Las escuelas privadas francesas podrán recibir fondos públicos para inversiones

La izquierda se moviliza contra la nueva ley

Página 1

Una ley aprobada en el Parlamento francés el 14 de diciembre permitirá que los municipios y regiones financien las inversiones de las escuelas privadas, igual que ya lo hacen con las públicas. El nuevo sistema reforma la llamada Ley Falloux de 1850, que limitaba esas ayudas al 10% de las inversiones. Este cambio satisface una vieja reivindicación de la enseñanza privada y ha provocado la hostilidad de la oposición socialista.

La nueva ley permite que las colectividades territoriales (municipios, departamentos, regiones) den estas ayudas, pero no les obliga a hacerlo. Los beneficiarios serán los colegios privados que han suscrito un contrato de asociación con el Estado. En estos centros el Estado cubre ya los gastos de funcionamiento, con una suma por alumno correspondiente al coste de un puesto escolar en la enseñanza pública. A cambio, los centros privados se comprometen a adecuar sus programas y horarios a los de la enseñanza pública, si bien se respeta el "carácter propio" de cada centro.

A partir de ahora, podrán recibir también fondos públicos de las colectividades territoriales como ayuda para inversiones (sobre todo, construcción o reparación de inmuebles). La reforma establece que la ayuda de estos organismos no debe exceder un importe proporcional -según el número de alumnos- al que dedican a las inversiones en la enseñanza pública.

La enseñanza privada bajo contrato -fundamentalmente de titularidad católica- acoge hoy a 2 millones de alumnos, el 17% del total. Pero interesa a muchas más familias, ya que un alumno de cada tres pasa parte de su escolaridad en la enseñanza privada.

Las colectividades locales dedicaron, en 1991, unos 25.000 millones de francos a financiar inversiones escolares públicas. Habida cuenta de su proporción del alumnado, las escuelas privadas podrían pedir anualmente una cifra de unos 4.000 millones por este concepto.

La necesidad de renovar muchos edificios escolares privados parece clara. Cuando se empezó a debatir la ley, el gobierno encargó a una comisión de estudio, dirigida por un personaje neutral -Georges Vedel, antiguo miembro del Consejo Constitucional- un informe sobre el estado de las construcciones escolares y sobre cómo se aplicaba la ley Falloux. El informe Vedel ha dictaminado que más de la mitad de los centros privados necesitan reformas para responder a las normas de seguridad, con un coste estimado entre 3.800 y 5.500 millones de francos. También reconoce que ya actualmente las colectividades locales conceden ayudas con este fin -a veces, más allá de los límites legales-, lo cual es un "reflejo de las incoherencias y las incertidumbres de la ley".

La reforma acabará con las incertidumbres, pero no es seguro que garantice la paz escolar. El gobierno ha logrado aprobar la ley en una maniobra parlamentaria a paso de carga, sin dar lugar apenas a un debate que amenazaba con eternizarse. Después ha llegado el turno de la oposición: huelga de los sindicatos de la enseñanza pública, recurso ante el Consejo Constitucional, manifestación nacional a mediados de enero. El presidente Mitterrand ha criticado la acción del gobierno por haber aprobado la ley "sin tiempo para reflexionar" y sin tener en cuenta la opinión de la izquierda en un tema inflamable. Por su parte, el primer ministro Édouard Balladur considera incomprensible que los municipios puedan ayudar económicamente a una asociación cultural o deportiva privada, y no, en cambio, a un centro escolar privado.


Nuestra web utiliza cookies para facilitar el servicio. Si continúa navegando entendemos que las autoriza.