La matanza del 8 de enero en Tucson (Arizona), con seis muertos y catorce heridos, ha provocado un debate en Estados Unidos en torno a la influencia que haya tenido el ambiente de ira, crispación y radicalismo introducido en la política por el Tea Party. Crispación habrá, pero sobre todo hay armas, subrayan algunos comentaristas.
Albert R. Hunt, de Bloomberg News, cree que el extremismo y la retórica incendiaria pueden haber tenido que ver con la matanza. Aún no se conoce el móvil del agresor, Jared Loughner, que no ha querido declarar; pero cabe suponerle alguna intención política, pues su objetivo era la representante demócrata Gabrielle Giffords, que resultó gravemente herida. Loughner pudo estar influido por la oposición radical a la víctima y otros políticos de la misma tendencia combatidos por el Tea Party. La circunscripción de Giffords es una de las que aparecía marcada con la cruz de una mira en la web de Sarah Palin.
Según Hunt, “sería una injusticia atroz culpar al movimiento Tea Party o a los conservadores de derechas”: “la gran mayoría de ellos, incluidos líderes como Sarah Palin o el rival republicano de Giffords en las elecciones de noviembre pasado -que la invitó a una excursión para practicar el tiro con fusiles M-16- son ciudadanos patriotas que no recurren a la violencia”. Mas, por otra parte, “no es irrazonable preguntarse si pasa algo en mentes desequilibradas cuando Palin difunde un mapa [el mencionado arriba] con veinte demócratas que se presentan a la reelección y a los que habría que derrotar”.
De todas formas, entre el ambiente de radicalismo político y el homicidio media, entre otras cosas, una arma mortífera. Y en Estados Unidos, señala Hunt, hay cerca de 300 millones de armas, de las que casi 100 millones están en manos de particulares. Es el mayor arsenal privado del mundo. “No es extraño que Estados Unidos tenga también la tasa de homicidios con armas de fuego más alta de los países desarrollados: casi 3,5 por cien mil habitantes”.
Venta casi libre
Las armas son fáciles de obtener en Estados Unidos. La usada en Tucson es una pistola semiautomática GLOCK 19 con un cargador de capacidad extra, para 33 cartuchos. Cuesta unos 500 dólares, y Loughner la compró en una tienda de deportes, sin que fuera impedimento su historial de problemas psíquicos, por los que fue expulsado del college, ni haber sido detenido en una ocasión por tráfico de drogas.
Comprobar los antecedentes de quien quiere comprar una arma ya no es obligatorio en todo Estados Unidos ni siempre se cumple donde lo es. Y Hunt no espera que los asesinatos de Tucson sirvan para que se endurezcan los controles, a la vista de la historia reciente. Una conmoción similar a la de ahora llevó al Congreso a aprobar la ley Brady, así llamada en honor del ayudante de Ronald Reagan que quedó inválido en el atentado al presidente en 1981, obra de un perturbado. Tras una campaña de doce años, la ley Brady ordenó la comprobación previa antes de vender una arma. Pero en 1997, a raíz de un recurso promovido por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el Tribunal Supremo anuló el requisito, por considerar que el Congreso no tenía autoridad para imponerlo a los estados.
Desde entonces, la venta de armas está sujeta a regulaciones más o menos rigurosas en las distintas jurisdicciones. Arizona es una de las más laxas. “La misma Giffords, una política moderada que gozaba de reconocimiento -recuerda Hunt-, es defensora del derecho a las armas, como la mayoría de los políticos de Arizona”.
Y en los últimos treinta años, la tendencia ha sido a suavizar la ley, no a endurecerla. “Durante la presidencia de Clinton hubo una prohibición federal de la venta de armas con cargadores de gran capacidad, como la usada por el agresor de Tucson. En el mandato de George W. Bush se dejó que expirara esa medida”. Y recientemente, los tribunales, en especial el Supremo (cfr. segundo artículo relacionado), han puesto nuevos obstáculos, probablemente insuperables, a los intentos de controlar más las armas.
Según Hunt, la mayoría de la gente apoya limitar más la venta de armas sin utilidad para la caza, como la pistola usada por Loughner. Pero resulta políticamente imposible por la enérgica oposición de la NRA, que es uno de los lobbies más influyentes del país.
Violencia en la cultura
También Bob Herbert, comentarista del New York Times, subraya la facilidad para adquirir armas. “Sin contar los muertos en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, desde el principio del siglo XXI han sido asesinados más de 150.000 norteamericanos”. A continuación recuerda otras matanzas con armas de fuego perpetradas antes de la reciente en Tucson. Y concluye: “Si de verdad quisiéramos detener la mortandad, tendríamos que hacer dos cosas”. La primera es “restringir drásticamente las posibilidades de conseguir armas”. La segunda es “empeñarse en cambiar esta cultura que glorifica y adopta la violencia como espectáculo, y la considera una respuesta adecuada y eficaz contra lo que nos molesta”.
David Brooks, también del New York Times, considera muy graves e infundadas las acusaciones a Palin y otros políticos de haber incitado a la agresión. “La conexión entre retórica política y la violencia real es extremadamente incierta”. Más bien habría que plantearse lo siguiente: “¿Cómo podemos hacer más para tratar a enfermos mentales que se vuelven peligrosos? ¿Cómo podemos impedir que obtengan armas? ¿Haría falta que las autoridades tuvieran más poder para ordenar el ingreso forzoso en un hospital psiquiátrico?”.