En lugar de entrar al debate de las ideas, el gobierno socialista ha optado por acusar a los obispos de oponerse al aborto “sólo cuando gobierna la izquierda”. Lo que sugiere que los obispos se oponen a la reforma por ser de derechas y partidarios del PP. El PSOE les echa en cara que guardaran silencio sobre el aborto durante los años en que gobernó el Partido Popular (de 1996 a 2004). Así que es obligado echar un vistazo al archivo de la Conferencia episcopal española para comprobar esta acusación.
La Conferencia episcopal publicó seis documentos en contra del aborto mientras gobernaba el PP (cinco en la primera legislatura, y uno en la segunda), frente a los tres que de momento ha sacado en los cinco años y medio que el PSOE lleva en el poder (ninguno en la primera legislatura, y tres en la segunda).
La primera vez que los obispos publicaron un documento en defensa de la vida durante el gobierno del PP fue el 18 de junio de 1998, con ocasión del debate sobre la píldora RU-486. El título de la nota es elocuente: “El aborto con píldora también es un crimen”.
Tras advertir que en la práctica la píldora RU-486 es un “fármaco abortivo”, los obispos instan al gobierno a que “no tome ninguna medida que contribuya todavía más al deterioro del aprecio y respeto a la vida humana que ya padece nuestra sociedad”.
Más adelante, los obispos advierten que “la actual legislación sobre el aborto es injusta porque deja sin la tutela necesaria la vida de los nacidos”. Y concluye: “Estamos convencidos de que la aceptación social del aborto es uno de los mayores signos de inhumanidad y de decadencia moral de nuestra sociedad”.
Tres meses después, la Conferencia episcopal volvió a publicar una nota muy firme: “Licencia aún más amplia para matar a los hijos”. Esta vez se trataba de frenar la aprobación de tres propuestas legislativas (una del PSOE, otra de Izquierda Unida y otra de Nueva Izquierda) que pretendían imponer el aborto libre durante las primeras 12, 14 y 16 semanas de embarazo, respectivamente.
La nota denuncia “con toda energía estas proposiciones vergonzosas que amplían las posibilidades de matar a los hijos que aún no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos”. Los obispos piensan que “la legislación actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situación, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida”.
Antes y ahora
La propuesta a favor del aborto libre no salió adelante. Pero la autorización para distribuir y comercializar la píldora RU-486 motivó cuatro notas más. En la primera de ellas, del 21 de octubre de 1998, los obispos califican la distribución de la píldora en hospitales como “un paso más en la degradación de la conciencia de la dignidad inviolable de la vida humana”.
Además, los obispos piden expresamente la abolición de la ley que despenalizó el aborto en 1985: “Una ley que da licencia para matar en algunos casos a seres humanos inocentes no merece ni siquiera el nombre de ley. Esa ley debe ser abolida, porque pone en peligro los fundamentos mismos del Estado de derecho”.
El 17 de febrero de 2000, la Conferencia episcopal vuelve a mandar un mensaje nítido al gobierno del PP ante la posible comercialización de la píldora: “Esta connivencia de la autoridad con un desorden moral tan grave es legalmente posible porque la actual legislación sobre el aborto lo permite, una legislación que es gravemente injusta y que debe ser abolida”.
Estos ejemplos ponen en evidencia que la Iglesia católica se opone ahora al aborto como se opuso en su día cuando gobernaba el PP. El problema no son los colores políticos de la Conferencia episcopal. El problema es la radicalidad de una reforma cuyo debate se intenta evitar a toda costa.