Los suecos han gozado desde hace decenios de un elevado nivel de protección social, financiado gracias al fuerte crecimiento económico y al pleno empleo. Ahora que no existe ni lo uno ni lo otro, el modelo ha entrado en crisis. El 28 de octubre pasado, en Madrid, durante la X Conferencia Internacional de Asociaciones Empresariales Privadas, la doctora Birgitta Swedenborg, directora adjunta de la Asociación de Estudios sobre Industria y Sociedad (Suecia), hizo un diagnóstico del mal y sugirió una terapia. Resumimos su intervención.
Swedenborg empieza recordando el retroceso económico de Suecia a partir de 1970 y la crisis del Estado del bienestar. El país ha pasado de tener una de las rentas por habitante más altas del mundo a ocupar el puesto número 17, por detrás de la mayor parte de Europa occidental.
«¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Ha fracasado el modelo sueco? ¿Qué lecciones pueden extraer otros países con unos Estados del bienestar de gran tamaño y en continuo crecimiento?». A esas preguntas trata de responder un estudio, de próxima aparición, realizado por economistas suecos y estadounidenses -la propia Swedenborg entre ellos-, titulado The Welfare State in Transition (University of Chicago Press).
Los autores reconocen que el modelo sueco ha tenido dos grandes logros: eliminar la pobreza y crear una red de protección social muy desarrollada que proporciona a los ciudadanos seguridad económica «desde la cuna hasta la tumba». Además, el Estado del bienestar sueco se distingue por el objetivo de igualar las rentas. Esto se ha conseguido no sólo mediante impuestos y transferencias, sino también con una estructura salarial igualitaria y una elevada tasa de actividad. Así, pese a que Estados Unidos es más rico que Suecia, los trabajadores suecos con retribuciones más bajas perciben de media un 60% más que los trabajadores norteamericanos peor pagados.
Se puede discutir si esta nivelación de rentas es positiva o negativa desde diversos puntos de vista. En cualquier caso, el estudio llega a dos conclusiones importantes. Primera, «la red de seguridad social sueca está a un nivel tan alto que se podría recortar considerablemente el gasto público sin peligro de provocar grandes desigualdades de renta o la aparición de pobreza real». Segunda, «las ambiciones igualitarias del Estado del bienestar sueco traen consigo unos costes muy altos. Suecia paga un precio elevado por su Estado del bienestar».
Ese precio se compone de costes visibles y directos, y costes indirectos e implícitos. Los primeros son unos impuestos y un déficit presupuestario elevados, necesarios para financiar el gasto público, que equivale al 68% del producto interior bruto (PIB), muy superior a la media de la OCDE (38%).
Estos son los principales costes indirectos: «Los suecos responden a los impuestos y a las prestaciones sociales mediante una especie de reparto del trabajo: todo el mundo trabaja, pero la mayoría trabaja relativamente pocas horas. Han respondido a la generosidad de las prestaciones del seguro de enfermedad con un número de días de baja por enfermedad mayor que en cualquier otro país. Han respondido a la reducción de las diferencias salariales invirtiendo menos en educación: la reducción de los beneficios que aporta la educación se reflejó en la década de los ochenta en una caída del 40% de las matriculaciones en la universidad».
Pero, además, los beneficios que se obtienen con el gasto social no siempre son claros. Sin embargo, las decisiones sobre el gasto público en Suecia -comenta Swedenborg- rara vez tienen en cuenta si los beneficios superan los costes: de ahí que, como dice uno de los autores del estudio, algunos programas de bienestar sean realmente «un lujo caro». Así pues, el Estado del bienestar sueco se enfrenta a dos problemas: el desempleo y el bajo crecimiento económico, que obligarán a recortarlo porque el país no podrá costearlo.
El estudio se pregunta si las políticas de intervención en el mercado de trabajo, por las que se ha distinguido el modelo sueco, podrán resolver el primer problema. La respuesta de los autores es negativa. Primero, el seguro de paro que existe en Suecia, excepcionalmente generoso -con duración indefinida de las prestaciones-, probablemente contribuye a prolongar las situaciones de desempleo. Segundo, las políticas activas de empleo -como los programas de capacitación- son muy costosas, y no se ha podido demostrar que reduzcan el paro. Tercero, el elevado nivel de los salarios mínimos hace muy caro contratar a los trabajadores menos cualificados, incluidos jóvenes e inmigrantes.
En cuanto al crecimiento, el estudio descubre que el propio Estado del bienestar sueco le pone trabas, pues algunas de sus características son perjudiciales para la iniciativa empresarial: discriminan a las empresas de nueva creación, pequeñas y gestionadas por sus propietarios.