Manila. Philip Alston, el relator especial de la ONU venido a Filipinas para investigar las denuncias de asesinatos políticos (ver Aceprensa 21/07), terminó su visita de diez días el pasado 21 de febrero. Los resultados de su investigación coinciden con la conclusión principal de la Comisión Melo: que «hay fundamento suficiente para imputar un número significativo de asesinatos» a las fuerzas armadas o elementos aislados de ellas. Los militares siempre han negado las acusaciones y atribuyen los crímenes a «purgas» dentro del Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo. Pero, según Alston, «las pruebas aportadas por los militares en apoyo de esa teoría no son convincentes».
El gobierno de la presidenta Arroyo no hizo público el informe de la Comisión Melo sobre los asesinatos de periodistas y activistas políticos hasta el 22 de febrero, tres semanas después de que le fuera entregado y al día siguiente de las declaraciones de Alston sobre los resultados de su investigación. El gobierno no dio a conocer el documento inmediatamente porque estaba «incompleto», dijo. Pero Alston replicó que no porque los activistas de izquierda hubieran rehusado testificar ante la Comisión tenía el informe carácter preliminar o provisional, y que no había razón que justificara retenerlo. De hecho, la prolongada negativa del gobierno a hacerlo público fue desacreditando la confianza que la presidenta Arroyo había ganado al ordenar una investigación independiente.
Además, Alston declaró que «el gobierno, con la ayuda indisimulada y entusiasta del ejército», había hecho todo lo posible por impedir a los grupos izquierdistas actuar libremente, eliminando las organizaciones de tendencia comunista. Aunque era un plan fundamentalmente no violento, en algunos casos «derivó a decisiones de ejecutar de modo clandestino a algunos contra los que no se podía actuar judicialmente». Alston dijo también que el aumento de asesinatos de ese tipo en los últimos años podría deberse en parte al cambio de estrategia en la política de lucha contra los insurgentes, por lo que instó al gobierno a revisarla.
«Filipinas sigue siendo un ejemplo para todos por haber puesto fin de modo pacífico al estado de excepción mediante una revolución popular, y por haber aprobado una Constitución que es muestra de un sólido compromiso de asegurar el respeto de los derechos humanos», dijo Alston en su declaración pública. A la vez, señaló que las medidas tomadas por la presidenta Arroyo a raíz del informe Melo solo eran unos primeros pasos importantes, pero aún «queda muchísimo por hacer». Entre otras tareas pendientes, Alston citó la de restablecer los procedimientos, previstos en la Constitución filipina, para que los poderes públicos respondan de sus actuaciones; reforzar el programa de testigos protegidos, y persuadir a los militares para que reconozcan los hechos e investiguen los asesinatos. El relator estima que su informe estará concluido dentro de tres meses.
Meldy Pelejo