En EE.UU. se acaba de reformar la legislación sobre los «lobbies». En el Reino Unido, el caso de los préstamos al partido laborista ha puesto sobre la mesa la necesidad de requerir más transparencia en la financiación. Pese a que la mayoría de las legislaciones reconocen tres fuentes de financiación a los partidos (las subvenciones públicas, las donaciones y las cuotas de los afiliados), parece que estas ayudas nunca son suficientes (ver Aceprensa 163/02). Siempre acaban saliendo a la luz casos de financiación ilegal.
En EE.UU. las nuevas medidas, aprobadas por 90 votos frente a 8 en contra en el Senado, obligan a los «lobbies» -cuya actividad es perfectamente admitida- a informar con más detalle de sus relaciones con los congresistas. La reforma anterior, de 1995, tuvo poca eficacia, aunque estableció ya un registro oficial de «lobbies» (ver Aceprensa 161/95).
Con el fin de asegurar la transparencia, ahora los «lobbies» tienen que realizar informes -de acceso público- en los que detallen sus actividades. Se ha previsto que los informes se reúnan en una base de datos que podrá ser consultada a través de Internet.
No ha salido adelante, finalmente, la propuesta de prohibir los viajes financiados por los grupos de presión, pero los congresistas deberán al menos solicitar anticipadamente autorización para realizarlos. La nueva ley, en línea con la anterior, sigue impidiendo a los cargos públicos recibir regalos.
La ley presenta algunas lagunas. No se ha establecido ningún tipo de sanción penal en caso de incumplimiento y las medidas no serán aplicables a casos anteriores. También se ha rechazado la propuesta de un senador republicano, John McCain, de incluir un código ético para la actuación de los grupos de presión.
Algunos, entre ellos el senador mencionado, opinan que la ley no es lo bastante estricta como para controlar la actividad de los «lobbies». Casos como el de Jack Abramoff, miembro de un grupo de presión que ha sido recientemente condenado a prisión, han puesto en duda la honradez de los políticos («International Herald Tribune», 31-03-2006).
Préstamos millonarios en el Reino Unido
Tony Blair ha visto cómo su popularidad ha bajado tras hacerse público que el partido laborista había recibido préstamos de millonarios, que posteriormente recibieron títulos nobiliarios. Aunque Blair no ha violado ninguna norma legal, lo cierto es que estos préstamos han vulnerado el principio de transparencia en la labor pública, según «The Economist» (8-04-2006). De hecho, los prestamistas realizaron los préstamos en términos no comerciales, sin requerir ningún tipo de aval, a bajo interés.
Se está investigando si se ha infringido la ley de 1925 que prohíbe la venta de títulos nobiliarios, ya que se presume que algunos prestamistas han sido propuestos para la Cámara de los Lores como contraprestación. Exista o no corrupción, lo cierto es que la imagen pública de Blair se ha debilitado.
Aunque con menor implicación, el escándalo ha salpicado a los «tories». Si los laboristas recibieron el 75% del dinero de la campaña electoral por préstamos de millonarios, los «tories» cerca del 33%. A comienzos de abril Tony Blair y el líder tory David Cameron comenzaron las negociaciones para una reforma en la ley de financiación de partidos políticos. Se está intentando encontrar una fórmula que permita compensar la prohibición de préstamos.
En el Reino Unido los partidos públicos se financian a través de las ayudas públicas, de las cuotas de los afiliados y de las donaciones. El dinero público que reciben está bastante limitado y depende del número de votos logrados en las últimas elecciones. Por otro lado, allí la afiliación política ha descendido un 85%, de modo que las cantidades por este concepto son cada vez menores.
Las donaciones representan una buena parte del total. Los «tories» reciben principalmente dinero de empresas privadas, pero también en los últimos años son menos los consejos de administración que arriesgan el dinero de sus accionistas con finalidades políticas. Los laboristas han contado tradicionalmente con la ayuda de los sindicatos, pero éstos han perdido desde los años 80 la tercera parte de sus miembros, con lo que sus donaciones también han descendido
Una posible solución sería limitar las donaciones, de tal manera que no pueda presumirse que los donantes compran influencia. Los conservadores son partidarios de esta medida y proponen limitar la cantidad a 50.000 libras, porque cuentan con bastantes afiliados. Sin embargo, sería difícil que los laboristas, demasiado dependientes de los fondos de los sindicatos, apoyaran la propuesta.
Según «The Economist», debería evitarse la compra de títulos honoríficos mediante la creación de una comisión independiente encargada de otorgar los títulos de lord o bien mediante la elección directa y democrática de la Cámara de los Lores.
ACEPRENSA