Ante los abusos sexuales a menores denunciados en escuelas públicas de Chicago (Illinois), la columnista Kristen McQueary, del consejo editorial del Chicago Tribune, recomienda a las autoridades civiles que aprendan de la determinación con que la archidiócesis de la misma ciudad lidió con su propia crisis hace ya varias décadas.
Hace un año, el Chicago Tribune contribuyó a sacar a la luz un escándalo, que McQueary resume en las siguientes cifras: “La policía investigó 523 denuncias relativas a niños que fueron agredidos o abusados sexualmente dentro de los colegios públicos de la ciudad entre 2008 y 2017; una media de uno a la semana. Más de 500 casos, ocultos bajo un velo de secreto”.
La columnista critica la falta de transparencia del anterior alcalde y de las autoridades educativas, reacias durante meses a facilitar información oficial al diario. Los periodistas del Tribune tuvieron que recabar datos por su cuenta de la policía, los juzgados y otras fuentes. Y, cuando por fin contaron con la colaboración del ayuntamiento, la información era demasiado vaga.
A esta praxis, McQueary contrapone la de la archidiócesis de Chicago cuando tomó conciencia del problema, hace más de 25 años. “Por muy repudiable que fuera el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia católica, la archidiócesis aplicó un protocolo para lidiar con la crisis, y lo ha reforzado repetidas veces, desde principios de los años 90”.
Entre otras medidas, menciona la obligación de comprobar los antecedentes de todos aquellos que trabajen con niños (sacerdotes, voluntarios, entrenadores…); la exigencia de que estas personas hagan un curso de sensibilización para prevenir y detectar posibles casos de abusos; por su parte, a los alumnos de los colegios católicos se les enseña a informar sobre posibles comportamientos inapropiados.
McQueary también elogia la decisión de la archidiócesis de publicar los nombres de los sacerdotes sobre los que hay acusaciones corroboradas de abuso, “incluso sin una condena penal”, algo discutido en otras diócesis. Y apoya igualmente la determinación con que la Iglesia se ha decidido a apartar a esos sacerdotes del ministerio con niños y a denunciar los nuevos casos a la fiscalía.
Pese a tener esta experiencia a la vista, McQueary critica que las escuelas públicas de Chicago no hayan exigido la comprobación de antecedentes de profesores y el resto del personal hasta fechas recientes. Y lamenta que la nueva ley que exigirá más transparencia a los colegios en casos de abusos (pendiente de firma por el gobernador de Illinois, JB Pritzker) no contemple hacer públicos los nombres de los educadores sancionados por el Estado.
Ante el “encubrimiento de décadas” por parte del ayuntamiento y las autoridades educativas, McQueary les pide “que aprendan de la archidiócesis de Chicago. La transparencia total y la rendición de cuentas es el único camino a seguir”.