La reforma de las pensiones en España

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En España es cada vez más claro que el actual sistema de pensiones es insostenible si no se hacen reformas. Empezó a hacerlas ya el gobierno de Rodríguez Zapatero, con nuevas normas que, a partir de 2013, van elevando la edad de jubilación a 67 años progresivamente hasta el 2027, y que para entonces exigirán al menos 25 años de cotización. Cuando estén completamente asumidas estas normas en 2027, se estima que reducirán el importe de las pensiones al menos en un 5%.

Pero hacen falta otras correcciones. Por eso el gobierno de Mariano Rajoy encargó un informe sobre la reforma del sistema de pensiones a un Comité de Expertos, que lo entregó el pasado junio. El mandato era desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de reparto, de modo que se sostenga por sí mismo, no inventar uno nuevo.

Riesgo demográfico
El Comité ha reconocido que existe un riesgo de desequilibrio. El riesgo más evidente es demográfico, por la prolongación de la esperanza de vida, tendencia en sí misma positiva.

Recuerda que a principios del siglo XX, solo un 35% de cada generación alcanzaba los 65 años; hoy lo hace un 90%. Los que alcanzan esa edad esperan vivir 20 años más. Por otra parte, en las próximas décadas llegarán a la edad de jubilación cohortes de población muy numerosas, nacidas en el baby boom de mediados del siglo XX. Todos estos fenómenos hacen que la población mayor de 65 años suponga ya el 17% del total y se prevé que alcance el 37% a mediados de este siglo. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones en 2052.

“Es evidente, dice el Comité, que este riesgo [demográfico] puede impactar en la línea de flotación del sistema de pensiones públicas. El sistema de pensiones de reparto es muy sensible en última instancia a la tasa de dependencia, es decir, a cuántas personas están cobrando pensiones por cada persona ocupada. Y todo hace pensar que esta tasa de dependencia va a aumentar en las próximas décadas”.

El Comité no hace ninguna reflexión sobre la necesidad de un crecimiento de la natalidad que permita tener más cotizantes en el futuro. Pero advierte que “para que pensionistas y activos puedan sostener niveles de vida adecuados, con pensiones medias en términos reales más elevadas, hace falta que los ingresos del sistema de pensiones crezcan a una tasa superior al número de pensiones”.

En busca de un sistema sostenible
La sostenibilidad del sistema que diseña el Comité se basa en dos factores.

El primero es un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), “que busca que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados, con independencia de la cohorte demográfica a la que pertenezcan, algo que no ocurre en la actualidad”. Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida los nuevos jubilados van a percibir sus pensiones durante un número de años mayor.

Este factor se aplicaría una única vez a los nuevos jubilados (no a los actuales) en el cálculo de su primera pensión. Y tendría el efecto de hacer variar la pensión inicial según la esperanza de vida de cada cohorte.

El segundo es un Factor de Revalorización Anual (FRA) aplicable a todas las pensiones, para que exista una relación entre los ingresos y los gastos del sistema. En síntesis, cuando los gastos crecen más que los ingresos, el FRA frena el crecimiento natural de la pensión; en las situaciones contrarias, lo expande. Gracias a los ajustes anuales automáticos derivados de la aplicación de este factor, se tiende al equilibrio presupuestario a largo plazo.

La diferencia entre ingresos y gastos del sistema reflejará todos los cambios estructurales relevantes que afectan al sistema público de pensiones, tanto los demográficos como los económicos:

• los cambios en la tasa de dependencia, definida como el número de pensiones sobre cotizantes;

• los cambios en la tasa de paro, en la tasa de actividad y en los flujos migratorios que se reflejan en el número de cotizantes;

• los cambios en la productividad que se reflejan en los salarios, que a largo plazo tienden a aumentar a la par que la productividad;

• los cambios en el tipo impositivo de cotización y otros ingresos potenciales del sistema.

El FRA se calcula conforme a una fórmula que tiene en cuenta estos distintos elementos.

Adiós al IPC
Para evitar a los pensionistas sacrificios poco tolerables en las fases bajas de la economía, el FRA no se calcula con cifras de un solo año, sino de un conjunto de años que abarquen la totalidad del ciclo económico, y, en caso de desequilibrio, permite la corrección, no de golpe, sino a lo largo de varios años. El Comité aconseja que esos valores medios se calculen para un periodo no inferior a 11 años y no superior a 13,4.

Con este sistema, las pensiones ya no se revalorizarán automáticamente conforme al índice de precios de consumo (IPC), como ocurría hasta ahora, si bien ya en 2013 el gobierno decidió no aplicar esta revalorización.

Para proteger a quienes la pensión constituye ya su único medio de vida, el Comité recomienda fijar una “clásula suelo” que impida la caída nominal de las pensiones de quienes estén ya jubilados en el momento de aplicar el factor de equidad.


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