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La invalidez laboral, una epidemia en Holanda

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Amsterdam. Holanda es el quinto país del mundo en esperanza de vida. Sin embargo, más del 11% de la población activa sufre de incapacidad laboral permanente, situación que permite cobrar un 80% del último sueldo. Para averiguar a qué se debe esta epidemia, la mitad de los trabajadores «inválidos» serán sometidos a partir del 1 de julio a exámenes médicos con criterios más rigurosos que hasta ahora.

Esta medida es una de las fases de la nueva ley que entrará totalmente en vigor en el año 2006. Aquellos que no puedan trabajar por lo menos en los cinco próximos años cobrarán el 75% de su último sueldo. Quienes no puedan trabajar parcial o temporalmente recibirán sólo una prestación complementaria. En el chequeo, que llevarán a cabo un médico de seguros y un experto en temas laborales, se buscan tres posibles tipos de trabajo que la persona podría realizar con su hándicap. Se prevé que unos 100.000 inválidos perderán su prestación total. Y serían más si no fuera porque la Asociación de Expertos Laborales ha conseguido que algunos grupos sean eximidos del examen médico y que se reduzca el rigor de éste.

La ley de incapacidad laboral data de 1967. Era entonces una de las medidas que hacían de la Seguridad Social holandesa un sistema casi utópico, envidiable para muchos países. La facilidad de los trámites hizo que muchas empresas que tenían empleados de edad avanzada y querían reducir plantilla, recurrieran a la incapacidad laboral en vez de al paro. Por eso la tasa de empleo en el tramo de edad de los 55 a los 64 años se ha reducido al 44,9% en 2004. A pesar de las múltiples medidas que se han ido tomando desde los años noventa, el número de prestaciones por incapacidad laboral no ha bajado. Actualmente hay 779.600 trabajadores acogidos a la incapacidad laboral permanente; y si se suman los autónomos y los minusválidos, rondan el millón.

El gobierno se ha tomado el asunto en serio. «Hay que arrimar el hombro», repite el primer ministro Jan Peter Balkenende, que quiere inculcar el sentido de responsabilidad y hacer todo lo posible para evitar abusos. Ahora también las empresas pueden gestionar la incapacidad laboral en una instancia oficial o elegir un seguro privado. La competencia mostrará si las aseguradoras son más capaces de reintegrar trabajadores al empleo.

Carmen Montón

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