Inquieta por la acumulación de escándalos financieros, la Comisión Europea está decidida a reglamentar más estrechamente la labor de las auditorías y las normas de buen gobierno de las empresas, así como a favorecer una mayor transparencia que evite los conflictos de intereses. Administradores, auditores, analistas financieros y hasta periodistas económicos tendrán que ajustarse próximamente a nuevas reglas.
Para marzo se espera que la Comisión Europea desvele sus propuestas destinadas a reforzar las reglas de los auditores contables, que en casos recientes demostraron no haber sabido detectar «agujeros» como el de Parmalat. Bruselas quiere generalizar a todos los países la regla de que un único auditor sea responsable de las cuentas consolidadas de un grupo.
Los miembros del Consejo de Administración tampoco podrán escurrir el bulto. El criterio de la Comisión Europea es que todos los administradores sean colectivamente responsables de las cuentas de la empresa.
El comisario del Mercado Interior, Frits Bolkestein, sugiere también que las operaciones que realicen las empresas en paraísos fiscales figuren en la contabilidad oficial, y que se expliquen las razones de por qué se hacen.
El paquete legislativo que prepara la UE afecta también a los analistas financieros, a fin de evitar los conflictos de intereses y las recomendaciones no fundadas. Los analistas deberán declarar sus intereses financieros, y tendrán que precisar sus fuentes y sus métodos. A petición de las autoridades competentes, deberán poder demostrar «el carácter razonable de toda recomendación».
Prueba de que los analistas están en el punto de mira ha sido la sentencia del Tribunal de Comercio de París que el pasado enero condenó a la banca de negocios Morgan Stanley a pagar 30 millones de euros al grupo Louis Vuitton-Moët Hennesy (LVMH) por haber cometido una «falta grave» a través de la apreciación «sesgada» de su principal analista en el sector del lujo. La sentencia estima que el banco incurrió en responsabilidad al faltar «gravemente y en múltiples ocasiones a sus deberes de independencia», «de imparcialidad y de rigor». El tribunal consideró que «la estructura de Morgan Stanley no tenía una separación estricta entre los servicios de inversión y los servicios de análisis financiero». Esto es lo que en los bancos de negocios se denomina la «muralla china», de modo que los consejos de los analistas a las empresas sean independientes de las inversiones pilotadas por el banco.
Otro campo donde puede darse el conflicto de intereses es en la información de los periodistas financieros, cuando recomiendan la compra o la venta de acciones. Bruselas quiere que declaren sus propios intereses financieros, de modo que el lector pueda identificar posibles conflictos de intereses, y que estén en condiciones de justificar sus recomendaciones al público. Según los términos de la directiva que se prepara, los periodistas financieros estarían sometidos a una regulación asimilada a la de los analistas, a menos que exista un código nacional de buena conducta en la profesión. El Consejo Europeo de Editores ha manifestado la inquietud de los periodistas ante una legislación que puede mermar su libertad en la redacción de los artículos.
La transparencia en las retribuciones de los directivos es otro campo donde hay que avanzar. En España está en fase de consulta una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (órgano regulador de la Bolsa) sobre el buen gobierno de las empresas cotizadas. La CNMV exige que las sociedades cotizadas tengan la obligación de declarar si existen cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o cambios de control a favor de miembros de la alta dirección. Basta una información agregada, sin que haya que especificar el directivo que tiene el blindaje y su cuantía. También habrá que comunicar quién autorizó esas cláusulas: consejo de administración o junta general de accionistas.
En el caso de los miembros del Consejo de Administración, la sociedad deberá comunicar la retribución total que se les haya abonado por sueldos, dietas, atenciones estatutarias y opciones sobre acciones. También tendrán que informar de los créditos o anticipos concedidos a los miembros del Consejo, así como las sumas destinadas a sus fondos de jubilación.