Tras una década de desarrollo y altas expectativas, las perspectivas para los próximos cinco años rebajan el crecimiento económico de Latinoamérica al 3,3%. Sin embargo, se aprecian marcadas diferencias según qué país se estudie. El informe explica la gran influencia de factores extranjeros, como la desaceleración de la economía de los países más industrializados (especialmente China), o la depreciación de ciertas materias primas de las que los países latinoamericanos son grandes exportadores.
No obstante, las diferencias en cuanto a la perspectiva de crecimiento también son achacables a factores internos. Los autores del informe han comparado cuatro: la vulnerabilidad del sistema bancario (el número de préstamos en riesgo de no ser devueltos y cómo se verían afectados los bancos en los peores escenarios); la liquidez internacional (acceso a los mercados financieros fuera del país); previsiones sobre el comportamiento de la inflación hasta 2018; deuda pública (con respecto al PIB).
Tomando en conjunto los cuatro indicadores, se aprecian tres grupos de países. Perú, Colombia y Chile –por ese orden– obtienen las previsiones más favorables, por su acceso a los mercados financieros internacionales y su estabilidad económica interna; Argentina y Venezuela se encuentran en el extremo opuesto: en Argentina falla sobre todo la capacidad de obtener financiación extranjera, mientras que los principales problemas en Venezuela son la inflación y la elevada deuda pública. Esta es también la mayor preocupación para Brasil, que se encuentra en una posición intermedia por su relativamente buena posición en los mercados financieros internacionales.
Según los autores, cada grupo se enfrenta a retos diferentes. Para los primeros, se trata de estabilizar en tiempos de menor crecimiento sus por ahora fuertes fundamentos macroeconómicos. Los segundos deben centrarse en aprobar medidas que atajen la inflación o la deuda pública, lo que aumentará su credibilidad para conseguir financiación externa. Brasil hará bien en diseñar políticas para incrementar la productividad laboral y atajar el gasto público.