El Gobierno y el PSOE proponen reforzar la política familiar
Los dos principales partidos políticos españoles compiten por presentarse como el más amigo de la familia. En marzo, el PSOE publicó un documento con propuestas para reforzar la política familiar. El mes siguiente, el Gobierno del PP respondió con un proyecto de reforma fiscal pensado para rebajar los impuestos a los hogares que tienen a cargo hijos pequeños o parientes mayores. Esto parece abrir un nuevo horizonte en la protección de la familia en España. Para comprobarlo, hemos pedido opinión a cuatro expertos. Subrayan el nuevo aire pro familia que se advierte en los dos partidos -sobre todo en el PSOE-, quizá alentado por la caída de la natalidad. Pero también señalan que las propuestas inclinan la política familiar hacia la política asistencial, que no es lo mismo.
El pasado 20 de marzo, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el documento Políticas para el bienestar de las familias, que pretende ser uno de los ejes de su programa electoral (ver cuadro 1). La respuesta del gobierno del PP llegó veinte días después. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ampliará las actuales deducciones por hijos (ver cuadro 2). En realidad, la política del Gobierno es mucho más amplia, y figura en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, aprobado el pasado año; pero está todavía por desarrollar en su mayor parte.
Los socialistas prometen 6.000 millones de euros en cinco años para favorecer la natalidad, aliviar el peso que soportan las familias españolas por el cuidado de niños y mayores, y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Montoro responde que para llevar a cabo lo que proponen haría falta una cantidad cuatro veces superior. Entre las medidas incluidas en el plan socialista se incluye tanto que los colegios abran 12 horas todos los días durante 11 meses al año como ayudas por el nacimiento del segundo y siguientes hijos.
El plan del PSOE (se puede leerlo íntegro en www.psoe.es) se propone mejorar la situación de las familias españolas mediante un aumento de las ayudas (directas y fiscales) y de la red de servicios sociales para la atención de niños, mayores y personas discapacitadas. La media de ayudas por familia en la Unión Europea (UE) es de 6.010 euros anuales (un 2,2% del PIB en total), frente a los 1.202 euros que perciben en España (0,4% del PIB).
Los socialistas redescubren la familia
El plan del PSOE es una grata sorpresa para los expertos que hemos consultado. «Supone un salto cualitativo -afirma Eduardo Hertfelder, secretario general del Instituto de Política Familiar (IPF)- en el tratamiento de la institución familiar por parte del PSOE, que no sólo no creía en la familia, sino que, además, la consideraba como escuela de desigualdades sociales y origen de la opresión de sus componentes». También nota el cambio José Ramón Losana, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas: «Parece que los socialistas estén redescubriendo la familia, porque su discurso actual tiene poco que ver con la actuación política de la que fueron responsables durante doce años de gobierno».
Por eso, Lluís Flaquer, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Las políticas familiares en una perspectiva comparada (ver servicio 9/01), apunta: «Resultaría deseable que el PSOE aclarara su cambio de actitud con respecto a la política familiar y especificara mejor cuáles son los objetivos que persigue. ¿Por qué durante muchos años el PSOE estuvo en contra de las transferencias monetarias a las familias, calificándolas de conservadoras, y ahora las defiende?». En todo caso, dice Flaquer de la iniciativa socialista: «En su conjunto, creo que es viable y que debe valorarse positivamente».
Por su parte, Francisco Cañal, profesor de Derecho Financiero y Tributario, y autor de Las rentas familiares en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, subraya una característica del plan del PSOE: «Abarca los diversos aspectos que presentan los principales problemas de la familia actual: aumento de cargas económicas y dificultad para conciliar vida laboral y familiar; problemas que son a su vez causa de baja natalidad, dificultades para la educación y asistencia a las personas, etc.».
Sin embargo, otra cosa es que la hacienda pública pueda financiar esas medidas. De ahí que Cañal eche en falta un importante detalle en el plan socialista: «Se debería justificar claramente cómo se incorporarán estas partidas a los Presupuestos Generales del Estado y qué incidencia tendrían en el déficit público, actualmente limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, a su vez, por los criterios de convergencia y estabilidad de la Unión Europea».
Tres capítulos de política familiar
Para valorar más precisamente la iniciativa socialista resulta necesario compararla con la situación actual, primero, y con las propuestas de los rivales políticos, en segundo lugar. El Prof. Cañal indica que, por un lado, hay que tener en cuenta las exigencias de la justicia económica. Las familias, dice este jurista, soportan aún gran parte de las cargas económicas que suponen el matrimonio y los hijos, mientras que aportan, también en gran parte, los recursos que recauda el Estado para atender las necesidades sociales. De modo que, para empezar, se ha de reconocer la carga económica que asume la familia. Esto «puede traducirse en una doble consecuencia: la nueva socialización de cargas familiares, principalmente mediante la aportación de recursos a las familias con dichas cargas, y en segundo lugar, la minoración de los impuestos en función de las cargas económicas soportadas por la familia y que disminuyen la efectiva capacidad contributiva de las personas» (1).
