Por mayoría del 76%, los electores de Liechtenstein han votado a favor de que el príncipe conserve su derecho de veto sobre los referendos nacionales. Curiosamente, lo han decidido en un referéndum, celebrado el 1 de julio, que empezó a promoverse hace unos meses, con motivo de un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. El príncipe anunció que vetaría la ley, aunque al final no tuvo necesidad de hacerlo (ver artículos relacionados).
Aunque el proyecto de despenalización no consiguió el año pasado ser aprobado en el parlamento (solo 7 de los 42 diputados votaron a favor), el movimiento abortista reunió las firmas necesarias para realizar una consulta popular directa sobre la ley del aborto. Fue en ese momento cuando Alois von Liechtenstein, príncipe heredero y regente del principado, manifestó su intención de hacer uso de su derecho de veto sobre las consultas populares en el caso de que la despenalización saliera adelante.
Finalmente, los ciudadanos del pequeño principado centroeuropeo, donde un 90% de la población se declara católica, rechazaron la legalización del aborto. Entonces, los partidarios del aborto promovieron otra consulta con el fin de derogar la prerrogativa del monarca sobre el resultado de los referendos.
Muchos han querido ver esta última consulta como un plebiscito sobre la monarquía, que cuenta también con el derecho de veto sobre los proyectos de ley que promueve el parlamento. De hecho, en 2003 se aprobó una reforma que fortalecía el poder del soberano y que contó también con el apoyo mayoritario de la población.