Robert B. Reich, ministro de Trabajo de EE.UU., subraya en un artículo publicado en The New York Times (4-I-96) que las empresas se deben a los empleados y a la sociedad entera, y no sólo a los accionistas.
Reich comienza refiriéndose a la decisión anunciada por AT&T, una empresa rentable, de despedir a 40.000 empleados. La reacción inicial de la Bolsa, que ha sido positiva, parece indicar que AT&T ha tomado una medida acertada a los ojos de los inversores. Pero el hecho, señala Reich, «hace dudar de que el sector privado sea capaz de asumir mayores responsabilidades con respecto al bienestar de la sociedad». «Esta es precisamente la cuestión: ¿tienen las empresas alguna obligación que no sea la de buscar la máxima rentabilidad?». Cuando deciden despedir trabajadores, «los directivos alegan, en parte con razón, que no tienen otra opción. Los inversores exigen plantillas cada vez más pequeñas y costos cada vez más bajos. Si con los salarios que se dan no se logran suficientes beneficios, hay que eliminar empleos. Y si toda una región pierde la base de su economía porque la empresa puede aumentar su rentabilidad trasladándose a otro sitio, que la pierda».
Reich sostiene que los directivos no han tenido siempre esa mentalidad. Para probarlo, trae una cita de 1951. Aquel año, el presidente de una importante compañía, Standard Oil, afirmó en un discurso que la misión de los directivos consiste en mantener un justo equilibrio entre los derechos de las diversas partes interesadas: «accionistas, empleados, clientes y público en general».
¿Qué ha cambiado de entonces a hoy? Según Reich, la competencia es mucho más fiera. La desregulación ha hecho a las empresas establecidas vulnerables a la competencia extranjera, y la desaparición de barreras como el acceso preferente a los mercados de capital permite que las empresas se arrebaten clientes con mayor facilidad.
Así, «los inversores tienen cada vez más posibilidades de elegir dónde colocar su dinero, y además disfrutan cada vez de más facilidad para moverlo de un sitio a otro. El capitalismo electrónico ha sustituido al caballeroso sistema de inversiones que otorgaba a los antiguos directivos la facultad de decidir cómo equilibrar los intereses de los accionistas frente a los de los empleados y la sociedad. Ahora, cualquier directivo que vacile en hacer todo lo posible para aumentar al máximo los dividendos de los accionistas, se arriesga a tener problemas».
Además, prosigue Reich, ahora cunde el escepticismo respecto a la intervención del Estado. «En teoría, lo que se pretende con el proyecto de eliminar el déficit público es que el sector privado disponga de más capitales para invertir, lo que se traduciría en más oportunidades y mayores ingresos para todos. Pero, como se ve, no está garantizado que las empresas vayan a dedicar los recursos adicionales a ese fin».
Reich propone establecer incentivos económicos para que las empresas rentables no despidan empleados o los recoloquen en nuevos puestos con salarios similares, para que se preocupen de la formación de sus trabajadores y compartan con ellos los beneficios. «Quizá se debería reservar las ventajas que supone el estatuto de sociedad anónima a las empresas que muestren tener tal sentido de responsabilidad. Otra posibilidad -más realista en estos tiempos- sería reducir o eliminar los impuestos sobre los beneficios a las empresas que actúen así».
Con esas medidas u otras semejantes tal vez se restablecería el equilibrio entre las distintas partes interesadas en la actividad económica. Pero «mientras las empresas sigan preocupándose cada vez más de los dividendos de los accionistas y cada vez menos de mejorar el nivel de vida de sus trabajadores, no es extraño que los índices bursátiles se disparen y al mismo tiempo proliferen las reducciones de plantillas y se congelen los salarios».