México secuestrado

Compromisos del gobierno, tras la masiva protesta ciudadana contra la situación de inseguridad

Página 1

México D.F. Cientos de miles de mexicanos se manifestaron el pasado 30 de agosto para protestar y exigir al gobierno mexicano que acabe con el creciente clima de inseguridad e impunidad que ha azotado al país en los últimos meses.

El secuestro del joven Fernando Martí, hijo de un conocido empresario, asesinado a pesar de haber pagado la suma negociada, tuvo eco en los medios, lo suficiente para convocar a más de 10 ONGs a organizar una marcha en distintas ciudades del país, lo cual derivó en un “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”. Entre sus reclamaciones se encuentra la depuración de las instituciones de seguridad y la creación de un organismo ciudadano que vigile el cumplimiento de dicho acuerdo.

El 27 de junio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, tuvo lugar una marcha similar para protestar contra la ola de secuestros en la capital del país, de la cual se siguieron algunos acuerdos con las autoridades para prevenir este tipo de delitos. Sin embargo, ninguno de los 10 puntos solicitados a las autoridades en aquella marcha se ha cumplido en su totalidad.

Ahora la situación ha empeorado. Las víctimas de los secuestros no son solo familias ricas. La población de clase media se ve amenazada por el llamado “secuestro exprés”, por el que piden cantidades moderadas de dinero, y en plazos de pocos días. Este tipo de delito se ha disparado y rara vez es denunciado. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), estima que en México se cometen 6.500 secuestros anualmente, lo que equivale a más de 17 casos diarios. Las ejecuciones violentas han ido en aumento y el involucramiento de policías en los crímenes sigue siendo una nota habitual.

Cuando la policía no funciona

Aunque las autoridades ofrecen informes en los que la cifra de delitos ha bajado o se ha mantenido, la sensación de inseguridad va en aumento. Según el ICESI, la población que dice sentirse insegura ha subido de un 44% en el 2002, a un 71% en el 2008.

Entre las causas, se encuentra una desconfianza cada vez más acentuada en la policía y en las instituciones encargadas de la seguridad a nivel estatal y nacional. Cada mes salen a la luz en los medios de comunicación nexos entre funcionarios, policías e incluso servidores públicos vinculados con el narcotráfico o los secuestros. El mismo presidente Calderón reconoció públicamente esta realidad. Otra manifestación de la desconfianza en la autoridad lo revela la falta de denuncias por parte de la ciudadanía.

La situación de la policía es precaria. Un policía gana en promedio nueve mil pesos al mes, algo así como 850 dólares. Se estima que solo la mitad terminó la educación secundaria y el 10% ni siquiera la instrucción primaria.

Además, muchos de ellos no cuentan con apoyo para la seguridad de sus familias ni para su instrucción profesional. En una entrevista de la revista IndigoMedia, un ex policía judicial relata que los criminales detenidos suelen amenazar con ir a por las familias de los policías involucrados. Además, tienen que costearse las municiones que usen para prácticas en el campo de tiro, lo cual lleva a muchos a estar poco capacitados ante una situación de riesgo.

En el norte del país hubo un escándalo cuando los “zetas”, brazo armado del cártel narcotraficante del Golfo, colocaron pancartas en las calles para reclutar policías y militares en sus filas, ofreciendo “buen sueldo, comida y atenciones para tu familia”.

En los inicios de su mandato, el presidente Calderón anunció como prioridades de su gobierno la seguridad, el empleo y la lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora ha habido avances como decomisos importantes de droga y capturas de líderes de cárteles y bandas locales, pero también los números de asesinatos van en aumento.

El gobierno cambió su discurso. En un inicio, decían que el clima de violencia era fruto del combate al narcotráfico, de que los asesinatos eran de las mismas bandas que se mataban entre sí. Pero Calderón aceptó el mes pasado que el clima de violencia e inseguridad “es una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos”.

El factor de la pobreza

México es un país con altos índices de pobreza, que es el problema de fondo de la inseguridad.

Los programas de Calderón, “presidente del empleo”, no han dado los resultados esperados. El programa del “Primer Empleo”, que otorgaba exenciones ante el Seguro Social por la contratación de trabajadores por primera vez, fue desechado ya del presupuesto nacional este año por su poco aprovechamiento. Por otra parte, el Servicio Nacional de Empleo hasta ahora solamente ha podido colocar a 360.000 trabajadores, lo que representa un tercio de las solicitudes que ha tenido.

Sin embargo, actualmente sigue habiendo al menos un 45% de la población en situación de pobreza, además de una marcada diferencia de desarrollo entre diversas clases de la población. La distribución de la riqueza sigue siendo una materia pendiente y reto clave de las estrategias gubernamentales de desarrollo. Según el Banco Mundial, la economía informal y la barrera de acceso al empleo hacen que la inserción de los pobres en el mercado laboral pueda ser peor que hace 15 años.
“Si no pueden, renuncien”

Hay acuerdo en que la solución al problema de la inseguridad requiere un involucramiento activo de la sociedad, sobre todo en la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades. Así invita el reclamo que Alejandro Martí, padre del niño asesinado, dirigió a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad: “Señores, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción”.

El gobierno ha establecido 74 compromisos, entre los que se encuentran la depuración de los órganos de seguridad y justicia, evaluación de niveles de confianza del personal de instituciones gubernamentales, y la creación de un observatorio ciudadano: una entidad independiente del gobierno que evalúe a los organismos públicos encargados de la seguridad. Hasta ahora dicho Consejo ha presentado una iniciativa de ley para aumentar la pena por el delito de secuestro a cadena perpetua, pero solo si se trata de menores de edad.

Para evitar que dichos acuerdos queden en el olvido como en el 2004, diversas organizaciones ciudadanas e incluso universidades públicas y privadas se comprometieron a dar revisión periódica a los compromisos derivados del Acuerdo.Por otra parte, las organizaciones civiles, como “México Unido Contra la Delincuencia” y el ICESI, siguen promoviendo entre los ciudadanos hábitos y prácticas preventivas para evitar ser víctimas de delincuentes.


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