso el pasado día 9, el presidente volvió a asegurar: “En nuestra reforma no se usarán fondos federales para financiar el aborto”. Pero en el amplio movimiento pro vida muchos piensan que hay trampa. Todo depende de lo que se entienda por “fondos federales”.
Según la enmienda Hyde de 1976, no se puede utilizar fondos públicos federales para financiar abortos en los principales programas públicos de salud (Medicaid y Medicare) excepto en los casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Fuera de estos casos, que constituyen apenas un 1% del total, se prohíbe la financiación federal para el aborto o para cualquier paquete de prestaciones sanitarias que incluya el aborto.
¿Cambia esto con la reforma sanitaria? La reforma incluye la creación -discutida- de un seguro público, que garantizaría asistencia sanitaria en competencia con los seguros privados. En el caso del aborto, este seguro cubriría los excepcionales casos de aborto admitidos en la enmienda Hyde; pero en la legislación propuesta también se prevé que podría cubrir todo tipo de abortos si la Administración así lo decide. Los seguros privados subsidiados con dinero público para trabajadores de renta baja también podrían cubrir todos los abortos, como de hecho ya sucede hoy en la mayoría de ellos.
Según una enmienda adoptada en el comité que debate la ley, los abortos del “seguro público” se financiarían, no con fondos federales, sino con dinero pagado por los asegurados en forma de una prima especial. Pero el dinero recogido por el gobierno y pagado a proveedores de abortos, o a seguros privados que cubren el aborto, ¿son fondos públicos federales o no? Los contrarios a financiar el aborto dicen que sí; los partidarios del derecho al aborto dicen que no.
Obama mantiene que las restricciones actuales en el uso de financiación federal para el aborto seguirán en pie. Pero, en la práctica, el dinero público y el privado para el seguro público irán a la misma bolsa, y no es fácil separar lo que sirve para financiar un tipo de intervención.
En su discurso Obama se comprometió también a mantener las leyes federales que protegen la objeción de conciencia.
Piden que se refleje en la legislación
Portavoces de la Conferencia de Obispos Católicos han tenido una reacción positiva ante el discurso de Obama. Richard Doerflinger, director asociado de actividades pro-vida de la Conferencia, ha comentado: “De manera especial apreciamos el compromiso por parte del presidente de excluir el uso de fondos federales para el aborto, y de mantener las leyes federales existentes que protegen la libertad de conciencia en el ejercicio de la atención médica”.
“Colaboraremos con el Congreso y la Administración para asegurar que estas protecciones queden claramente reflejadas en una nueva legislación, para que a nadie se le obligue a pagar o participar en el aborto como resultado de la reforma del sistema de atención médica”, añadió Doerflinger.
No es este el único punto que preocupa a los obispos, que desde el principio han estado a favor de que nadie quede sin atención médica por falta de seguro sanitario. Kathy Salie, directora de Desarrollo Social Nacional de la Conferencia Episcopal, reconoce: “Estamos de acuerdo en que nadie debería ir a la quiebra simplemente por caer enfermo. Esta es la razón por la cual los obispos han estado trabajando durante décadas para lograr una atención médica digna para todos”.
El destino de la reforma sigue aún en el alero. Pero la resistencia del movimiento pro vida a la financiación del aborto ha obligado ya a Obama a dar marcha atrás en promesas hechas a los partidarios del derecho al aborto, con tal de aumentar los apoyos a la reforma sanitaria.