Niños en el banquillo

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Una consecuencia de considerar "autónomos" a los niños es exigirles responsabilidades penales de modo semejante a los adultos, tendencia en boga en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En estos casos no influye la Convención de los Derechos del Niño, sino más bien el ambiente político y popular con respecto a la delincuencia juvenil, así como algunas peculiaridades de los sistemas jurídicos de ambos países. Pero la dureza que últimamente se emplea allí contra los menores acusados de delitos es una muestra de lo que supone que el Derecho penal para los niños sea más sancionador que protector.

Eso precisamente reprocha a Gran Bretaña la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Bulger. En este caso, que tuvo una gran repercusión pública, fueron condenados dos niños de 10 años que en 1993 torturaron y asesinaron en Liverpool a otro niño, Jamie Bulger, de dos años. Los jueces de Estrasburgo censuran dos aspectos del proceso por el que se condenó a los culpables. Primero, que se les aplicara las normas procesales de Derecho común, previstas para los adultos, lo que se hizo porque en Gran Bretaña la mayoría de edad penal se alcanza a los 10 años. Entre otras cosas, el fallo señala que "las formalidades y terminología propias de los tribunales para mayores de edad tuvieron que resultar [a los acusados] abrumadoras e incomprensibles".

En segundo lugar, la sentencia critica que se juzgara a los niños en sesión pública, contra lo que exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (art. 6.1). La vista, dicen los jueces de Estrasburgo, debería haber sido a puerta cerrada, a fin de "reducir lo más posible la intimidación y la inhibición de unos niños acusados de una infracción grave de la que se hicieron considerable eco los medios de comunicación y el público".

El Tribunal de Derechos Humanos condena también a Gran Bretaña por otro motivo, no relacionado con la protección de los menores. En este caso, se impuso a los reos, en primera instancia, una pena de ocho años de reclusión; la Corte Suprema la aumentó luego a diez años; y el entonces ministro del Interior, en uso de una prerrogativa prevista por la ley británica, añadió cinco años más. Para el Tribunal de Estrasburgo, es "inadmisible" que un miembro del gobierno, "y no un jurista imparcial", pueda elevar las penas impuestas por un juez.

El Tribunal europeo otorga indemnizaciones económicas a los niños acusados, pero no anula la condena ni obliga a repetir el juicio. Sin embargo, el fallo exige reformar las leyes penales británicas relativas a menores, cosa que en cualquier caso el Reino Unido tenía ya que hacer para adaptar su legislación al Convenio Europeo de Derechos Humanos el año próximo, según el compromiso adquirido por el gobierno (Gran Bretaña se adhirió al Convenio en 1953, pero no lo incorporó a la legislación nacional). El gobierno aún no ha decidido si elevará la mayoría de edad penal o solo establecerá procesos especiales para los menores.

En Estados Unidos, la moda, muy popular, es tratar a los menores como adultos cuando cometen crímenes como los adultos. Desde 1992, 45 de los 50 Estados de la Unión han cambiado sus leyes para permitir juzgar a menores del mismo modo que a los mayores, e imponerles las mismas penas. La medida no es automática, sino que depende de que lo pida el fiscal, que suele hacerlo en casos de delitos especialmente graves o sonados. En cuanto a los castigos, 24 Estados permiten que se aplique la pena de muerte a menores de edad.

El público pide más dureza

La tendencia es fuerte. Este año se ha juzgado en Michigan al reo común más joven de la historia del país: un muchacho de 13 años que tenía 11 años cuando cometió el crimen del que se le acusa, un homicidio. La vista fue retransmitida en directo por Court-TV, cadena de televisión por cable especializada en juicios.

La ironía es que esto sucede cuando la delincuencia juvenil está bajando. El número de homicidios cometidos por menores ha descendido un 44% desde 1993, sobre todo -según diversos analistas- porque ahora las leyes ponen más difícil que los chicos consigan armas de fuego. La tasa general de delincuencia juvenil también ha bajado, si bien no tanto. Pero sucesos de los últimos años, como las matanzas a tiros en escuelas, causan la impresión contraria en el público, que pide más dureza. Los contrarios a la tendencia reinante subrayan además que los menores juzgados por el procedimiento común presentan una tasa de reincidencia mucho mayor, según un estudio del Justice Policy Institute.

Resulta también paradójico, dicen los críticos, que la tendencia a juzgar a los menores como a los adultos coincida con otra que también quiere meter en cintura a los chicos pero aplicando, de hecho, principios contrarios. Por un lado, se considera a los menores plenamente responsables de sus actos, para procesarlos sin trato especial. Por otro, se pide responsabilidades a los padres por los delitos de sus hijos. Por ejemplo, varias ciudades donde rige el toque de queda para los menores imponen sanciones a los padres de los infractores que cometen alguna falta. Los padres de los alumnos muertos en el tiroteo de la Columbine High School se han querellado contra los padres de los autores, que se suicidaron, en demanda de indemnización.

Aceprensa

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