Contrapunto
La línea editorial de El País favorece el aborto libre. Sin tener esto en mente, no es fácil entender el sentido e intención de la apostilla con que termina una información publicada el 29-II-96 sobre un próximo juicio en Valencia por abortos ilegales. Los acusados comparecerán ante el juez por una serie de abortos realizados sin los dictámenes que la ley española exige para comprobar que las intervenciones se ajustan a las causas previstas en la despenalización. Uno de ellos, además, realizado en una joven de 16 años, acabó en perforación de útero.
Después de describir los hechos, El País hace una enigmática alusión a una ley que no estaba en vigor cuando se produjeron, ni lo ha estado nunca. El proyecto que incluía el cuarto supuesto (conflicto personal, familiar o social: ver servicio 100/95) de aborto no punible no llegó a ser aprobado, al disolverse las Cortes antes de que terminara el trámite parlamentario. Lo que ocurrió, en parte, por la oposición de varios partidos. El País lo lamenta, por compasión hacia los acusados, a quienes designa en femenino, como si entre ellos no hubiera ningún hombre (hay dos ginecólogos, autores de los abortos). Dice: «La aplicación del proyecto de ley que introduce el cuarto supuesto del aborto hubiera evitado una posible condena de las acusadas».
La frase debió de ser escrita pensando en que el proyecto eximía de responsabilidad penal a la embarazada, aunque el aborto se hiciera sin cumplir los requisitos legales. Pero el proceso de Valencia atañe a unos abortos contrarios a la ley vigente entonces y ahora. Es más: puesto que los dictámenes preceptivos se falsificaron o no se realizaron, los abortos serían también ilegales aunque hubiera estado admitido el cuarto supuesto. Por tanto, el piadoso deseo de que no se condene a las embarazadas se confunde con una condonación de los delitos de los otros implicados.
Como siempre, para justificar el aborto libre se centra la cuestión sólo en las mujeres, evocando las rejas. Así se omite recordar que la permisividad supone absolver también a los cooperadores necesarios, que no son dignos de tanta compasión. Ellos, que no sufren ningún conflicto personal, familiar o social y cobran las facturas, son los principales beneficiarios.
Entonces, ¿a qué interés habría servido no aplicar a esos abortos las normas vigentes? El bien público exige no permitir que las leyes sean violadas impunemente. Así lo recordaban dos recientes editoriales de El País sobre Herri Batasuna, brazo político de ETA, publicados cuando los representantes de la coalición se negaron a reconocer la autoridad de los jueces que los llamaron a declarar. Hubo quienes, alegando razones de oportunidad política, lamentaron que los tribunales, en aplicación de la ley, detuvieran a los desobedientes de HB. Contra tal argumento, El País replicó que «la ley es válida para todos» (editorial del 22-II-96). «Lo que procede es aplicar la legislación vigente a las actuaciones concretas… si su legalidad ofrece dudas», lo que ha de hacerse «con independencia de la opinión que al respecto puedan tener los partidos nacionalistas…», etc. (editorial del 21-II-96). Precisamente eso se pretende en el caso de los abortos practicados en Valencia. También las leyes sobre el aborto son válidas para todos, sin que deban interponerse otros criterios de oportunidad.
Rafael Serrano