Por otro lado, «el Estado social debe también permitir la libre realización de las personas, y no cabe por tanto desestimar que las actuales dificultades económicas y laborales para tener hijos provocan que la natalidad real sea inferior a la deseada por los mismos padres, como dicen las encuestas».
Así pues, la protección a la familia incluye tres capítulos: prestaciones o subsidios directos, compensaciones indirectas mediante rebajas de impuestos y facilitar que los matrimonios tengan hijos. De estos aspectos, el primero es seguramente el núcleo imprescindible de toda política familiar; el segundo es un complemento de política fiscal; el tercero podría llamarse «política natalista».
Pocas diferencias
Por lo que respecta al primer capítulo, la actual política española de protección a la familia resulta muy insuficiente. La prestación por hijo a cargo es mínima: 291 euros al año, y sólo para familias con ingresos totales inferiores 7.440 euros anuales (las cantidades son mayores si el hijo es minusválido). El PSOE propone subirla a 1.202 euros, y además dar una prestación económica por nacimiento de un hijo: 3.005 euros por el segundo y el doble por el tercero y siguientes. Se trata de una «importante novedad» -dice el Prof. Cañal-, a la vista de las ayudas vigentes, pues supone socializar en mayor parte la indudable carga económica que crea el nacimiento de nuevos hijos.
Por su parte, el Gobierno promete, en la reforma del IRPF, subvenciones a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, mediante la reducción de 100 euros mensuales en la cuota del impuesto. Esta medida, observa Cañal, «podría calificarse de discriminatoria por darse sólo a madres trabajadoras, o de insuficiente, por no cubrir el coste de las guarderías a las que estas madres deben acudir».
¿Cuál de las dos soluciones es mejor? Por lo que respecta a la cuantía de la prestación, la diferencia es prácticamente nula (1.202 euros anuales o 100 euros mensuales, que suman 1.200 en un año). Y en cuanto a los requisitos para recibirla, Hertfelder subraya que son demasiado restrictivos en los dos casos. Casi el 90% de las familias -calcula- no tendrían derecho a la prestación que propone el PSOE, ya que el límite de ingresos es muy bajo: 9.015 euros. Y «la paga mensual de 100 euros a la madre trabajadora y con hijos menores de 3 años, contenida en la reforma del IRPF, afectará al 5% de las familias con hijos (unas 400.000)».
De todas formas, Cañal considera que el proyecto del Gobierno «palía un problema real de carga económica que estas madres generalmente soportan (no la madre trabajadora que deja a sus hijos con los abuelos) y que a veces también impide el acceso de la mujer al trabajo. Además, las dificultades para la procreación no son hoy sólo económicas, sino de incompatibilidad con la vida laboral».
Prestaciones frente a ventajas fiscales
Pero si se contempla el plan del Gobierno y el del PSOE desde el punto de vista general de la política familiar, el Prof. Cañal considera superior al socialista. Por ahora, el Gobierno anuncia sólo rebajas de impuestos, en forma de reducciones de la base del IRPF. Esto responde no a la socialización de las cargas familiares, sino a la minoración del impuesto, en razón de la menor capacidad contributiva de las familias (segundo capítulo de la política familiar). Pues bien, señala este profesor: «Las deducciones impositivas presentan una clara desventaja frente a la socialización de la carga: sólo pueden ser aprovechadas por quienes sean contribuyentes en el impuesto y resultan indiferentes para quienes no lleguen a alcanzar un determinado nivel de rentas. En este punto se puede considerar más completa la fórmula socialista, pues la ayuda directa va destinada a todas las personas con hijos».
El PSOE propone también algunas ventajas fiscales para las familias: una nueva deducción de 2.404 euros en la base del IRPF, de la que se beneficiarían las familias con cinco o más hijos, e incluir las desgravaciones por hijo en la cuota, en vez de en la base. A propósito de esto, comenta Losana: «Es muchísimo mejor, en materia fiscal, actuar en la base que no en la cuota, porque las deducciones en la cuota son para incentivar cosas, y aquí no hay que incentivar que las personas tengan hijos: hay que respetar su libertad. Reduciendo la base, una vez deducido el mínimo vital y familiar [exento de impuestos], el resto es lo que debe estar sujeto a la redistribución de la renta, pero no antes». En definitiva, «lo que hay que hacer es actualizar el mínimo vital y familiar, que está congelado desde 1999, para que sea real».
Por otra parte, Flaquer aporta esta observación, aplicable a los dos planes: «No está claro cómo se coordinarán las prestaciones por hijo a cargo y las desgravaciones fiscales. ¿Van a continuar en una situación de desventaja los perceptores de subsidios familiares de la Seguridad Social con respecto a los beneficiarios de las deducciones fiscales?».
