Los profesores peruanos tendrán que demostrar que valen

Pese a la oposición sindical, se aprueba una ley que prevé una evaluación obligatoria con la pérdida del empleo para el que no la supere

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Lima. El Parlamento peruano ha aprobado y el presidente Alan García ha promulgado la nueva ley de la carrera pública magisterial, a la que el sindicato de profesores se opone frontalmente. El principal motivo es que se obliga a los docentes de las escuelas públicas a someterse a un examen de suficiencia, con el riesgo de perder el empleo si no lo superan.

Desde que se anunció el proyecto de esta ley, el SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana) inició una serie de movilizaciones que se han radicalizado desde principios de julio con un paro indefinido, diversas manifestaciones, actos violentos en diferentes lugares del país y hasta el secuestro del gobernador de Huanta. Todo esto se corresponde con la larga trayectoria de intransigencia y radicalismo que distingue al SUTEP.

El SUTEP es resultado de la fusión, en los años setenta, de un sindicato marxista y otro aprista (la APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, es el partido de Alan García). A la larga, la tendencia marxista ha primado sobre la aprista. Actualmente agrupa a unos 300.000 profesores. Esta cohesión responde a los bajos sueldos que los profesores han tenido desde siempre, pero particularmente a raíz de la crisis fiscal durante el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990), en la que los ingresos de los peruanos se fueron al suelo.

En los comienzos del primer gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-1995), el SUTEP sufrió una gran derrota, con el fracaso de una huelga de siete meses. El paro terminó cuando los profesores se dieron cuenta de que el gobierno no iba a ceder ni siquiera al precio de hacer perder un año de estudios a más de seis millones y medio de escolares. Luego, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo permanecieron ordinariamente calmados a causa de un aumento salarial del 88%.

Evaluación periódica

En la campaña electoral de 2006 hubo consenso entre los principales grupos políticos en aprobar una nueva ley de carrera pública magisterial, entre otras cosas para obligar a los maestros a someterse a evaluaciones periódicas. El motivo era la ínfima preparación demostrada por los profesores en las mediciones, hechas por organismos internacionales, del rendimiento de las escuelas públicas peruanas.

En diciembre de 2006 el ministro de Educación del nuevo gobierno de García anunció que todos los profesores deberían someterse a un examen de suficiencia. Los líderes del SUTEP conminaron a sus sindicados a boicotear la medida no presentándose al examen. Sin embargo, cuatro de cada cinco profesores lo realizaron, y el resultado fue que casi la mitad fueron incapaces de resolver problemas matemáticos elementales y un tercio suspendieron la prueba de comprensión lectora.

Durante el primer año del segundo gobierno del presidente Alan García se han tomado varias medidas para mejorar el servicio educativo, como aprobar un programa para erradicar el analfabetismo o incrementar en una hora diaria las clases en las escuelas públicas. Sin embargo, solamente al final de este primer año, tras las negociaciones parlamentarias entre gobierno y oposición, se ha logrado aprobar la nueva ley de carrera pública magisterial, con la evaluación periódica obligatoria. De otra parte, esa norma estimula a los profesores más preparados para ascensos en su carrera y les ofrece una subida muy considerable de sus sueldos.

El punto básico que cuestiona el SUTEP es la disposición de que después de tres exámenes, y dos cursos de actualización de conocimientos, si el profesor no ha logrado alcanzar el mínimo necesario para seguir en la carrera magisterial, será separado del servicio. En paralelo, cuestiona el SUTEP que el gobierno haya declarado el servicio educativo como un servicio esencial y, por lo tanto, sus derechos sindicales, como el de huelga, quedan sustancialmente recortados por no decir suprimidos. Meses antes, el gobierno tomó otras medidas similares, como reducir el número, excesivamente grande, de representantes sindicales liberados.

César Hildebrandt, uno de los periodistas más críticos de la oposición, ha escrito en el diario La Primera que la desconfianza de los maestros no está tanto en la evaluación en sí misma sino en el temor de que la APRA la utilice como mecanismo para tomar el poder sindical del SUTEP y eliminar a los dirigentes que se han opuesto a las medidas del gobierno. Hildebrandt propone que la evaluación la haga un organismo independiente. Unidad Nacional, de la candidata Lourdes Flores Nano, había propuesto una Superintendencia Nacional de Educación, pero el gobierno ha preferido un mecanismo de tipo corporativo, aprobado por ley en el mandato de Toledo y reglamentado en estos días por el Ministerio de Educación.

El 12 de julio la policía detuvo a 81 dirigentes gremiales del magisterio, acusándolos de alterar el orden público, delito que tiene una pena que va de los tres a los seis años, según los casos.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, han propuesto al SUTEP dialogar para solucionar el conflicto, previa suspensión de la huelga indefinida, para devolver a las aulas escolares, y a la población en general, la tranquilidad indispensable para seguir trabajando en la apremiante tarea de elevar el nivel del servicio educativo público del país.


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