El Gobierno español ha aprobado en el calendario oficial de vacunaciones la recién comercializa vacuna contra el papiloma humano, que es causa necesaria para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Como ya publicó Aceprensa (ver servicio 109/07) no están claras las ventajas y necesidades de una vacunación colectiva que supondría un enorme coste al sistema sanitario. Ahora, un grupo de especialistas en salud pública se ha pronunciado públicamente a favor de retrasar la inclusión de esta vacuna hasta que se discutan los beneficios y la oportunidad de la medida.
Dada la baja prevalencia en España del cáncer de cérvix (7,6 casos por cada 100.000 mujeres, 2.000 nuevos casos diagnosticados al años, 600 muertes anuales) y que el cribado mediante citología podría evitar muchas de esas muertes, estos expertos consideran necesario replantearse la decisión. Hay que tener en cuenta que la vacuna no cubre a las mujeres que ya han iniciado relaciones sexuales, por lo que no es una alternativa a la citología.
En un artículo publicado en El País (6-11-07, ver artículo), Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de Salud Pública en la Universidad de Alicante y director del Journal of Epidemiology and Community Health, habla como portavoz del grupo y expone las razones de su petición. Señala que si la vacuna se aplica a partir del próximo año, solo los costos de compra del producto supondría en torno a 125 millones de euros anuales al Servicio Nacional de salud (SNS).
Álvarez-Dardet considera que “los altísimos costes de la vacunación, atacan a la sostenibilidad financiera no sólo del calendario vacunal español, sino de todo el sistema de servicios de salud publica”. La vacuna ha sido “promocionada ante la opinión pública, los sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres, cuando esto no es cierto. Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe”. Los ensayos no han pasado de seis años, y “dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no vacunadas. En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería ser la conducta lógica”.
Señala Álvarez-Dardet el interés de la industria farmacéutica en crear “un clima de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de que luego, ellos precisamente tenían la solución. (…) La industria farmacéutica -escribe- tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población”. “Con esta cuantiosa inversión, ¿cuántas otras iniciativas en prevención o atención sanitaria se podrían hacer y no se harán? ¿Qué se dejará de hacer de lo que ya se hace, para nivelar los presupuestos?”, se pregunta el catedrático de Salud Pública.
Fuente: El País