Política familiar, no asistencial
Por lo visto hasta ahora, las medidas propuestas por uno y otro partido coinciden en un rasgo fundamental: no son universales. No lo son las prestaciones directas porque están sujetas a límites de renta o la existencia de necesidades especiales (como las de las madres que trabajan fuera del hogar). Tampoco lo son las desgravaciones fiscales, por las razones expresadas arriba. Esto, según Hertfelder, revela la confusión entre política familiar (dirigida a todas las familias, por la función social que cumplen) y política asistencial de familia (destinada a las familias con dificultades). «Ello está originando un carácter marcadamente asistencial en las medidas económicas más importantes (prestaciones sociales por hijo a cargo, políticas de vivienda, etc.)».
Pero la política familiar no es asistencia social. No se trata con ella de corregir desigualdades, para lo que se precisan otras medidas -de redistribución-, sino de cuidar la base del tejido social. Pues las familias aportan lo que primero necesita la sociedad: ciudadanos, y son las que primero llevan la carga de prepararlos para que contribuyan al bien común. Por eso sostiene Losana: «Creo que el término ayuda a la familia es injusto e inadecuado. Las familias son la primera expresión de solidaridad y merecen la máxima valoración social por parte de las instituciones públicas».
¿La política familiar debe ser natalista?
Con esta perspectiva, se comprende que facilitar a la gente embarcarse en la aventura de engendrar y educar hijos (tercer aspecto de la política familiar) no puede reducirse a dar compensaciones económicas. Señala el Prof. Flaquer: «Si lo que se pretende es el fomento de la natalidad, es necesario no sólo mejorar las medidas de apoyo a las familias, sino reformar muchos otros aspectos de la políticas sociales, como la discriminación que experimentan los jóvenes en el mercado de trabajo o la falta de viviendas de alquiler social». De ahí que este sociólogo elogie en particular una de las medidas para conciliar trabajo y familia incluidas en el plan del PSOE: «Estimo que es excelente la idea de establecer un permiso de paternidad de cuatro semanas de uso exclusivo para el padre, en línea con la pauta marcada por los países nórdicos».
También Hertfelder pide más a los partidos: no simplemente más dinero, sino un compromiso más claro a favor de la familia. De otro modo, lo que se hace abriendo el monedero puede acabar desecho, en buena parte, con lo que se promueve en otros terrenos. A título de ejemplo, el secretario general del IPF cita algunas iniciativas de poderes públicos que meten bajo la rúbrica de «familia» a las parejas homosexuales, como han hecho las comunidades autónomas de Valencia y Madrid, gobernadas por el PP. El documento presentado por el PSOE incurre en lo mismo. Y, por su lado, el Plan Integral de Apoyo a la Familia aprobado por el Gobierno omite definir la realidad que se propone apoyar. Pero si en el concepto de «familia» entra todo, el objetivo de la política familiar queda desvaído y pueden aparecer consecuencias no deseadas (en Gran Bretaña es más rentable ser madre soltera que tener marido). Así, Hertfelder reprocha a los proyectos de los partidos y de las administraciones públicas «la pretensión de crear un ambiente favorable a las familias sólo en el plano económico, olvidando los planos educativo, cultural y de los medios de comunicación».
No sólo dinero, pues, es lo que hace falta, si se quiere estimular la natalidad. Pero Losana niega la premisa. «La reforma fiscal y las medidas de apoyo a la familia propuestas tanto por el Gobierno como por el PSOE se encaminan fundamentalmente a incentivar la natalidad. Nosotros no reclamamos una política natalista, sino que en España, cada familia pueda tener el número de hijos que desee. No se consigue nada con incentivar con 100 euros a las madres que tengan niños menores de 3 años. Y después de los 3 años, ¿qué ocurre? Lo importante es centrarnos en favorecer a las familias que ya son numerosas. En el resto de los países de la UE, las prestaciones universales que se dan por hijo a cargo no están sujetas ni siquiera al nivel de renta, porque allí se valora positivamente el capital humano, porque hace falta que haya gente joven, porque los jóvenes son los que tiran del desarrollo económico y social de cualquier país».
Con todo, los expertos perciben un nuevo clima favorable a la familia entre los responsables políticos. Losana lamenta sólo que este asunto sea motivo de rivalidad electoral: «Me parece tremendo que cualquier iniciativa que presente uno u otro se descalifique de raíz. Por eso, abogo por un pacto de Estado. El tema de la familia no puede estar sujeto a ideologías o a los caprichos de los políticos. La familia no es de derechas ni de izquierdas: la familia es un problema de Estado».
_________________________________________________(1) Se puede ver también el artículo del Prof. Cañal Impuestos justos para las familias (suplemento 1/98, 1-VII-1998).